0843/2022-S1

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:

1. a)Se emita resolución motivada y fundamentada restableciendo sus derechos;
2. b)Se deje sin efecto la nota GAMT/SMFA 34/2021 de 8 de julio; y,
3. c)Se proceda a su reincorporación inmediata a su fuente de trabajo como Consultor Individual de línea y sea hasta la conclusión de su contrato correspondiente a la gestión 2021.

Cristhian Miguel Cámara Arratia, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad del departamento del Beni, a través de su abogado y apoderado presentó informe escrito de 11 de agosto de 2021, cursante de fs. 88 a 94, en el desarrollo de la audiencia, manifestó lo siguiente:

1. 1)Desde la puesta en vigencia de la Ley 321 de 20 de diciembre de 2012, la cual incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo a las trabajadoras y trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativos administrativo en los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto del departamento de La Paz, quienes gozarán de los derechos y beneficios de la Ley General del Trabajo, los cuales representan una enorme carga económica en lo que respecta al pago de beneficios sociales para el GAM de Trinidad, cargas que año a año se van acumulando por efectos de la citada Ley, la cual no contempla la asignación de recursos adicionales para cubrir la elevada carga social que representa el pago de los mismos, ya sea por desvinculación, retiro voluntario o fallecimiento del trabajador asalariado; sumado a esto que desde la gestión 2015 los municipios vienen sufriendo recortes presupuestarios;
2. 2)Actualmente, debido a una mala e inflacionada previsión de recursos producto de un POA 2021, cuyo presupuesto no corresponde a la liquidez económica real actual, aunado a las cargas sociales y deudas institucionales detalladas en el Informe Técnico 001/2021 del 1 junio, que presentan, haciendo insostenible la situación económica financiera del GAM de Trinidad;
3. 3)El contrato de consultoría suscrito por el accionante se encuentra enmarcado dentro de las estipulaciones que establece el mismo contrato administrativo, el cual establece en su cláusula vigésima, punto 20.4, Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado; ocurriendo esto último en el presente caso, situación respaldada por el informe previamente citado, el Decreto de austeridad y demás respaldos que adjuntan; siendo el indicado contrato de imposible cumplimiento, por lo que al apartarse del Informe Técnico 001/201 se vería comprometida la ejecución de obras, programas de salud y otras obligaciones que son de interés de la colectividad; y,
4. 4)De acuerdo al marco normativo y jurisprudencial como es la Ley Transitoria para la Tramitación de Procesos Contenciosos y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014- y la SCP 0135/2017-S1 de 9 de marzo, queda claro que las controversias que resultan emergentes de la suscripción de contratos con los niveles subnacionales de los gobiernos departamentales, municipales e indígena originario campesinos corresponde sean conocidas, tramitadas y resueltas por las Salas Contenciosas y Contenciosas Administrativas de los Tribunales Departamentales de Justicia, a través del proceso contencioso, lo que implica la imposibilidad de acudir de manera directa a la jurisdicción constitucional para su resolución.

La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, mediante Resolución 095/2021 de 19 de agosto, cursante de fs. 107 a 113 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la nota GAMT/SMFA 34/2021 de 8 de julio; y se proceda a la inmediata reincorporación del impetrante de tutela hasta la fecha de finalización del Contrato Administrativo SMF 007/2021 de 18 de enero "CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE LÍNEA TÉCNICO V APOYO ADMINISTRATIVO I PARA LA UNIDAD DE ARCHIVOS DE FINANZAS GESTIÓN 2021"; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2021. Resolución pronunciada con base a los siguientes fundamentos:

1. i)Si bien se señaló que todas las emergencias que resulten de la relación contractual entre el consultor y la entidad pública, que por su naturaleza eventual deben sujetarse a las previsiones insertas en las propias cláusulas contractuales establecidas en el documento que dio origen al vínculo laboral; sin embargo, el contenido de aquellas cláusulas de ninguna manera puede importar una renuncia a los derechos reconocidos al trabajador por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, en virtud a que los mismos se encuentran vigentes mientras subsista el contrato de trabajo; consiguientemente al ser los derechos de los trabajadores irrenunciables, las cláusulas arbitrarias y discrecionales que dejen sin efecto o limiten los beneficios que la ley establece en pro del trabajador carecen de toda validez, relevancia y reconocimiento constitucional, entre tanto, subsista la relación laboral; y,
2. ii)Ahora bien, en el presente caso si bien, se trata de un contrato de consultoría en línea sujeto a lo establecido por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, ello no implica que las convenciones establecidas en este no pueden ni deben desconocer derechos fundamentales y garantías constitucionales que le asisten al trabajador; por lo que el argumento de la iliquidez e insostenibilidad institucional del GAM de Trinidad, no puede ser entendida la causal de conclusión del contrato, por cuanto, las normas laborales deben ser interpretadas y aplicadas bajo los principios de protección de los trabajadores, más aun, tomando en cuenta que una entidad pública como la mencionada se encuentra sujeta anualmente a un Plan Operativo Anual (POA) para la distribución de sus recursos para la contratación de personal eventual o de consultoría; habiéndose probado que el presupuesto para esa partida se encontraba programado e inscrito en el POA 2021, así se evidencia del reporte de la certificación presupuestaria para la contratación de consultor de línea del Sistema de Gestión Pública (SIGEP); por lo que no se advierte que la causal por la que se determinó la resolución del contrato sea justificada para proceder a la desvinculación laboral del trabajador, al contrario, se evidencia una decisión arbitraria en apego a supuestas facultades que tuviera el trabajador.

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral, a la inamovilidad laboral, al debido proceso, y a la igualdad; toda vez que, habiendo suscrito contrato de consultoría individual en línea con el Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad del departamento del Beni, el cual contemplaba un término de conclusión; no obstante la entidad demandada procedió a la resolución del citado contrato antes de su vencimiento, de manera unilateral y alegando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito y en resguardo de los intereses del Estado; cuando ello no resulta evidente. Por lo que solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia se disponga:

1. a)Se emita resolución motivada y fundamentada restableciendo sus derechos;
2. b)Se deje sin efecto la nota GAMT/SMFA 34/2021 de 8 de julio; y,
3. c)Se proceda a su reincorporación inmediata a su fuente de trabajo como Consultor Individual de línea y sea hasta la conclusión de su contrato correspondiente a la gestión 2021.

En consecuencia, con carácter previo, corresponde dilucidar en revisión si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. 1)Naturaleza jurídica de los consultores en línea, su estabilidad laboral cuando se encuentre vigente su contrato y no existan causales de resolución atribuibles al consultor;
2. 2)No corresponde a la justicia constitucional dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos; y,
3. 3)Análisis del caso concreto.