Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0845/2019-S4 Sucre, 2 de octubre de 2019
SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional
Expediente: 29013-2019-59-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 22-19 de 8 de mayo de 2019, cursante de fs. 262 a 267, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Livia Santa Alarcón Aranda contra Dolka Vanessa Gómez Espada, Presidenta de la Sala Disciplinaria, Omar Michel Durán, Consejero integrante de la Sala Disciplinaria; Juan Orlando Ríos Luna y Roxana Orellana Mercado, Ex Presidente y Ex Consejera de la Sala Disciplinaria todos del Consejo de la Magistratura.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 7 de diciembre de 2018, cursante de fs. 3 a 15 vta., y el de subsanación, el 23 de enero de 2019 (fs. 227 a 230 vta.), la accionante expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Su persona fue sometida a un proceso disciplinario, que fue signado con el número 109/2016, en el que se emitió la Sentencia Disciplinaria 92/2016 de 30 de septiembre, a través de la que se le sancionó por la comisión de la falta establecida en el artículo 187.14, de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025, de 24 de junio de 2010- motivo por el cual interpuso recurso de apelación en contra de esa Resolución, que fue resuelta por la Resolución DS-AP 506/2017 de 6 de noviembre, pronunciada por el Consejo de la Magistratura, que pese a sus reclamos y a los agravios claramente establecidos en su recurso de impugnación, este Tribunal de alzada no se pronunció de manera individual, congruente y motivada respecto a cada uno de ellos, y de forma pueril, decidió confirmar la Sentencia Disciplinaria apelada.
El acto ilegal, a criterio de la impetrante de tutela, se basa en el contenido de la Resolución DS-AP 506/2017, dictada por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, que no resolvió los agravios presentados por su parte, que fueron los siguientes:
- a)Falta de tipicidad, es decir, que los hechos por los cuales se decidió sancionarle no se subsumen a los hechos denunciados ni a la falta atribuida en razón a que ninguna parte de la causa se probó de manera concreta y objetiva la omisión, negativa o retardo indebido en la tramitación de la causa;
- b)Violación del principio de legalidad debido a que los hechos denunciados no se subsumen a una falta disciplinaria, solo constituyen infracciones administrativas menores que no se encuentran legisladas;
- c)Denunció que el Consejo de la Magistratura de su distrito no designó oportunamente al personal subalterno de su Juzgado, incurriendo en omisión, que se encuentra establecida en el art. 183.IV de la LOJ;
- d)Alegó la falta de fundamentación descriptiva, analítica, intelectiva de la prueba, que demuestren que su conducta se hubiera subsumido a la supuesta falta disciplinaria;
- e)Citó jurisprudencia referente a la falta de tipicidad (Resolución 52/2012 de 21 de diciembre); a la acreditación de la veracidad del hecho denunciado (Resolución 149/2013 de 5 de mayo); y sobre la inexistencia de antecedentes disciplinarios para que sea considerada como atenuante para establecer la sanción (Resolución 30/2013 de 4 de marzo). Pero la Resolución ahora impugnada no se pronunció sobre las mismas;
- f)Indicó la errónea valoración de la prueba, en la que se demostraba que su Juzgado (Juzgado 13) no contó con Secretario ni Auxiliar de apoyo por varias semanas, extremo acreditado por la Certificación 14/2017 de 11de enero extendida por la Jefatura de Recursos Humanos (RR.HH), del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de 11 de enero de 2017;
- g)Además de la carencia de personal, también se acreditó la carga procesal extrema que tampoco fue valorada; y,
- h)También alegó la escasa relevancia social del caso, ya que se trataba de un proceso seguido por conducción peligrosa sin víctima, extremos todos, sobres los cuales, no obtuvo una respuesta motivada.
Se advierte que dentro del recurso de apelación presentado, en cada agravio denunciado acreditó el error in indicando e in procedendo, por lo que correspondía que sean resueltos en forma motivada uno a uno; sin embargo, el Tribunal de apelación omitió pronunciarse sobre estos; señalo además que si las autoridades demandadas se hubiesen pronunciado de forma individualizada a cada agravio, y valorado tanto las pruebas presentadas, como los fundamentos desarrollados en estos, hubieran arribado a la conclusión de que su recurso se encontraba fundado, y en consecuencia, hubieran dispuesto que la Resolución apelada fuera revocada.
La Resolución DS-AP 506/2017 es incompleta, contradictoria e incongruente internamente, porque carece en su totalidad de una expresión clara de los motivos y condiciones de aplicación del fallo cuestionado, ya que solamente se limitó a citar que su impugnación está desordenada y que sus agravios serían incongruentes con su petición, por ello claramente no se ha motivado ni fundamentado del por qué llegaron a esa conclusión; por lo que, tal omisión de pronunciamiento implica una incongruencia citra petita, ya que no existe correlación entre lo decidido y los términos en que quedó oportunamente planteada la Litis.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
La accionante denunció la lesión de sus derechos fundamentales al debido proceso en sus componentes del derecho a la defensa, a ser oído, debida motivación, fundamentación y congruencia, establecidos en los arts. 115, 117.1, 119, 256.II de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, arts. 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
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