Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0840/2019-S2 Sucre, 17 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28812-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 43 de 1 de abril de 2019, cursante de fs. 834 vta. a 837 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Maybelline Ordoñez Roca contra Roberto Iván Aguilar Gómez, Ministro de Educación; Salomón Morales Fernández, Director Departamental de Educación de Santa Cruz; Saturnina Chavarría Copa, Luis Alberto Oyola Ruíz, Janeth Mariaca Saenz, Ovidio Rodas García, África Guzmán Tarabillo y Yumy Maruska Aliaga Sandoval, ex y actuales miembros del Tribunal Disciplinario Administrativo de la Dirección Distrital de Educación de Cotoca; Albina Abasto Quiroz, Valentín Anahuaya Mamani, María Angélica Molina Salvatierra y Noemy Galvis Torrico, miembros de la Comisión de Apelación del Proceso de Institucionalización de Cargos Directivos de Unidades Educativas y Centros de Educación Alternativa y Especial del Sistema Educativo Plurinacional; y, Sandro Juan Choque Meriles y Jorge Marco Agüero García, ex y actual Jefe de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación aludida.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 11 de enero y 7 de febrero, ambos de 2019, cursantes de fs. 518 a 527 vta.; y, 530 a 534, respectivamente, la accionante asevera lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A través del Memorando 14157 de 1 de julio de 2015 fue designada como Directora institucionalizada de unidad educativa, designación que de manera expresa señala en "carrera administrativa"; en ese marco en virtud al Informe INF/TEC.CRSP/100/2016 emitido por la Subdirectora de Educación Regular, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación remitió documentación al Tribunal Disciplinario de la Dirección Distrital de Cotoca para que se inicie el proceso administrativo disciplinario en su contra, respecto al cual en primer lugar denunció falta de competencia, pues aquella conformación se sustentó en el Decreto Supremo (DS) 25273 de 8 de enero de 1999 que tiene como objeto regular la participación de padres en las funciones educativas y en la Resolución Ministerial (RM) 212414 de 21 de abril de 1993, normas que no son aplicables al caso en cuestión, mismas que además habrían sido interpretadas de manera arbitraria, dando lugar que sea juzgada como docente y no como funcionaria de carrera administrativa, que era lo que en derecho correspondía; en ese sentido, refiere que debió ser juzgada con autoridades disciplinarias de conformidad al DS 23968 de 24 de febrero de 1995 que en su art. 36 establece que "los casos de sanción o retiro para los funcionarios de la carrera administrativa se regirán por las disposiciones emanadas de la Secretaría Nacional de Educación, de acuerdo al Reglamento del Funcionario Público" (sic); al respecto, también señala que el referido Tribunal Disciplinario fue conformado de manera posterior a las injustas denuncias interpuestas en su contra, contraviniendo de esa manera lo establecido en el art. 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese sentido, alude haber sido juzgada por un Tribunal especial; en ese mismo orden, refiere que además se haya vulnerado su derecho al juez imparcial, pues uno de los miembros (Director) a través de su representante legal en audiencia de amparo constitucional de 15 de diciembre de 2017 habría emitido criterio anticipado señalando que era autora de las faltas atribuidas, al respecto, el 19 de igual mes y año planteó recusación, misma que fue rechazada por el Director Departamental de Educación el 27 del mismo mes y año, determinación que fue confirmada por el Ministro de Educación mediante RM 67/2018 de 7 de febrero, que dispuso que se prosiga con la sustanciación del proceso disciplinario.
Por otro lado, refiere la vulneración de su derecho al debido proceso dentro del referido proceso disciplinario, en razón a que tanto la Resolución Final Disciplinaria 01/2017 de 14 de febrero como la que resuelve el recurso jerárquico 143/2018 de 3 de mayo "no describieron, citaron en detalle, menos compulsaron las pruebas de descargo" (sic) como sí lo hicieron con las de cargo; así:
- a)La Resolución Administrativa (RA) 001/2017, respecto a las pruebas de descargo señaló "Con relación a las pruebas, de la defensa de la sumariada ofreció en la fase de producción de prueba de descargo en copias simples: informes, muestrario fotográfico, documentales -contratos (ver fs. 278 a fs. 425), los mismos que ayudan a esclarecer los hechos de acuerdo al análisis y valoración de la sana critica tomándose en cuenta de acuerdo al principio de verdad material y el principio de buena fe" (sic); y,
- b)La RA 143/2018, al respecto se circunscribió a señalar que en el recurso jerárquico no se mencionó qué pruebas de descargo no se valoraron ni en que fojas se encontraban, "cuando esa formalidad es totalmente absurda" pues "desconoce totalmente el principio de verdad material en materia administrativa sancionadora, en la que las formalidades son innecesarias a efectos de decidir" (sic); no obstante, luego se hace referencia que las pruebas de descargo fueron presentadas de fs. 278 a 425, de donde se colige que no habrían valorado 147 fojas de pruebas.
Sobre el reclamo de que no debió ser sancionada conforme a la RM 212414, la referida RA 143/2018, señaló que pertenece a la carrera docente y no administrativa, citando al efecto los arts. 7 y 34 del DS 23968.
Por otro lado, no obstante a que el 15 de diciembre de 2017 en virtud a la concesión de la tutela en su favor se la restituyó a su cargo; sin embargo, "el Director accionado", la "Comisión Departamental de Apelación, los "accionados miembros de la Comisión Departamental de Apelación del Proceso de Institucionalización de Director/a de Unidad Educativa, Centro de Educación Alternativa y Especial del Sistema Educativo Plurinacional" le habrían negado la posibilidad de participar de la Convocatoria Pública 001/2017 de cargos jerárquicos emitida por el Ministerio de Educación, bajo el argumento "Que, la Resolución de amparo constitucional no contempla que se restituya el derecho de presentarse al proceso de institucionalización de cargo de Director/a de Unidad Educativa" (sic).
Finalmente, refiere la lesión de sus derechos al trabajo, a la vestimenta y a la alimentación.
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