Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0846/2019-S2 Sucre, 17 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28853-2019-58-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución de 6 de mayo de 2019, cursante de fs. 152 a 158, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Celia Espíndola Correa contra Gualberto Carlos Uriona Cabrera, Elias Iriarte Panozo, Martín Álvarez Andia, Constancio Fernández, Julio Ramírez Cáceres, Celso Pozo Barbolin, Timoteo Iriarte Panozo, Hermógenes Orellana Panozo, Renato Barbolin, Celestina Correa, Felipa Chui Flores, Sandra Álvarez Andia, Honoria Quiñonez Orellana, Marcelina Caballero Argote, Esteban Meneses Correa; y, Rolando Soto, todos dirigentes del Sindicato Agrario Paccha.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 23 y 25 de abril de 2019, cursantes de fs. 33 a 37 vta.; y, 69 a 70, la accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Vive más de veinte años en la comunidad de Paccha perteneciente al municipio de Toco y es madre de dos hijos que estudian y dependen de ella, ya que su padre abandonó a su familia trece años atrás. En tal mérito, se vio obligada a trabajar arduamente y realizar viajes pues su principal actividad -entre otras- es el comercio de frutas y verduras; lo que provoca que ocasionalmente, se ausente de las convocatorias, reuniones y trabajos exigidos por el Sindicato Agrario Paccha al que está afiliada; provocando la imposición de multas -que incluso le vienen generando deudas-, amenazas y represalias en su contra.
El 9 de febrero de 2019, se trasladó a la localidad de Toro Toro por motivos laborales; y, a su retorno el 12 del mismo mes y año, encontró a la vaca de su propiedad muerta a cuatro metros del río; sin embargo, por el peso y volumen del cadáver, no fue posible moverlo ni enterrarlo. Posteriormente, le prendió fuego para deshacerse del cuerpo, en cumplimiento de la orden que le fue impartida por un servidor policial y una servidora edil; en razón de una denuncia interpuesta en su contra. Agregó que el 20 de igual mes y año, no asistió a una reunión del Sindicato, informando previamente al dirigente Martín Álvarez Andia sobre su imposibilidad de presentarse por tener programada la misma fecha una reunión del Consejo Educativo de la Unidad Educativa "Venerable Padre José Ambrosini" -a la que asisten sus hijos-; empero, en su ausencia, su domicilio fue allanado por los dirigentes del precitado Sindicato -ahora demandados-, quienes procedieron a cortar el agua por su inasistencia a la reunión mencionada -según le informaron a su hijo mayor que pretendió evitar el corte con súplicas-. Posteriormente, los precitados dirigentes, suprimieron el ingreso de agua de riego a sus terrenos, por lo que no contaba con agua de riego ni de pozo ni de tanque; transgresión que se mantuvo no obstante haber solicitado a) A los dirigentes la restitución del servicio;
- b)Al Alcalde la ayuda en igual sentido -empero por amenazas de los ya mencionados, dicha autoridad no intervino-;
- c)A los dirigentes provinciales (que refirieron que la controversia debía dirimirse por su similar regional), y regional -que no tenía tiempo-; y,
- d)A la Federación de Campesinos de Cochabamba, que se limitó a indicarle que debía ir a implorar a sus dirigentes para que le restituyan el servicio.
Bajo tales circunstancias hasta el momento de presentación de la acción tutelar, transcurrieron más de cincuenta y ocho días sin servicio de agua, llegando a afectar la alimentación de su familia y provocando inclusive que sus hijos dejen de asistir al colegio por falta de aseo. Finalmente, agregó que el 20 de febrero de 2019, mediante nota firmada por los demandados, se le comunicó que debía abandonar el lugar, otorgándole a tal efecto el plazo de treinta días; y, que su casa "...se quedaría como garantía..." (sic).
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Señala como lesionados sus derechos a la salud, a la petición, a la vida, al agua, al acceso a los servicios básicos, a la defensa y a la libertad de residencia, permanencia y circulación; citando a tal efecto los arts. 15, 16.I, 20.I, 21, 24 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Mostrando 14 de 66 parrafos.