Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0838/2019-S3 Sucre, 26 de diciembre de 2019
SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de amparo constitucional
Expediente: 29549-2019-60-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 081/2019 de 9 de mayo, cursante de fs. 98 a 102 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Fernando Apala León contra Patricia Wilma Medrano Ávila, Inés Clotilde Tola Fernández y Daniel Juan Huaynoca Villca, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Mediante memoriales presentados el 23 de abril y 2 de mayo de 2019, cursantes de fs. 12 a 21 vta., y 25 a 29 vta., el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Por escritura pública de 18 de septiembre de 2013, Beatriz Colque Copa adquirió de David Adolfo Calle Fernández el inmueble ubicado en urbanización "Oro Negro" signado como lote 8, de la ciudad de El Alto, por lo que el 4 de abril de 2016 suscribió con la mencionada un documento de renovación de anticrético por la suma de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses) procediendo con la inscripción de la "hipoteca" en Derechos Reales (DD.RR.), sin que se presentase restricción alguna a tiempo de inscribir la escritura de anticresis.
Posteriormente, se enteró que Casilda María Calle Fernández, anterior propietaria del bien inmueble en cuestión, fue sometida a un proceso penal por el delito de tráfico de sustancias controladas, en el que se habría impuesto una condena de doce años de presidio, situación que acarreó la confiscación del inmueble dilucidado, emitiéndose el Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2019 a través del cual las autoridades demandadas dispusieron el desalojo, sin que exista de por medio algún tipo de diligencia de notificación en su calidad de anticresista, por lo que en ningún momento tuvo conocimiento de actuado alguno respecto a la afectación del inmueble que posee.
Por lo mencionado, al no haberse interiorizado de los hechos acontecidos dentro del proceso penal señalado ni lo dispuesto posteriormente en relación al desalojo del bien inmueble, se le dejó en indefensión absoluta actuando de forma deliberada y al margen de la ley, desconociendo la existencia de un gravamen de DD.RR., procediendo con malicia y deslealtad.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la legalidad, a la defensa, a la tutela judicial efectiva, a la impugnación, a la propiedad privada y a la "seguridad jurídica", citando al efecto los arts. 9.4, 56.I, 115, 117.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, determinando la nulidad del Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2019 pronunciado por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, disponiendo que se emita otro conforme a los datos del proceso, y se le ponga a derecho a fin de hacer prevalecer sus derechos.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 9 de mayo de 2019, según consta en acta cursante de fs. 91 a 97 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante por medio de su representante ratificó el contenido de la acción de amparo constitucional presentada y ampliándola manifestó que:
- a)Por Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2019, se dispuso el desalojo del inmueble que le fue otorgado en anticresis, sin ningún tipo de diligencias de notificación; por lo que, las autoridades demandadas afectaron sistemáticamente sus derechos ordenando incluso la cancelación de la inscripción del gravamen de DD.RR.; y,
- b)Producto del anticrético entregó $us20 000.-; es decir, el ahorro de toda su vida; sin embargo, no le fueron comunicadas ni siquiera las medidas previas al remate del bien.
Asimismo, ante la pregunta de los Vocales de la Sala Constitucional respecto a que si él vive en el inmueble, respondió que "...Otra persona habita por parte de él" (sic).
I.2.2. Informe de los demandados
Patricia Wilma Medrano Ávila, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 8 de mayo de 2019, cursante de fs. 36 a 41 vta., manifestó que:
- 1)Tras quedar ejecutoriada la sentencia condenatoria de Casilda María Calle Fernández y dispuesta la confiscación del inmueble de referencia, el 27 de enero de 2016, se apersonó Beatriz Colque Copa aduciendo ser propietaria del mencionado bien inmueble, interponiendo incluso recurso de revisión extraordinaria de sentencia, mismo que fue rechazado;
- 2)La aludida propietaria habría adquirido el inmueble después de que la sentencia condenatoria estaría ejecutoriada y no acreditó en el momento procesal oportuno su derecho propietario, por lo que se dio curso a lo establecido por norma respecto a la confiscación emergente de la citada determinación por delitos de narcotráfico;
- 3)"Lo más sorprendente es que la señora Beatriz Colque Copa conocedora de que el inmueble se encontraba CONFISCADO, otorgó en fecha 4 de Abril de 2016 de mala fe en Anticresis el inmueble CONFISCADO al ahora accionante" (sic); y,
- 4)Se dio cumplimiento a las diligencias de notificación del mandamiento de desapoderamiento a las partes del proceso.
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