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TCP

0841/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0841/2026-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0841/2026-S3 Sucre, 19 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 60294-2024-121-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 219/2023 de 20 de noviembre, cursante de fs. 1251 a 1255, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisca Quispe Choque, contra Julio Huarachi Pozo y July Dipp Antequera, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de octubre de 2023, cursante de fs. 1130 a 1142 vta., la accionante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra Jorge Luis Zenteno Quispe -chofer fallecido-, por el delito de tráfico de sustancias controladas, del que no fue parte, mediante Auto de vista 41/2023 de 20 de abril, los Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados-, confirmaron el Auto Interlocutorio 25/2023 de 2 de marzo, emitido por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del referido departamento, que dispuso la confiscación definitiva e inscripción a nombre de la Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control de Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (DIPREVCON), del tracto camión marca volvo, tipo VNL64T, año 2007, color blanco, chasis 4V4NC9GH87N421172, motor D12564885D2AH, placa 3030TRI y la chata semirremolque, color rojo, marca FNV-FRUEHAUF, año 1983, registrada en la Aduana Nacional el 23 de abril de 2012; ambos bienes de su propiedad, adquiridos el 5 de junio de 2015; determinación judicial arbitraria e ilegal que le provocó pérdidas económicas, al no poder alquilarlos como forma de subsistencia económica, digna y lícita.

En el proceso no existió sentencia condenatoria, ni absolutoria, en contra del acusado, debido al fallecimiento del mismo, habiéndose determinado la extinción de la acción penal mediante Auto Interlocutorio 130/2022 de 1 de noviembre; y a través del Auto Interlocutorio 207/2021 de 22 de junio, el Juez de instancia ya había rechazado la solicitud de confiscación planteada por el Ministerio Público, sosteniendo que dicha figura constituía una sanción complementaria a las sanciones privativas de libertad y multas; es decir, que se consideraba como una pena y no como una medida cautelar, por ello, no era susceptible de aplicarse en el proceso, sino como una consecuencia de una sentencia emitida en su trámite.

Durante la tramitación del proceso, mediante diferentes institutos jurídicos en la vía incidental, solicitó se deje sin efecto la incautación impuesta a sus bienes; empero, sus pretensiones fueron rechazadas por las autoridades jurisdiccionales; así, mediante Auto de Vista 085/2022 de 31 de agosto se rechazó el incidente de calidad de bienes, pese a que había acreditado el origen de la adquisición de éstos, y el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), establecía que estaban registrados en la Aduana Nacional de Bolivia; asimismo, a través del Auto Interlocutorio 17/2023 de 13 de febrero, se rechazó el levantamiento de la medida cautelar, alegando que la muerte del acusado no implicaba que el delito no había existido, sino que la sanción no podía materializarse; determinación que fue confirmada en apelación por Auto de Vista 040/2023 de 20 de abril; sin embargo, la emisión de las resoluciones judiciales antes señaladas, pretendieron sancionarla sin que ni ella ni su esposo -fallecido- hubieren sido investigados, juzgados o procesados.

El Auto de Vista cuestionado omitió valorar que el , había establecido que la acreditación del derecho propietario se daba a través del carnet de propiedad del vehículo, aspecto que había sido cumplido por ella; tampoco valoró los esfuerzos realizados para poder adquirir los bienes con sus ahorros, seis años antes de la comisión de los ilícitos investigados; la precaria situación económica en la que quedó ante el fallecimiento de su esposo, siendo una mujer sola que tuvo que asumir la manutención de sus hijos menores de edad; asimismo, ignoró que no se produjo la apertura de juicio oral, público y contradictorio, aspecto que acreditaba que tampoco se había emitido sentencia alguna y menos aún que las pruebas hubieren sido judicializadas; consecuentemente no se interpuso ninguna exclusión probatoria.

La resolución de alzada omitió también observar la vulneración al debido proceso en la que incurrió el Tribunal de instancia a través del Auto Interlocutorio apelado, en el que sí se asignó valor a las pruebas del Ministerio Público, mismas que jamás fueron judicializadas, denotando la irregularidad en la valoración; toda vez que, esas pruebas estaban destinadas a acreditar la responsabilidad penal del acusado y no para determinar la confiscación de sus bienes; por otro lado, no consideró que el art. 71 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988- solo podía ser aplicable ante la existencia de una sanción principal, y en el proceso penal no se había emitido ninguna sentencia.

De igual manera, el Auto de Vista 41/2023, no determinó los motivos o razones que sustenten la aplicación de una sanción accesoria que no depende de la sanción principal, y justifiquen la manifestación ambigua de que la confiscación podía ser aplicada sobre los bienes propios del imputado, cuando éste solo era el chofer y el derecho propietario le correspondía a ella, que no había participado en el ilícito; y omitió pronunciarse con relación al agravio referido a la valoración de pruebas que no fueron judicializadas, incurriendo en incongruencia omisiva.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia, valoración de la prueba, seguridad jurídica, legalidad, la propiedad, trabajo y remuneración; citando al efecto los arts. 46 y 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia:

  1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista 41/2023;
  2. b)Se ordene la restitución de su derecho a la propiedad al no ser procedente la confiscación definitiva de sus bienes; disponiendo la devolución de su vehículo confiscado; y,
  3. c)Disponga el pago de costas procesales a su favor, así como la determinación de indicios de responsabilidad penal contra los demandados, por haber emitido resoluciones contrarias a la ley.

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