Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0842/2019-S4 Sucre, 2 de octubre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28991-2019-58-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 68/2019 de 14 de mayo, cursante de fs. 158 a 164, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paola Maribel Rodríguez Nava contra Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 15 de abril de 2019, cursante de fs. 33 a 48; y, de subsanación de 3 de mayo de igual año (fs. 51 a 57), la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Isael Mancilla Tórrez presentó denuncia disciplinaria en su contra, refiriendo que dentro del proceso caratulado DNA c/ SOTELO, radicado en el entonces Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero del departamento de La Paz, a su cargo, se hubiera presentado un memorial el 27 de marzo de 2017, que no fue providenciado en el plazo de veinticuatro horas; verificando el 31 del mes y año citados, en horas de la tarde, en el libro diario no existía ningún proveído, dirigiéndose a Transparencia del Consejo de la Magistratura, quienes se comunicaron con su despacho judicial, informándoles que el expediente estuvo todo el tiempo a la vista. Denuncia que fue admitida por Auto de 13 de abril del mencionado año, por el Juzgado Disciplinario Tercero del Distrito de La Paz del Consejo de la Magistratura, iniciando proceso disciplinario en su contra, por las supuestas faltas previstas en el art. 187.9 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Luego del trámite procesal, la referida Jueza Disciplinaria, emitió la Sentencia Disciplinaria 007/2018 de 16 de enero, declarando improbada la denuncia y disponiendo el archivo de obrados, decisión contra la cual el denunciante interpuso recurso de apelación, al que respondió manifestando puntualmente los motivos por los que no debería darse curso a la apelación y un detalle de las pruebas que la exoneran de responsabilidad; en vista de ello, los Consejeros ahora demandados emitieron la Resolución RSP-AP 228/2018 de 18 de septiembre, en la que revocaron la Resolución de primera instancia y declararon probada la denuncia, por haber adecuado su conducta al tipo disciplinario previsto en el art. 187.14 de la LOJ, disponiendo la sanción de suspensión de un mes del ejercicio de sus funciones sin goce de haberes e improbada por la falta establecida en el art. 187.9 del mismo cuerpo legal.
En la referida Resolución, advirtió incongruencia en cuanto a los siguientes puntos:
- a)La Resolución RSP-AP 228/2018, no guardó congruencia entre el hecho denunciado y los hechos sancionados, pues la denuncia recayó en la supuesta demora en la providencia del memorial de 27 de marzo de 2017, pero de manera contradictoria, fue sancionada por la aparente dilación en la emisión del decreto del escrito de 6 de abril de igual año, lo que denotó una clara incongruencia interna en dicha Resolución; aspecto que además, lesionó su derecho a la defensa, pues se centró en acreditar que providenció el escrito de 27 de marzo de 2017, en plazo oportuno; y,
- b)El citado fallo, se limitó a considerar los argumentos vertidos por el apelante en su recurso, sin referirse a los expuestos en su memorial de respuesta, en el que describió la prueba que le eximía de responsabilidad disciplinaria, memorial que no fue apreciado ni mencionado como parte de la indicada Resolución, no dando una respuesta a su solicitud para que se confirme la Sentencia de primera instancia.
Asimismo, evidenció la carencia de fundamentación y motivación en la citada Resolución emitida por los Consejeros demandados; toda vez que:
- 1)Únicamente tomaron en cuenta los argumentos del recurso de apelación presentado por el denunciante, sin considerar ni siquiera de manera genérica a sus argumentos y las pruebas de descargo mencionados al responder a ese recurso; además, no se justifican las razones para no pronunciarse sobre su repuesta;
- 2)No se les asignó un valor probatorio a sus medios de prueba aportados, ni se valoraron los que fueron producidos, pese a estar descritos en su memorial de respuesta, consistentes en fotocopias legalizadas "de fs. 118 a 122" (sic), que acreditaron que los memoriales presentados en el caso concreto fueron providenciados dentro los plazos legales y el informe emitido por la Secretaria del Juzgado, que corroboró ese aspecto, que al provenir de una funcionaria pública, se constituye en documento público fehaciente y como tal hace plena prueba, teniendo la obligación de efectuar dicha labor, conforme lo establece el art. 74 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por "Acuerdo 20/2018";
- 3)No se describió de manera precisa, el motivo por el cual se consideró que su persona incurrió en la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ, basándose en conjeturas y supuestos que no cuentan con un medio probatorio que lo sustente, llegando a conclusiones genéricas e imprecisas; además inexplicablemente se le sancionó porque el memorial no hubiera estado descargado en el libro diario, siendo que el funcionario encargado del mismo es el auxiliar del Juzgado, actuación que escapó de su responsabilidad; sin embargo, esa situación no acreditó ni estableció si en dicha prueba cursó algún indicio de la inexistencia de providencia o resolución sobre algún escrito presentado por el denunciante, no entendiendo por qué se le sancionó por actos y hechos de otros funcionarios del Juzgado; sin que fuere evidente que no cursaban pruebas que desvirtúen el Acta de inspección de 11 de abril del año citado, puesto que en obrados y tal como lo mencionó en su respuesta, se tenían fotocopias legalizadas de los escritos presentados que demostraban que los decretos emitidos fueron pronunciados dentro del plazo legal, hecho corroborado con el informe de la Secretaria del Juzgado; y,
- 4)Al revocar la Resolución de primera instancia, la autoridades demandadas tenían la obligación de efectuar un nuevo análisis de todos los antecedentes, así como de los elementos probatorios ofrecidos, debiendo haber explicado por qué los argumentos en el fallo de primera instancia eran incorrectos y merecían ser revocados, situación que no aconteció, pues se limitaron a analizar el informe emitido por el funcionario de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura y no así los demás elementos probatorios, ni rebatieron los argumentos de la Resolución inferior, que se fundó en el informe de la Secretaria del Juzgado y en las deficiencias de la inspección realizada por dicho funcionario del Consejo.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante alegó la lesión al debido proceso, en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación, valoración de la prueba, el derecho a ser oído como parte integrante del derecho a la defensa e igualdad, citando al efecto los arts. 115, 117, 119.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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