Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2019-S1 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 28454-2019-57-AAC Departamento: Pando
En revisión la Resolución 24/19 de 5 de abril de 2019, cursante de fs. 37 a 39 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Martiniano Pizza Tito en representación legal de Luis Adolfo Flores Roberts, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Pando contra Pablo Aquiles Andia Mora, Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Pando.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 3 de abril de 2019, cursante de fs. 15 a 19 vta., el accionante a través de su representante legal, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 8 de septiembre de 2009, Alberto Pinto Montero, en representación de la Asociación Accidental "Pinto Montero y Servipet Moreno Asociados", interpuso ante el "...Juzgado de Partido en lo Civil..."(sic) del departamento de Pando una demanda de pago por cumplimiento de obligaciones y devolución de póliza de seguro contra la entonces Prefectura de Pando, fundando su acción en el Testimonio 086/2007 de 12 de julio expedido por el Notario de Gobierno relativo a la suscripción de un contrato de Construcción de Obra por excepción "N° 110/07" (Mejoramiento de camino tramo Bioceanica-Bolpebra), por un monto Bs10 820 460,28 (Diez millones ochocientos veinte mil cuatrocientos sesenta 28/100 bolivianos), señalando que la Empresa contratista cumplió con el objeto del contrato y no así la entonces Prefectura, exigiendo el pago que supuestamente se le adeuda de Bs1 318 845,91 (Un millón trescientos dieciocho mil ochocientos cuarenta y cinco 91/100 bolivianos), y la devolución de las pólizas de seguro. . Es así que, el 8 de abril de 2011 el "Juez Partido Segundo" del departamento de Pando, desnaturalizando el contrato que en su cláusula décima segunda (Legislación aplicable al contrato) establece que es un contrato administrativo sujeto a la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-, vulnerando preceptos de la normativa vigente, emitió la Sentencia 05/2011 declarando probada la demanda, disponiendo que el Gobierno Autónomo Departamental de Pando (GADP), en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia proceda al pago de Bs1 318 845,91 y la devolución de todas las pólizas de garantía otorgadas por la Empresa demandante; ante ello, se interpuso el correspondiente recurso de apelación en efecto suspensivo y el 1 de julio de 2011 los Vocales de la "...Sala Civil, Social, de Familia, Niño, Niña y Adolescente..."(sic) emitieron el Auto de Vista confirmando totalmente la Sentencia 05/2011, declarando la demanda sin costa alguna.
En mérito a ello, el GADP, el 16 de julio de 2011 planteó recurso de casación en el fondo, admitida la misma mediante Auto Interlocutorio ordenó se proceda con la remisión a Sucre; empero, el 2 de agosto de 2011 Alberto Pinto Montero solicitó la ejecución provisional de Sentencia presentando fianza de resultas con dos bienes inmuebles registrados en Derechos reales (DDRR) con gravamen a favor del GADP.
El 1 de noviembre de 2011, la "...Sala Civil, Social, de Familia, Niño, Niña y Adolescente..."(sic) del Tribunal Departamental de Pando en ejecución provisional de Sentencia mediante Auto ordenó el pago parcial a favor de Alberto Pinto Montero en el plazo de cinco días, es así que, el GADP el 6 de febrero de 2012, a través de cheque 10328 canceló la suma de Bs787 589,46.- (Setecientos ochenta y siete mil quinientos ochenta y nueve 46/100 Bolivianos).
Luego la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en relación a la casación planteada, emitió el , por el cual dispuso la anulación de todo lo obrado sin reposición, disponiendo que la parte demandante acuda a la jurisdicción contenciosa, ordenando dejar sin efecto la fianza de resultas y la inmediata restitución de la suma entregada como fianza al GADP.
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