0839/2019-S2

Acusó que las autoridades ahora demandadas, al emitir el Auto de Vista SCCI-65/2019 de 20 de febrero -resolviendo la apelación-, confirmaron la determinación de la Jueza a quo con las siguientes observaciones:

1. a)Establecieron a partir de los arts. 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 23 de la Convención Interamericana de derechos Humanos (CIDH) -que a su criterio fueron incorrectamente aplicados- "...la imposibilidad de aplicación del art. 365.III del CPC..." (sic) por considerarlo discriminatorio para una persona de la tercera edad como lo era la demandante Julieta Cabrera de Arancibia quien adolecía de problemas de salud según acreditó el certificado médico; con iguales razonamientos, consideró justificada la inasistencia del codemandante Ludy Arancibia Cabrera;
2. b)Expuso como motivos de su apelación cuatro problemáticas debidamente identificadas; empero, los Vocales ahora demandados, se limitaron a resolver uno de sus reclamos, señalando que "La fundamentación anterior, es aplicable a los demás puntos impugnados..." (sic);
3. c)No existió argumentación alguna respecto a la presentación extemporánea del memorial, que no requería la concurrencia o presencia de las demandantes; más aún cuando Ludy Arancibia Cabrera no tenía ningún impedimento para movilizarse, o en virtud a que su abogado o un tercero podía presentar el justificativo;
4. d)No se consideró que Ludy Arancibia Cabrera, no era de la tercera edad, no contaba con ninguna justificación respecto a su incomparecencia y que el memorial que presentó se encontraba fuera de plazo;
5. e)El precitado art. 23 de la CIDH, se refería al derecho a la propiedad; sin embargo, la demanda se instauró por pago de alquileres e incumplimiento de contrato; por lo que, consideró que existía una errónea aplicación normativa pues no se reclamaba ningún derecho propietario; y,
6. f)Se tomó la edad de Julieta Cabrera de Arancibia para eximir la aplicación del art. 365.III del CPC, en desmedro de la seguridad jurídica, imparcialidad, legalidad e igualdad de las partes.

El abogado de la parte accionante, en audiencia, ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que:

1. 1)El Juez debía ser una persona imparcial y resolver la causa de conformidad a la ley y no guiado por "...el criterio y el capricho de la autoridad que esté administrando justicia..." (sic), además debía dirimir todas y cada una de las pretensiones de las partes sometidas al contradictorio;
2. 2)Se emplearon los principios pro homine y pro actione tomando en cuenta la edad de la demandante Julieta Cabrera de Arancibia; empero, sin hacer cita a norma legal alguna que respalde el "...eximente de la aplicación del art. 365 del CPC";
3. 3)El certificado médico, además de los defectos acusados que no fueron considerados por los Vocales demandados, no detalló si la enfermedad o dolencia que padecía la precitada demandante le impedía acudir a la audiencia;
4. 4)El art. 17 de la DUDH fue simplemente invocado y no interpretado;
5. 5)La edad se encontraba proscrita como causal para conferir privilegios a determinadas personas según el art. 14.2 de la CPE; y,
6. 6)No se privó del ejercicio de ningún derecho a nadie, simplemente correspondía que quien generó su estado de indefensión asuma su responsabilidad.

Ludy Arancibia Cabrera a través de su abogado en audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, señaló que:

1. i)Las autoridades demandadas cumplieron con la fundamentación, motivación y congruencia, resolviendo la impugnación amparados en el principio pro homine, con base en los estándares de protección de conformidad con el principio pacta sunt servanda;
2. ii)De forma previa al pronunciamiento del Auto de Vista, se emitió un Auto Interlocutorio que ya resolvió los cuatro agravios planteados en el recurso de apelación;
3. iii)Toda cuestión accesoria al proceso debía tramitarse en la vía incidental; empero, no se planteó ningún incidente de nulidad o falta de fundamentación contra el ahora observado Auto de Vista; por lo que, el accionante consintió su contenido;
4. iv)La acción tutelar denunció el "...incumplimiento de aplicación objetiva de la Ley..." (sic); en cuya virtud, debieron plantear -a su criterio- una acción de cumplimiento;
5. v)La jurisprudencia invocada por el impetrante de tutela, no se vinculaba a los supuestos de hecho; consecuentemente resultó impertinente e inaplicable al caso de análisis;
6. vi)No se demostró objetivamente la parcialización acusada; sino que, tal acusación devenía de un subjetivismo por parte del demandante de tutela;
7. vii)Resultó irracional solicitar prueba de que estuvo cuidando a su señora madre y que por tal razón no asistió a la audiencia; asimismo, si el accionante evidenció que el certificado médico adolecía de defectos, pudo solicitar que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realice la pertinente verificación, o solicitar un perito para acreditar el impedimento; sin embargo, tales extremos no acaecieron; por lo que, se pretendía forzar la aparente lesión de sus derechos para salvar su propia negligencia a través de la acción tutelar;
8. viii)Si bien el solicitante de tutela señaló que no era posible la flexibilización del plazo por no encontrarse en juego ningún derecho patrimonial; empero, tal extremo no resultaba cierto pues se pretendía el cobro de alquileres;
9. ix)La acción de amparo constitucional brindaba tutela sobre derechos y no sobre principios, además no podía emplearse como una instancia de revisión de resoluciones judiciales, existiendo amplia línea jurisprudencial en tales sentidos;
10. x)El accionar del Juez y los Vocales, respondía a una excepción a la regla que no lesionaba ningún derecho; tomando en cuenta que el planteamiento de la acción tutelar, resultaba incongruente pues el accionante "...ni siquiera sabe lo que quiere..." (sic); y,
11. xi)La flexibilización de las reglas procesales se realizó privilegiando la justicia material ante la justicia formal; razones por las cuales, solicitó se deniegue la tutela.