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TCP

0842/2019-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
17 de septiembre de 2019SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0842/2019-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0842/2019-S2 Sucre, 17 de septiembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 28960-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 02/19 de 15 de marzo de 2019, cursante de fs. 112 a 115, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cinthia Paola Chore Ramírez contra Bernardo Samuel Menacho Gil, Carlos Masay Alviz, Fátima Jackeline Padilla Bazán y Jesús Gutiérrez Rojas, Presidente, Vicepresidente, Secretaria de Actas y Tesorero, respectivamente, del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua San Juan de Porongo Ltda. (SAJUBAPO Ltda.).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 15 de febrero de 2019, cursante de fs. 19 a 26, la accionante expresa los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En virtud a haber accedido a una convocatoria pública, el 31 de agosto de 2015, ingresó a trabajar a la Cooperativa SAJUBAPO Ltda., a través de una contratación verbal, en el cargo de Secretaria Cajera con un sueldo líquido de Bs2200.- (dos mil doscientos bolivianos) a través de un contrato verbal; cumpliendo también otras funciones, como las de cubicación de consumo de agua, cobro de consumo al socio, registro y cobro de socios nuevos, boletas de notificación de corte, y otros, que en un inicio efectuaba de forma manual, habiendo creado en forma posterior ella misma "...un pequeño programa para automatizar y mejorar (su) trabajo..." (sic) en Excel, ante la negativa del Directorio a sus distintas solicitudes de comprar un sistema de cobranzas; tareas que cumplió hasta su baja médica de 31 de julio de 2018, por su estado de gravidez.

El 14 de noviembre de 2016, con asesoramiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, al no contar la Cooperativa con ningún tipo de seguro para sus trabajadores, pidió los derechos y beneficios que le correspondían, no teniendo respuesta alguna. En forma posterior, en noviembre de 2017, anoticiada de su embarazo puso dicha situación en conocimiento del Presidente y de la Secretaria de Actas de SAJUBAPO Ltda., pidiéndoles ser afiliada a un seguro médico y demás prestaciones dada su condición de gestante; no habiendo tenido tampoco respuesta a su petición. Reiteró su requerimiento el 12 de mayo de 2018, de manera escrita, sin obtener respuestas, no habiendo sido afiliada a ningún seguro médico, recibiendo únicamente una propuesta efectuada al margen de la ley, consistente en un pago parcial de Bs800.- (ochocientos bolivianos) por concepto de subsidios, con el compromiso de completarle el monto restante, aspecto que no fue cumplido, no tuvo otra alternativa más que aceptar ante su estado de necesidad.

Destaca que se ausentó de su fuente laboral por baja médica pre y post natal, y por las vacaciones que solicitó a continuación, un día previo a su retorno a sus labores; el 22 de noviembre de 2018, recibió por parte de la Secretaria de Actas, quien se apersonó a su domicilio, una carta de desvinculación laboral directa sin ningún justificativo, menos haber tenido antes alguna llamada de atención o memorándum; y por ende, un proceso instaurado en su contra; razones por las que acudió al Ministerio de Trabajo, "...para hacer conocer su despido injustificado y mediante el mismo solicitar el pago de beneficios sociales y las asignaciones familiares..." (sic) que le correspondían; entregando el 24 de ese mes y año, a la Cooperativa el formulario de liquidación expedido por el Ministerio del ramo precitado, procedió a la espera de la cancelación respectiva, sin contar tampoco con respuesta sobre el particular. No obstante de lo indicado, los demandados no acudieron a las audiencias de conciliación convocadas, motivando la emisión de la conminatoria "...a la cual se hicieron presentes con una propuesta nada razonable y absurda que consistía en la suma de 4.000.00 bs (cuatro mil bolivianos), por concepto de subsidios..." (sic), desconociendo totalmente los beneficios de desahucio, indemnización, segundo aguinaldo, sueldos pendientes, vacaciones y la multa del 30% inherente a la pre liquidación inicial, efectuada por el Ministerio anotado.

En ese orden, remarca que la parte demanda restringió su derecho y el de su hijo a la vida, inobservando las prestaciones de cumplimiento obligatorio como son el acceso a un seguro médico y las asignaciones familiares, teniendo que peregrinar en hospitales públicos al dar a luz por la carencia del seguro mencionado, en lesión de sus derechos a la salud y a la seguridad social. Siendo evidente también la transgresión de sus derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral, al despedirla con el falso argumento que se habría "...llevado el 'sistema de cobranza de la cooperativa...'" (sic), afirmación arbitraria y falsa al aludir al sistema respecto al programa en Excel que ella creó para cumplir las tareas que le fueron asignadas en la Cooperativa, obviando asimismo su condición de madre progenitora lactante.

Finalmente, indica que en virtud a lo dispuesto al Decreto Supremo (DS) 3546 de 1 de mayo de 2018, que modifica el art. 25 de su similar 21637 de 25 de junio de 1987, le corresponden por subsidios pre natales y de lactancia, un total de diecisiete subsidios en un monto de Bs2000.- (dos mil bolivianos) cada uno, los que le deben ser cancelados en su totalidad, no siendo permisible a tenor del art. 48.I de la Constitución Política del Estado (CPE), renunciar derechos y beneficios reconocidos en favor de las y los trabajadores, siendo nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Estima lesionados sus derechos y los de su hijo recién nacido a la vida, a la salud y a la seguridad social, así como su derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 15.I, 18.I, 45.I, II, III y V, 46.I y II, 48, 115.II y 117.I de la CPE; y, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se ordene que en el plazo máximo de veinticuatro horas la parte demandada proceda al pago inmediato de las asignaciones familiares que no le fueron otorgadas y que se encuentran pendientes, conforme al siguiente detalle:

  1. a)Subsidio prenatal mediante un pago mensual en dinero o especie equivalente a un salario mínimo nacional de Bs2000.-, durante los cinco últimos meses de su gestación; haciendo un total de Bs10 000.- (diez mil bolivianos), de los cuales solo recibió cinco pagos de Bs800.- cada uno, quedando por ende un saldo equivalente de Bs6000.- (seis mil bolivianos);
  2. b)Subsidio de lactancia, a través de la entrega de productos lácteos u otros equivalentes a Bs2000.-, durante los primeros doce meses de vida de su hijo; es decir, de Bs24 000.- (veinticuatro mil bolivianos), aclarando que de dicho monto solo le efectuaron dos pagos también de Bs800.-, teniendo en su favor un saldo equivalente de Bs22 400.- (veintidós mil cuatrocientos bolivianos); y,
  3. c)La cancelación de sus salarios correspondientes hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, por cuanto su despido no tiene sustento legal alguno siendo atentatorio a su derecho a la inamovilidad laboral, en transgresión de lo dispuesto en la Ley 975 de 2 de marzo de 1988 y en el DS 0012 de 19 de febrero de 2009.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia pública de consideración de la presente acción de defensa, fue realizada el 15 de marzo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 104 a 111, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante, a través de sus abogados, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; resaltando que ante la conminatoria emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Cooperativa SAJUBAPO Ltda., efectúo propuestas irrazonables desconociendo los beneficios de subsidio, desahucio, indemnizaciones, vacaciones, sueldo por el despido ilegal y multa del 30% que le correspondía por la pre liquidación. Por otra parte, indicó que fue despedida ilegalmente porque no se instauró en su contra ningún proceso interno previo que demuestre las irregularidades que le fueron endilgadas; resultando maliciosa y malintencionada la destitución con un argumento falso generado precisamente para no cancelarle los beneficios sociales. Precisó que de los Bs34 000.- (treinta y cuatro mil bolivianos) que le debe la Cooperativa por subsidios pre natales y de lactancia, únicamente le pagaron Bs5600.- (cinco mil seiscientos bolivianos), quedando un saldo a su favor de Bs28 400.- (veintiocho mil bolivianos); monto establecido en la conminatoria elaborada por el Ministerio precitado conteniendo los pre finiquitos respectivos. En ese marco, requirieron que se ordene a la parte demandada el pago de los subsidios pre natales y de lactancia, además de la cancelación inmediata del finiquito establecido por la Inspectoría del Trabajo, que al no haber sido impugnado cobró ejecutoria, así como los salarios devengados desde el 23 de noviembre de 2018, hasta la fecha, al ser su despido ilegal por ser madre trabajadora. Por último, aclararon que "...no pretende, no pide volver al trabajo, conforme al Decreto Supremo N° 28699 de 1ro de mayo de 2006 Artículo 10, el cual señala beneficios sociales o de reincorporación..." (sic [subrayado añadidas]).

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