Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0847/2019-S1 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 28392-2019-57-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 010/2019 de 21 de marzo, cursante de fs. 1106 a 1112, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gonzalo Vargas Yabeta contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizú, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la acción
Por memorial presentado el 20 de febrero de 2019, cursante de fs. 551 a 566, el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 9 de mayo de 2016, Jesús Laín Alvarado Gualuo, interpuso demanda ordinaria de "...nulidad de contrato de venta con pacto de rescate, escritura pública y cancelación de inscripción de registro en derechos reales, más pago de daños y perjuicios..." (sic), en su contra y otro, la cual se refirió a la actualización de su demanda de usucapión en ejecución de sentencia con relación al inmueble inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la matrícula 8.01.1.01.0013998; no obstante, en la aludida demanda de usucapión solo se hizo alusión a la urbanización Universitaria, lote 60, manzano 1, prolongación Tacuaral, sin indicar con precisión la calle, medidas, superficie, colindancias, menos la matrícula mencionada; en ese entendido, contestada dicha demanda de nulidad, en audiencia preliminar se fijó el objeto de la prueba, siendo un punto a demostrar por el demandante, la simulación con motivo y causa ilícita de la venta del inmueble; posteriormente, habiéndose sustanciado el proceso, el Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Beni, pronunció la Sentencia 100/2017 de 15 de mayo, declarando improbada la demanda de nulidad, al no existir prueba de que su persona haya actuado de mala fe, no existiendo la simulación en los documentos demandados de nulidad.
Contra esa decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, cuestionando que no demandó como causal de nulidad la simulación del motivo y causa ilícita en la venta del bien inmueble, que la Sentencia 100/2017 tendría contradicciones; y, que en el proceso de usucapión se declaró probada su demanda; en conocimiento de dicho recurso, los Vocales de la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitieron el Auto de Vista 164/2017 de 14 de agosto, por el que revocaron la indicada Sentencia y declararon probada la demanda principal y la cancelación de los Asientos registrados por su persona en la matrícula 8.01.1.01.0013998; en virtud a ello, interpuso recurso de casación contra esa determinación, que fue resuelto por , que declaró infundado dicho recurso, basándose en un proceso de usucapión, sin entrar al fondo ni considerar la verdad material de la Sentencia emitida en el proceso de usucapión.
Por lo expuesto precedentemente, denuncia como primera ilegalidad, que el Auto Supremo cuestionado carece de congruencia y motivación, al inferir sin ningún dato procesal relevante y concreto, cuál sería el derecho de propiedad del demandante, para sostener la ilegalidad de los documentos demandados de nulidad; es así que:
- a)"De la interpretación realizada en el punto 1.- Y que tiene similitud con el punto 5..." (sic), se tiene que la labor interpretativa efectuada por los Magistrados demandados resulta insuficientemente motivada, absurda y con error evidente, porque la escritura pública adquirió eficacia después de más de cuatro meses de ejecutoriada la Sentencia emitida en el proceso de usucapión (10 de octubre de 2012), y, fue inscrita en DD.RR. en la matrícula 8.01.1.01.0013998, mas propiamente en los Asientos A-2 de 19 de febrero de 2013 y A-3 de 26 de septiembre de 2014, este último después de más de once meses de ejecutoriada la referida Sentencia, sin que haya alguna restricción para su inscripción; por lo que, resulta absurdo establecer que el acontecimiento contractual notarial, no resiste a la fuerza y eficacia erga omnes del instituto de la usucapión supuestamente conquistada en los moldes del debido proceso.
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