0838/2022-S1

El accionante a través de su representante sin mandato, se ratificó inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo añadió lo siguiente:

1. a)Marco Antonio Amaru Flores Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz constituido como Juez de garantías, dispuso aplicar en su favor medidas sustitutivas a la detención preventiva;
2. b)La Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, incumplió lo dispuesto por la autoridad tutelar, vulnerando los arts. 23, 173 y 180 de la norma fundamental;
3. c)El ahora impetrante de tutela ya goza de detención domiciliaria; empero, antes de activar el recurso constitucional, la prenombrada incumplió el principio ético moral establecido por el art. 8 de la CPE, atentando el principio de celeridad.

Reina Estela Choque Mendoza, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe escrito cursante de fs. 68 a 69, solicitó se deniegue la tutela en base a los siguientes fundamentos:

1. 1)De la acción de libertad interpuesta por Heradio Mamani Limachi contra Henry David Sánchez Camacho Vocal de Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; admitida la misma se señaló audiencia, donde Marco Antonio Amaru Flores Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido como Juez de garantías concedió tutela, disponiendo las siguientes medidas: Fianza económica de Bs6 000.- (seis mil bolivianos), arraigo y detención domiciliaria sin salida laboral;
2. 2)La suscrita cumplió todas las medidas ordenadas por el Juez de garantías, entregando la boleta de fianza económica, el oficio para migraciones y realizando la verificación del domicilio;
3. 3)En fecha 15 de julio de 2021, a horas 10:09, la defensa del peticionante de tutela presenta memorial haciendo conocer el cumplimiento de las medidas y solicitando se libre "mandamiento de detención domiciliaria", a lo que en el día a horas 14:59, se cumple lo solicitado;
4. 4)A horas 19:00, del referido día, Efraín Canaviri funcionario policial del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en compañía del solicitante de tutela -acusado-, toca la puerta del despacho manifestando que el penal solo atiende hasta horas 16:00, motivo por el cual es dejado para que la suscrita lo traslade personalmente a su residencia a cumplir con su medida de detención domiciliaria.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 093/2021 de 16 de julio cursante de fs. 72 a 74, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El art. 125 de la CPE, establece que los medios de defensa tienen cuatro vertientes para su procedencia; puede ser activada por toda persona que considere que su vida está en peligro, ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad. La Sentencia Constitucional 0011/2010-R de 6 abril señaló: "La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad persona, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE" (sic);
2. ii)En el marco del art. 203 de la Norma Suprema, las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de regir sus decisiones a los entendimientos del Tribunal Constitucional Plurinacional. La SCP 0015/2018 de 28 de febrero reiterada por la SCP 0419/2018-S4, ha desarrollado los entendimiento de improcedencia de las acciones tutelares, sea amparo o acción de libertad, sistematizando dos reglas que deben ser observadas por los jueces y tribunales de garantías constitucionales: "la primera regla es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa el cumplimiento de una acción de defensa o en su caso denunciar su incumplimiento, segunda regla es improcedente a través de otra opción de amparo u otra acción de defensa impugnar o cuestionar total o parcialmente resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento parcial distorsionado o tardío de las resoluciones constitucionales" (sic). En ambos supuestos, conforme establece el art. 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo), las partes aun sin existir pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional, pueden acudir al mismo juez o tribunal que emitió la resolución inicial;
3. iii)El incumplimiento al fallo emitido por un Tribunal de garantías no puede ser reclamada activando otra acción tutelar, y;
4. iv)Ante la desobediencia tardía o distorsionada, se debe acudir en reclamo por ante la autoridad que dictó la resolución de defensa en primera instancia.