Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2019-S4 Sucre, 2 de octubre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA,. Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28965-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 41 de 13 de mayo de 2019, cursante de fs. 835 vta. a 836 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Chaparro José en su condición de Gerente General de las empresas BARCINOVA Sociedad Anónima (S.A.), CINEL Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) y NELCO S.A. contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y, Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 3 de abril de 2019, cursante de fs. 713 a 719 y el de subsanación el 11 de igual mes y año (fs. 722 y vta.), el accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso ordinario de anulabilidad, resolución y cumplimiento de contratos, incoado y modificado por Catuska Lily Fernández Arredondo y Miguel Ángel Moreno Marín -ahora terceros interesados-, en representación de la empresa WOK S.R.L. en su contra, la Jueza Pública Civil y Comercial Octava del departamento de Santa Cruz, dictó Sentencia de 8 de noviembre de 2016, declarando improbada en todas sus partes la demanda y su modificación e improbadas las excepciones; decisión que, fue impugnada mediante recurso de apelación formulado el 30 del mismo mes y año, por Jorge Olea Tejada, en representación legal de la demandante, exponiendo los aspectos objeto de contradicción.
La Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en Resolución del recurso de apelación, pronunció el Auto de Vista 182/17 de 14 de junio de 2017, revocando parcialmente la decisión confutada, declarando probada parcialmente la demanda y su modificación; es decir, resueltos el contrato de arrendamiento de 4 de mayo de 2006; el contrato de préstamo de dinero por la suma de $us50 000.- (cincuenta mil dólares estadounidenses) de 4 de igual mes y año; el cumplimiento del contrato de arrendamiento de 2 de marzo de ese año; y, probada la demanda de pago de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de arrendamiento del local comercial 112-B de Cine Center de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra; determinación que inobservó el contenido normativo del art. 265.I del Código Procesal Civil (CPC), al haberse apartado ostensiblemente de los puntos que fueron objeto de apelación, cuando dentro de los límites de su competencia, debieron circunscribirse a resolver y fundamentar los asuntos de impugnación, en consecuencia emitieron una decisión incongruente vulneratoria y viciada de nulidad al pronunciarse sobre aspectos que no eran de su competencia.
En estas circunstancias, la decisión asumida por el Tribunal de apelación, por ser gravosa a sus intereses, fue recurrida en casación, dictándose el ; por el cual, los Magistrados ahora demandados, declararon infundado el recurso, convalidando los actos procesales nulos de pleno derecho ejecutados por el Tribunal de alzada que no revisó si el recurso de apelación cumplía con la técnica recursiva de expresión de agravios y fundamentación a efectos de verificar si se habría o no su competencia para conocer la impugnación; y que, además de ello, emitieron un pronunciamiento que no se refirió de manera puntual sobre los agravios denunciados, habiendo por el contrario considerado otros elementos que no formaron parte de la objeción, contraviniendo los arts. "256.1" del CPC -siendo lo correcto 265.I- y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, actuando en consecuencia de manera ultra petita y excediendo su competencia, viciando de nulidad su propio acto.
No obstante de dichos elementos, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, incumplió el art. 17 de la LOJ, pues no efectuó una revisión de oficio sobre el contenido del Auto de Vista confutado a efectos de verificar si tal decisión correspondía al recurso planteado por la parte perdidosa, pues a la máxima instancia judicial, le corresponde revisar la existencia de coherencia y congruencia del fallo impugnado respecto al recurso de apelación, situación que no aconteció, dictándose el , en total contravención de la normativa señalada.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte accionante consideró lesionaos sus derechos, al debido proceso por vulneración de los principios de seguridad jurídica y legalidad, así como también denunció la existencia de incongruencia aditiva y omisiva en los fallos demandados, sin citar norma constitucional alguna.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se declare la nulidad del y el Auto de Vista 182/17, ordenándole al Tribunal de alzada, emitir nuevo pronunciamiento en el marco de su competencia, establecida en los puntos objeto de apelación y de manera congruente.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia pública el 13 de mayo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 832 a 835 vta., presentes la parte accionante, los Vocales ahora codemandados y los terceros interesados; ausentes los Magistrados demandados, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
La parte solicitante de tutela en audiencia ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe escrito de 8 de mayo de 2019, cursante de fs. 774 a 775, manifestaron lo siguiente:
- a)La parte accionante no describe cómo fueron vulnerados los derechos que reclama;
- b)El Tribunal de casación tiene por objeto revisar los actuados y la resolución de segunda instancia, en función a los agravios planteados en casación, sean en la forma o en el fondo, conforme determina el art. 270.I del CPC;
- c)Si la parte solicitante de tutela detectó que el Auto de Vista confutado, incurrió en una decisión ultra petita, pudo requerir su enmienda al tenor del art. 226.II del citado Código o formular reclamo en su recurso de casación, lo que no ocurrió, convalidando sus actos;
- d)De conformidad a lo dispuesto por el art. 271.III del CPC, constituyen causal de infracción o errónea aplicación, las que se consideren esenciales para la garantía del debido proceso y sean reclamadas oportunamente ante los tribunales inferiores; por lo que, su omisión configura causal de improcedencia de esta acción tutelar, por previsión del art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y,
- e)La presente acción de defensa, tutela derechos y garantías constitucionales y no principios. En tal contexto, impetraron se deniegue la tutela.
Editha Pedraza Becerra y Jimmy Fernando López Rojas, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no consta su intervención en audiencia.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
Catuska Lily Fernández Arredondo y Miguel Ángel Moreno Marín, a través de su abogado en audiencia, luego de efectuar relación de los antecedentes del proceso ordinario, manifestaron lo siguiente:
- 1)Mediante la presente acción tutelar se pretende justificar la negligencia de la parte accionante al no producir prueba suficiente para desvirtuar los cargos atribuidos en la demanda formulada en la vía ordinaria;
- 2)El ahora solicitante de tutela, planteó con anterioridad otra acción de amparo constitucional, dentro del proceso instaurado en el Juzgado Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Santa Cruz, que se sustanció de forma paralela y con los mismos argumentos que se lleva adelante en el Juzgado Público Civil y Comercial Octavo del citado departamento, del cual emerge esta acción tutelar; siendo que, el resultado de aquella acción de defensa, le fue adversa conforme determinó la , que confirmó el fallo de la autoridad de garantías, concluyendo que no se le había vulnerado ningún derecho fundamental ni garantía constitucional;
- 3)Se reclamó la lesión del derecho a la seguridad jurídica; sin embargo, y conforme consta en antecedentes tanto la parte impetrante de tutela como los demandantes del proceso ordinario, durante más de diez años activaron todos los recursos ordinarios en defensa de sus derechos y pidiendo lo mismo; siendo que, en dos Juzgados obtuvieron resultados negativos al no probar los extremos de sus demandas, motivo por el cual, aducen que el Tribunal Supremo de Justicia, en el presente caso, efectuó una incorrecta apreciación de la prueba y que el Tribunal de apelación dictó una decisión ultra petita, cuando no existió ofrecimiento de elementos probatorios algunos de su parte;
- 4)Resulta incongruente solicitar la nulidad del Auto de Vista 182/17 y del , dictados en apelación y casación, pues la justicia constitucional solo cuenta con facultades para anular la última decisión, al no tratarse la jurisdicción constitucional de una instancia supletoria que pudiera analizar la decisión del Tribunal de apelación; atribución que, bajo el principio de subsidiariedad le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia;
- 5)Se denunció la existencia de omisión en la valoración de la prueba; no obstante, si ésta fue evidente, la parte accionante debió hacerlo notar en el recurso de casación que era la instancia para que tal falencia sea corregida; y,
- 6)No se estableció con precisión el derecho y garantía que fueron supuestamente vulnerados, aludiéndose genéricamente a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, cuando todos los procesos se enmarcaron a estos. En mérito a ello, solicitaron se deniegue la tutela.
I.2.4. Resolución
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 41 de 13 de mayo de 2019, cursante de fs. 835 vta. a 836 vta., denegó la tutela impetrada, bajo el fundamento de que la acción de amparo constitucional resguarda derechos fundamentales y no principios.
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