0846/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)Se deje sin efecto el Memorándum UGRH-MDI- 92/2020 de 2 de julio;
2. b)La reincorporación a su fuente de trabajo;
3. c)El pago de sueldos devengados de febrero, marzo y abril de igual año, aguinaldo de dicha gestión y asignaciones familiares correspondientes a los subsidios de nacido vivo y de lactancia; y,
4. d)Sea con costas procesales y perjuicios.

El accionante a través de su abogado, ratificó el memorial de la acción de amparo constitucional y ampliándolo manifestó que:

1. 1)La vulneración de sus derechos se dio cuando intempestivamente el personal del INRA La Paz, le comunicó que su relación laboral feneció el 30 de septiembre de 2020, teniendo conocimiento de su inamovilidad laboral que gozaba; ya que, se encuentra amparado en el Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 febrero de 2009, por la existencia de su hija menor de un año, conforme cursa en el informe de 16 de diciembre de 2019 de la Dirección Departamental de la citada institución, el cual fue comunicado al entonces Director Nacional del INRA;
2. 2)Se incumplió con la entrega de las asignaciones familiares de natalidad y de lactancia, y también del aguinaldo de la gestión 2020, pese a los diferentes reclamos realizados; es decir, se vulneró el derecho fundamental del infante a tener una vida digna, reconocida en la Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad; de igual manera, sistematizado en la 0SC 1218/2011-R de 26 de septiembre y en otras posteriores; y,
3. 3)En cuanto al principio de subsidiaridad, no es necesario agotar previamente ninguna instancia; no obstante, presentó diferentes notas y memoriales de reclamo. Asimismo, solicitó "...la condonación en costas y gastos finales" (sic).

Eulogio Núñez Aramayo, Director Nacional a.i. del INRA, por intermedio de sus apoderados, presentó informe escrito el 4 de marzo de 2021, cursante de fs. 329 a 338, expresando que:

1. i)El peticionante de tutela tenía la calidad de personal eventual; dado que, los contratos que suscribió no fueron continuos, pues las cláusulas señalaban que no tiene lugar la tácita reconducción; en ese sentido, el art. 5.II del DS 0012, prevé que: "...La inamovilidad laboral no se aplicará en contrato de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra..." (sic);
2. ii)Era de conocimiento del prenombrado, que la potestad para emitir informes o determinaciones estaba a cargo de la Dirección Nacional del INRA; por lo que, el seguimiento a notas y contratos los debió realizar como corresponde ante esa institución, y no presentar misivas en oficinas que no tienen competencia;
3. iii)El solicitante de tutela no agotó el derecho de petición, tampoco la vía administrativa e incumplió el principio de subsidiariedad;
4. iv)De acuerdo al informe de RR.HH. -no indica fecha-, el aludido se negó a firmar el último contrato de la gestión 2020, con vigencia del 2 de julio al 30 de septiembre del referido año;
5. v)La continuidad de un servidor público eventual o temporal, así como, el pago de los beneficios dispuestos por ley, asignaciones familiares y/o bonos, y la cancelación del aguinaldo de fin de año, es de acuerdo a la capacidad presupuestaria, económica y financiera de la institución contratante;
6. vi)La relación laboral y la continuidad contractual del impetrante de tutela dependen del apoyo recibido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como financiador y de la prolongación del programa como tal;
7. vii)En razón a lo manifestado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió el Instructivo 002/2020 de 1 de diciembre, indicando que: "2 El tratamiento del pago del aguinaldo de fin de Navidad al personal eventual (partida 121) se sujetará a las normas que rigen la administración pública. Por lo que si bien el aguinaldo de navidad es un beneficio otorgado al trabajador por las normas laborales vigentes en el Estado sea para el sector público o privado, su otorgación en el caso de personal eventual dependerá principalmente de la capacidad financiera, lo saldos en presupuesto de las entidades contratantes y su regulación (para el sector público)..." (sic); y,
8. viii)Por cuestiones presupuestarias y por la naturaleza de las relaciones contractuales eventuales, la entidad pública no se encontraba obligada ni estaba en posibilidades de realizar contrataciones de forma indefinida, tal como expresó la SCP 0776/2017-S3 de 17 de agosto; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

En la audiencia de garantías agregó que:

1. a)El accionante tenía la calidad de personal eventual y sus contratos suscritos no fueron ininterrumpidos; pues, en cada uno de ellos existió recesos de varios días y se estableció el plazo de prestación del servicio; por ello, se le comunicó a través de una funcionaria, que el último de los mismos concluyo el 30 de septiembre de 2020; y,
2. b)No se puede hablar de despido injustificado e intempestivo; puesto que, para una recontratación se debe cumplir con lo previsto en el art. 14 del Reglamento de Contratación de Personal del INRA, que en lo fundamental señala que la misma se dará a requerimiento expreso de la unidad solicitante; la cual, corresponde a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y justificar la necesidad de la suscripción de un nuevo contrato; lo que, en el presente caso no sucedió.

Víctor Hugo Aliaga Gutiérrez, Director Departamental a.i. del INRA La Paz, mediante informe escrito presentado el 4 de marzo de 2021, cursante de fs. 355 a 358 vta., indicó que:

1. 1)El impetrante de tutela fue contratado por la Dirección Nacional del INRA, a través de Contratos de Prestación de Servicios de Personal Eventual C-08-0245-19 de 24 de septiembre al 20 de diciembre de 2019; C-08-0022-20 de 2 de enero al 30 de abril de 2020; y, A-08-0015-20 de 4 de mayo al 30 de junio del indicado año, todos con una fecha de inicio y culminación de la relación laboral, determinando expresamente en sus cláusulas cuartas que no procede la tácita reconducción;
2. 2)Asimismo, cursa en el file personal del prenombrado, el Memorándum UGRH-MDI- 92/2020 por el que fue designado como personal eventual en la Unidad de Titulación del INRA La Paz, hasta el 30 de septiembre de ese año; por tanto, no existió retiro injustificado ni ilegal;
3. 3)Si bien, el aludido tenía contratos firmados -en los que existe cláusulas que determinaban el periodo laboral- de forma voluntaria y espontánea con la citada entidad, esta comunicó de manera escrita por CITE: INRA-DDLP-UDAF-RRHH-EXT 963/2020- no indicó fecha-, la conclusión de la comisión en dicha institución;
4. 4)El art. 5.II del DS 0012, dispuso que: '"la inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales eventuales o en contratos de obra salvo en que las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir en alcance de esta norma precepto que se encuentra vigente y no fue modificado o abrogado por ninguna norma expresa y tampoco fue declarado inconstitucional"' (sic);
5. 5)El art. 4 del Reglamento de Contratación de Personal Eventual del INRA, sostiene que son considerados como personal eventual las personas naturales con capacidad jurídica, que tienen relación de dependencia con la institución, en virtud de la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo con carácter transitorio de dedicación exclusiva; en tal razón, sus derechos y obligaciones estaban regulados en el contrato; por lo que, no estaban sometidos a disposiciones aplicables a funcionarios de carrera y al personal de planta, cuyas actividades son compatibles con los objetivos y políticas de la entidad;
6. 6)La presente acción de defensa resultaba improcedente por incumplimiento del principio de subsidiariedad, en tanto el impetrante de tutela no agote previamente todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico; y,
7. 7)El aludido al haber interpuesto este mecanismo constitucional contra el INRA La Paz, no consideró que era personal dependiente de la oficina nacional, tal cual demostraron los contratos administrativos presentados; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 48/2021 de 11 de marzo, cursante de fs. 374 a 381, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El accionante estaba sujeto a una relación de trabajo de tiempo fijo y de carácter eventual;
2. ii)En el caso del trabajador varón, por su condición de progenitor, la inamovilidad laboral no esa absoluta; pues, quien pretende acogerse a la misma, debe cumplir los requisitos previstos en el DS 0012; sin embargo, dicha inamovilidad no resulta aplicable en contratos de trabajo que por su naturaleza fueron temporales, eventuales o de obra;
3. iii)Durante la vigencia de esa relación contractual, el prenombrado tiene el derecho a percibir los beneficios colaterales y subsidios que previó la ley, como son el prenatal y los que hacen a la seguridad social;
4. iv)En observancia del art. 71 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), el peticionante de tutela se constituyó en funcionario provisorio o accidental, cuya relación laboral deviene de 2017, con la firma de diferentes contratos, bajo la modalidad de trabajador eventual y por un tiempo determinado; y si sucedió que su esposa se encontrase en estado de gestación, tiene derecho al reconocimiento de las mencionadas prestaciones y las que hacen a la seguridad social, mientras dure la relación contractual; y,
5. v)Se estableció que hasta el 30 de septiembre de 2020, se cumplieron todos los subsidios; y que posteriormente, cuando la entidad quiso cambiarle a la modalidad de consultor, ello fue rechazado por el aludido; lo que, no hace factible atender la inamovilidad reclamada, emergente de la existencia de una hija menor de un año de edad, cuando el vínculo laboral feneció.

II.1. Constan los siguientes Contratos de Prestación de Servicios de Personal Eventual,:

1. a)C-03-0091-17 de 2 de febrero de 2017;
2. b)Adendum de 28 de igual mes y año;
3. c)Adendum de 31 de marzo del indicado año;
4. d)C-04-0001-18 de 2 de enero de 2018;
5. e)Adenda A-04-0039-18 de 30 de abril del señalado año;
6. f)Adenda A-04-0091-18 de 31 de agosto del referido año;
7. g)C-04-0046-19 de 3 de enero de 2019;
8. h)Adenda A-04-0015-19 de 17 de abril del mencionado año;
9. i)C-08-0245-19 de 24 de septiembre del citado año;
10. j)C-08-0022-20 de 2 de enero de 2020;
11. k)A-08-0015-20 de 4 de mayo del indicado año; y,
12. l)C-01-0265-20 de 2 de julio del mismo año, suscritos entre Raúl García Huanaco -ahora accionante- y el INRA, este último Contrato para la prestación del servicio de Profesional III Técnico de la Unidad de Saneamiento Regional Altiplano dependiente de la Dirección General de Saneamiento y Titulación de la Dirección Nacional de dicha entidad, vigente desde esa data hasta el 30 de septiembre del indicado año (fs. 135 a 163 y 231 a 233).

Segundo, los contratos a plazo fijo no implican necesariamente que una vez vencido el término pactado, el trabajador deba indefectiblemente cesar en sus funciones, por cuanto podría suceder alguna de las situaciones que las siguientes disposiciones prevén:

1. a)el art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo fijo se produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio;
2. b)la RM 283/62 de 13 de junio de 1962, señala que el contrato de trabajo podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza c) si bien la RM 193/72 de 15 de mayo de 1972, establecía que los contratos de trabajo pactados sucesivamente por un lapso menor al término de prueba o por plazos fijos que sean renovados periódicamente, adquirirán la calidad de contratos a plazo indefinido a partir de la segunda contratación y siempre que se trate de realización de labores propias del giro de la empresa, no es menos cierto que el art. 2 del DL 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, como tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la empresa, en caso de evidenciarse la infracción de estas disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe advertir que prevalece lo dispuesto por el DL 16187 -que prohíbe más de dos contrataciones a plazo fijo- al tratarse de una norma de superior jerarquía que la RM 193/72, que determinaba que desde la segunda contratación los contratos a plazo fijo adquieren la calidad de indefinidos; empero, subsiste la última parte de dicha Resolución Ministerial, referida a que en todo caso debe tratarse de la realización de labores propias del giro de la empresa.