Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0843/2019-S1 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 28467-2019-57-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 018/2019 de 9 de abril, cursante de fs. 105 a 108, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Cesar Suarez Saavedra en representación legal de Jesús Einar Lima Lobo Dorado contra José Antonio Revilla Martínez, María Cristina Díaz Sosa, Esteban Miranda Terán, Marco Ernesto Jaimes Molina, Juan Carlos Berrios Albizu, Carlos Alberto Egüez Añez, Ricardo Torres Echalar, Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la demanda
A través de memorial de 18 de marzo de 2019, cursante de fs. 22 a 29 vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 12 de agosto de 2018, la Directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia remitió ante la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, la Nota 400 de "212" de julio de 2018, proveniente de la Embajada de la República Federativa de Brasil, por la cual puso a conocimiento la existencia de un proceso seguido en su contra signado como "6516-97.2017.4.01.3000/1ª Vara", investigación policial 15601 del Ministerio Público Federal de la Sección Judicial del Estado de Acre, por la supuesta comisión del delito de "Asociación para el Tráfico Internacional de drogas" (sic), a tal efecto, en el marco del Acuerdo sobre Extradición del "MERCOSUR" de 10 de diciembre de 1998, ratificado por Bolivia mediante Ley 2830 de 3 de septiembre de 2004, solicitó su detención preventiva con fines de extradición.
Ante ello, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó el , refiriendo entre otros aspectos, que dentro del caso, la Jueza Sustituta de la 1ª Jurisdicción/AC Francielle Martins Gomes Medeiros de la Sección Judicial del Estado del Acre dictó Sentencia condenatoria el 9 de octubre de 2017, asimismo, señaló que dicha autoridad judicial emitió mandamiento de detención preventiva el 17 de agosto de 2018 con fines de extradición, aspecto que vulneró sus derechos:
- a)Por existir una incongruencia entre el y el Acuerdo sobre Extradición del "MERCOSUR", ya que conforme al art.29.2 del capítulo VII del Anexo del aludido Acuerdo no se puede extraditar a una persona en etapa investigativa sino cuando exista acusación formal, un inicio de juicio oral o sentencia condenatoria, siendo que en el caso existe un pedido de detención preventiva solo a efectos de investigación; asimismo, de la formulación del pedido de detención preventiva, la decisión de la Jueza de la causa y la Certificación emitida al efecto debidamente apostillada y traducida, no existe sentencia condenatoria alguna en su contra, resultando ello una falsedad o violación de su derecho a la presunción de inocencia, con la aclaración que en el vecino país no puede juzgarse y condenarse a una persona en rebeldía. Asimismo, el citado Auto Supremo si bien fijó un plazo para que el detenido en forma preventiva ejerza su derecho a la defensa en el plazo de diez días desde su notificación, tampoco previó para el Estado requirente el plazo establecido en el Acuerdo (cuarenta días a partir de su notificación) indicando que el requerido se encuentra detenido para que formalice su solicitud de extradición. También se incurrió en inobservancia de la formalidad requerida en el art. 29.4 del Capítulo VII del referido Acuerdo, asimismo, se vulneró el debido proceso (art. 115.II y 117.I de la Norma Suprema) y el principio de legalidad, por infringirse el art. 154 del Código de Procedimiento Penal (CPP) porque el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición no fijó un límite, es decir, es indefinido; finalmente se infringió el Convenio de Apostillaje de la Haya, por cuanto al revisar la solicitud de extradición traducción y demás documentos por la Embajada de Brasil, se advirtió que los mismos incumplen con el debido apostillaje, además tampoco cuentan con el trámite consular necesario, cuya carencia de elementos formales hacen que la documentación presentada debió ser rechazada in limine;
- b)Se inobservó el principio de pro actione porque la solicitud de detención preventiva a efectos de extradición debió haber sido declarada inadmisible por vulnerar los protocolos exigidos por el Acuerdo sobre Extradición del "MERCOSUR";
- c)Se vulneró el derecho a la defensa como elemento configurador del debido proceso;
- d)El Auto Supremo cuestionado es arbitrario porque incumple con los tests de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, ya que conforme a la SCP "1663/2013", se debe cumplir con tres parámetros de argumentación, siendo que dicho Auto Supremo adolece de fallas y errores insalvables que hacen a su misma procedencia tanto en su parte formal como material; y,
- e)El carece de motivación porque incurre en incongruencia omisiva.
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