0843/2023-S1

1. a)La actividad de donde presuntamente proviene la deuda de $us69 028,79.- (sesenta y nueve mil veintiocho 79/100 dólares estadounidenses), resulta ser una práctica denominada el Ayni en la que prima la reciprocidad entre las personas de las comunidades, por ende, el gasto total de dicha actividad (Fiesta del Señor Santiago), no es única y exclusiva responsabilidad de los pasantes, sino que se efectúa con la colaboración de la respectiva comunidad, aspecto que el Juez pasó por alto;
2. b)Con relación a la prueba testifical, se omitió referir que valor probatorio se le asignó a las mismas y que hechos puntuales se llegaron a probar con dichas pruebas, que a su criterio solo fueron referenciales y que en ningún momento llegaron a probar una supuesta deuda existente en el monto de $us69 028,79; denuncia además que lo mismo ocurrió con la prueba documental de fs. 31 en la que el Juez pudo percatarse que, no le vincula a su persona, al mismo tiempo no cuenta con los requisitos de documento auténtico; así también el Juez obvió por completo referirse a las respectivas formalidades y valor probatorio que le asigna al precitado documento inventado de 15 de junio de 2018, aspectos que vulneran sus derechos constitucionales al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia; y,
3. c)Reclamó en su momento que la demandada entra en constantes contradicciones, con relación a los montos de la deuda que según la demanda los gastos ascienden a $us7 103,45.-(siete mil siento tres 45/100 dólares estadounidenses) , pero se prestaron un total de $us79 028,45.- (setenta y nueve mil veintiocho 45/100 dólares estadounidenses), y se adeuda $us.69.028,73 a su padre, pero según contratos adjuntos de fs. 32-42, solo se gastó $us72 800.- (setenta y dos mil ochocientos dólares estadounidenses) y por otra parte, el documento de préstamo ficto, es de 15 de junio de 2018, pero la fiesta se efectúa el 25 de julio de 2017, y la deuda con el padrino es de $us25 000.-.(veinticinco mil dólares estadounidenses), y que se le pagó $us10.000.-(diez mil dólares estadounidenses), entonces debió haber un saldo solo de $us15 000.-(quince mil dólares estadounidenses); pero a su vez el documento de 15 de junio de 2018, dice que el papá pagó la deuda que se tiene con los padrinos, en ese contexto, solicitó revocar la sentencia en lo concerniente a las obligaciones pecuniarias.

Antonia Vanesa Mamani Mamani, a través de su Abogado, en audiencia refirió que:

1. 1)En el presente caso, existe las causales de improcedencia a que refiere el art. 53.2 y 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), ya que existieron actos consentidos y se omitió cumplir con el principio de subsidiariedad de la acción de defensa;
2. 2)Si bien conforme a lo establecido en la Ley 603, la resolución emitida en el proceso de divorcio no puede ser recurrida en casación, sin embargo en este caso se trata de una división de bienes y deudas, aspecto del que el solicitante de tutela pudo recurrir en casación, por lo que al no haberlo hecho de esa manera existieron actos consentidos y no se agotó oportunamente los mecanismo de impugnación, lo que implica que no se cumplió con el principio de subsidiariedad; y,
3. 3)La jurisdicción constitucional, por regla no puede realizar la revisión de la prueba y tampoco puede ingresar al análisis de la legalidad ordinaria si la parte accionante no cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional entre otras en la 0SCP 0340/2016-S2. En consecuencia, pide se deniegue la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 099/2020 de 29 de octubre, cursante de fs. 169 a 172, concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SNFA 158/2020 de 15 de septiembre, debiendo las autoridades emitir uno nuevo cumpliendo con la debida fundamentación y motivación; bajo los siguientes fundamentos:

1. i)El Auto de Vista SNFA 158/2020, a manera de fundamentación solo cita los arts. 385 del (CFPF) respecto al principio de pertinencia, el art. 62 de la CPE que reconoce y protege a las familias como núcleo fundamental, el art. 176 de la Ley 603 referidos a la igualdad de los cónyuges, la ganancialidad y la comunidad de las obligaciones. Citando dichas normas, pasa a exponer sus razones para confirmar la Sentencia, en ese marco respecto a la valoración de la prueba sostiene que dicha labor se encuentra explicada en la parte resolutiva de la Resolución recurrida en la que el Juez hizo constar que en vigencia del matrimonio adquirieron deudas para cumplir con los compromisos culturales en la gestión 2017, y que el juzgador les otorgo el valor correspondiente por cuanto al tratarse de deudas contraídas por la festividad del Apóstol Santiago y las costumbres arraigadas, en base al principio de verdad material, resultaba necesario admitir las mismas, "..desprendiéndose de las testificales que son los pasantes los que deben cubrir con los gastos de la fiesta de varios días, adeudándose en este caso los esposos diferentes sumas de dinero.." (sic); también refieren los Vocales demandados que, para poder llegar a esas conclusiones, se analizó en concordancia con las testificales de descargo recibida en audiencia de fs. 67, que a través de los seis Discos Versátiles Digitales (DVDs) queda admitida la realización de la fiesta, donde se pudo observar que la pareja era la pasante, concluyendo que a la fecha la pareja adeuda a Basilio Mamani Mancilla el monto de $us69 028,79.- de acuerdo al documento de 15 de junio de 2018, conforme se desprende de la documental de fs. 31 donde firma como testigo de las deudas el padrino de la pareja; también expresaron que, siendo una deuda contraída en vigencia del matrimonio, la misma debe ser pagada en un 50% por cada uno de los cónyuges; y respecto al documento de deuda suscrito entre esposos, sostienen que corresponde ser asumida en su integridad por el demandante;
2. ii)Como se puede advertir, se hace referencia a una valoración detallada de la prueba en la cual se hubiese hecho constar que la deuda fue adquirida en vigencia del matrimonio, pero no se explica sobre la razonabilidad de esa labor y de qué manera el esos documentos y medios probatorios resultan coherentes con el ordenamiento jurídico, puesto que se limitan a expresar que habiéndole dado el juzgador el valor correspondiente" y no manifiestan cuál sería concretamente ese valor, por cuanto en el recurso de apelación se cuestiona que el documento no le vincula y que las manifestaciones sobre los montos son contradictorias, entonces aquellos son aspectos que se debe dilucidar; y si bien es cierto que rige la comunidad de gananciales y que esa comunidad alcanza a las obligaciones, empero cuando se está en este tipo de situaciones en las que el documento generador de obligaciones solo fue suscrito por uno de ellos, el Tribunal de alzada debe analizar los criterios expresados por el inferior y explicar de qué manera esa labor resulta razonable y acorde con el marco normativo; empero, cuando no se explica dicho sustento (como ocurre en el caso) y se concluye que esa deuda fue adquirida en vigencia del matrimonio sin explicar respecto al hecho de que el documento no ha sido suscrito por uno de los conyugues, son fundadas la desconfianza de los justíciales de que no se resolvió conforme a derecho; pues la sola alusión a la verdad material sin exponer los elementos que la sustentan y de qué manera en este caso la deuda reconocida por uno de los contrayentes es suficiente para obligar al otro, adquiere connotaciones de arbitrariedad;
3. iii)En consecuencia, se coligió que:
4. 1)El Auto de Vista contiene una respuesta a los agravios del recurso de apelación, y no se advierte incongruencia externa como denuncia el accionante, puesto que la congruencia por lo menos en su dimensión externa implica el deber de pronunciarse respecto a lo denunciado o pretendido;
5. 2)Empero, Cuando se denuncia que en ese pronunciamiento respecto a los agravios del recurso y en relación al análisis de la carga probatoria por parte del Juez de primera instancia, no se sustenta en un juicio sobre los criterios y razonamientos desarrollados en dicha labor, su razonabilidad y coherencia con el marco normativo, estamos ante una lesión de la debida fundamentación y motivación;
6. 3)Entonces, si las conclusiones expresadas no emergen de un análisis exhaustivo respecto a la labor desplegada por el juez en relación a lo denunciado por el apelante, resultan arbitrarias (SCP 2221/2012), conforme ocurre en el caso examinado en el que se sostiene que se asignó el valor correspondiente, en base a una valoración detallada; y,
7. 4)Cuando no se explica respecto a las contradicciones en cuanto a los motivos de las presuntas deudas y se limitan a sostener que la misma resulta una obligación que debe ser pagada por ambos porque se adquirió dentro de la vigencia del matrimonio, sin explicar los efectos de las deudas entre cónyuges (documento de reconocimiento de deuda) ni respecto a las obligaciones reconocidas solo por uno de ellos; resulta evidente que las decisiones de confirmar la Sentencia apelada, carece de sustento jurídico, y por lo tanto deviene en arbitraria, lesionando el derecho al debido proceso, situación que debe ser reparada;
8. iv)Respecto a la lesión del debido proceso por infracción del principio de legalidad o la aplicación objetiva de la ley; el accionante solo hizo una cita referencial de normas, pero no explica si esta supuesta lesión emerge de una errónea interpretación o de una indebida aplicación de alguna de estas normas, siendo que en cada uno de estos supuestos se debe preciar y explicar en qué consiste la arbitrariedad denunciada (SCP 1631/2013); de la misma forma debe actuarse cuando se denuncia indebida aplicación de la norma, aspectos que no fueron desarrollados en el presente caso, por lo que se encontraron freten a una limitación para analizar los señalado; y,
9. v)Con relación a la supuesta lesión del debido proceso por falta de razonabilidad en la valoración de la prueba y la supuesta ilegalidad en su admisión; se debe tener en cuenta que en circunstancias en las que se concede la tutela por lesión a la debida fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, esta jurisdicción se ve limitada de poder realizar un análisis sobre la legalidad de esa admisión, puesto que ello implicaría direccionar la nueva resolución que deben emitir las autoridades demandadas; pero esa inviabilidad resulta más evidente si el impetrante de tutela ni siquiera precisa si en definitiva lo que cuestiona es una omisión valorativa o una irazonabilidad de la labor de la justicia ordinaria, circunstancias en las cuales, no es posible emitir un pronunciamiento de fondo sobre estos extremos; empero, como se tiene expresado, la tutela del debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, impele que los demandados, tengan que sustentar el análisis de la problemática en normas o parámetros jurídico normativos, y sus conclusiones deben explicar la manera en que las circunstancias particulares hacen razonablemente viable la aplicación de los efectos o consecuencias previstas por el ordenamiento normativo.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes temas:

1. a)La fundamentación y motivación de las resoluciones y la garantía del debido proceso;
2. b)Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
3. c)Análisis del Caso en concreto.

1. a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
2. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
3. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
4. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
5. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
6. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la 0SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. 1)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. 2)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. 3)Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos;
4. 4)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y,
5. 5)La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²-6.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión:

1. i)Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten;
2. ii)Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso;
3. iii)Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y,
4. iv)Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la 0SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la 0SC 0358/2010-R de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la 0SC 0682/2004-R de 6 de mayo10 señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre15 resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades:

1. 1)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.