Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0851/2019-S1 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 28431-2019-57-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 31/2019 de "5 de abril" -siendo lo correcto 4 de abril-, cursante de fs. 85 a 89 vta., dentro de la acción de amparo constitucional, interpuesta por Beatriz Cortez Vásquez contra Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espáda, Consejeros del Consejo de la Magistratura; e, Ingrid Peláez Mamayeff, Jueza Disciplinaria Primera de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Mediante memoriales presentados el 28 de febrero y el 12 de marzo, ambos de 2019, cursante de fs. 16 a 25 vta.; y, 29 a 33 vta., la accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Walter Altamirano Caro, interpuso denuncia en su contra, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, procesándole por la presunta comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. "187 núm. 4" de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 junio de 2010-, denuncia que fue procesada por la Jueza Disciplinaria Primera de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, quien emitió la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 08/2018 de 26 de abril, declarando PROBADA la referida denuncia, imponiéndole la sanción de suspensión de un mes sin goce de haberes. Dicha Resolución fue objeto de impugnación ante la Sala Plena del Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, alegándose que la misma carecía de congruencia, motivación y fundamentación; impugnación que luego de los tramites de ley fue resuelta mediante Resolución SP-AP 334/2018 de 6 de noviembre, que determinó CONFIRMAR el fallo de primera instancia, manteniendo incólume el mismo. La accionante señala que dichas Resoluciones vulneran sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, pues, carecen de fundamentación y motivación lesionando así el debido proceso. Asimismo, alega que las autoridades demandadas, no efectuaron una correcta subsunción ni aplicaron el principio de máxima taxatividad de la Ley, que exige de los legisladores el máximo esfuerzo de precisión en su redacción; y que los juzgadores realicen en su interpretación una correcta adecuación a la norma, tomando en cuenta los elementos constitutivos y los verbos rectores. Afirma que las autoridades demandadas desconocen que esta exigencia de certeza o determinación de la ley forman parte esencial del principio de legalidad; siendo que toda autoridad está obligada a aplicar en sus razonamientos estos principios como regla del derecho y que las mismas además de apartarse de forma discrecional y bajo un criterio ambiguo y arbitrario no aplica el principio de taxatividad. Un claro ejemplo en el que se produce el incumplimiento del principio de taxatividad es el que se da en las normas abiertas; sin embargo, en el art. 187.14 de la Ley LOJ, tiene una redacción estricta que no da lugar a interpretaciones análogas o subjetivas, no pudiendo en su interpretación, establecer la concurrencia de una dicotomía como es la existencia de dolo y culpa, aberración en su interpretación realizada por las autoridades demandadas. Respecto a los antecedentes y exposición de elementos propios a la lesión del derecho a la fundamentación vinculada a la inaplicabilidad correcta análoga y vinculante de jurisprudencia de orden constitucional, señala que de la revisión de la Resolución SP-AP 334/2018, se colige la supuesta aplicación de las siguientes líneas jurisprudenciales ; ; , ; "2039/2012"; y las ; "0052/2012 de 9 de julio"; 0527/2015-S3; 0553/2017-S1 de 31 de mayo; 0659/2017-S3, 0405/2012; 0666/2012; que fueron nombradas, pero no refirieron su carácter vinculante y su aplicación análoga, dejando en detrimento el derecho a una debida fundamentación. Con referencia a la falta de motivación refiere que de la lectura de la Resolución Administrativa de Primera Instancia 08/2018, así como de la Resolución de Segunda Instancia SP-AP 334/2018, se observa que existe una imprecisa subsunción de calificación disciplinaria a la conducta de la impetrante de tutela; así la subsunción para los denominados casos fáciles y la ponderación para los casos difíciles, en los cuales cobran especial relevancia las normas ius fundamentales de carácter principalista en el marco de una Constitución con fuerza normativa. Reitera que tanto la Jueza Disciplinaria Primera de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, como los Consejeros de la Sala Plena del Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, en sus resoluciones, no realizaron una verdadera subsunción a la falta disciplinaria; a la conducta desplegada por la investigada, que más allá de la subsunción previa se debe hacer un análisis de ponderación de antecedentes vinculados a establecer límites a la prosecución disciplinaria; es decir, que al haber establecido que en su condición de Vocal de Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, debe dar prioridad a derechos y garantías de los grupos en riesgo, este aspecto que no fue ponderado por las autoridades demandadas; es entonces que dichas autoridades de forma errada han establecido dentro de la falta disciplinaria la concurrencia del dolo y la culpa como elementos subjetivos, ya que bajo ninguna percepción una falta disciplinaria que no esté íntimamente relacionada con sus componentes de dolo y culpa puede servir de un acto ampliatorio y discrecional de concurrencia de elementos inexistentes ya que esa falta disciplinaria tiene como elemento subjetivo el dolo; por otro lado, dentro la redacción emitida por el legislador se encuentra la palabra "indebido" percepción que debió ser motivada en su plenitud a momento del razonamiento. Tampoco se realizó por parte de las autoridades demandadas una correcta subsunción a alguno de los verbos rectores que hacen a la falta disciplinaria, elementos tan básicos que necesariamente deben ser demostrados para determinar una conducta contraria a la Ley. En cuanto a antecedentes y la exposición de elementos propios a la lesión del derecho a la motivación y fundamentación vinculada también a una ampliación doctrinal, señalando sus alcances, refiere que, el razonamiento establecido en las resoluciones observadas, establecen una falta de fundamentación, pues omiten señalar de forma correcta, objetiva y razonable los preceptos que llevaron a las autoridades demandadas a las determinaciones asumidas; en el caso en estudio las autoridades demandadas, no efectuaron una motivación como elemento configurativo del derecho al debido proceso que:
- a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales;
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos facticos pertinentes;
- c)Describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto;
- d)Detallar de forma individualizada los medios de prueba aportados por las partes procesales; y,
- e)Debe valorar de manera concreta y explicita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad, aspectos que no fueron realizados por las autoridades demandadas. I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados La accionante alegó la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación; al trabajo; y, a la tutela judicial efectiva; la vulneración de los principios de máxima taxatividad, dignidad y legalidad, citando al efecto el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la nulidad de la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 08/2018 de 26 de abril; así como la Resolución de la Sala Plena del Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia SP-AP 334/2018 de 6 de noviembre; y, en consecuencia las autoridades demandadas, a su turno, emitan nuevo pronunciamiento. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 4 de abril de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 84 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción La peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó los términos de su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliando los fundamentos de la misma manifestó que:
- 1)El Consejo de la Magistratura está siendo defenestrado por este tipo de actos perjudiciales, porque no se puede pasar de vista que se han establecido diferentes tipos de sanciones sin fundamentos lógicos válidos sin que tengan entendimientos jurisprudenciales, en el caso concreto de la hoy impetrante de tutela cómo es posible que ambas instancias establecieron la concurrencia de un elemento subjetivo de duplicidad; es decir, que adviertan la existencia tanto de dolo y culpa, lo cual no es viable; nosotros bajo ninguna circunstancia podemos permitir que estas autoridades excedan la aplicación o establezcan análisis de razonamientos análogos a conductas que no se subsumen de manera correcta;
- 2)La falta disciplinaria cuenta con tres verbos rectores a la cual debe subsumirse; omitir, negar o retardar, hay otro elemento que el legislador ha establecido la palabra indebido; estos elementos no fueron tomados en cuenta, las conductas contrarias a la ley deben ser necesariamente expresadas bajo razonamiento e interpretación lógica;
- 3)La motivación es la exigencia que todas las autoridades administrativas y judiciales deben exponer una carga de valoración de los elementos probatorios y la Jueza Disciplinaria -ahora codemandada-, realizo una mención de los elementos de prueba, pero no estableció una carga interpretativa de valoración de la prueba; y que hizo el Tribunal de alzada mediante la Resolución SP-AP 334/2018, erigió una validación de esos antecedentes;
- 4)Por ello se determinó una sanción de un mes de suspensión, ausente de motivación, fundamentación y contrarias al imperio de la ley, sin hacer una correcta aplicación de la norma;
- 5)Por otro lado, ambas Resoluciones de primera, como de segunda instancia refieren Sentencias Constitucionales sin establecer la lógica interpretativa, no se ha dado cumplimiento al art. 203 de la CPE, como un elemento de carácter imperativo, las sentencias son obligatorias; empero, deben demostrar que las mismas son análogas, estamos supliendo elementos constitucionales por simples menciones, hechos sin relevancia, sin aplicación del tema de la analogía, lo cual, no puede ser permisible;
- 6)Se debe disponer en consecuencia que las Resoluciones de primera y segunda instancia, queden nulas y pueda disponerse la emisión de un nuevo fallo responsable con el cumplimiento de todas estas exigencias legales; y,
- 7)Tiene que realizarse un juicio de ponderación, de equilibrio de bienes jurídicos, elemento importante que no fue tomado en cuenta por ninguna de las autoridades demandadas; "...mi cliente como usted bien sabe es una Vocal de Corte, tiene audiencias todo el día..." (sic), da prioridad a administrar justicia en grupos de riesgo, personas con detención preventiva, mujeres, niños, adolescentes, pero estos elementos no fueron motivados; por último la aplicación correcta de la disposición de la falta disciplinaria es un límite del poder del Estado, no podemos actuar sin subsunción, sin vinculación al verbo rector, sin aplicación analítica interpretativa de la palabra indebido, máxime si no se han identificado ningún detrimento, ningún bien jurídico de terceros de la administración de justicia, en estos elementos debieron haber basado su razonamiento las autoridades ahora demandadas. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Dolka Vanessa Gómez Espada y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura; en audiencia, a través de su representante legal, solicitaron dar lectura al informe elaborado, (no consta en obrados), señalando que existe la fundamentación y la motivación que extrañan los recurrentes. Ingrid Peláez Mamayeff, Jueza Disciplinaria Primera de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, pese a su legal notificación tal cual consta en diligencia cursante en fs. 70, no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia de amparo constitucional. I.2.3. Intervención del tercero interesado Walter Altamirano Caro, pese a su legal notificación tal cual consta en diligencia cursante a fs. 71, no presentó informe escrito, ni asistió a la audiencia de amparo constitucional. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 31/2019 "5 de abril de 2019"-siendo lo correcto 4 de abril-, cursante de fs. 85 a 89 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos:
- i)La accionante pretende la nulidad de la Resolución dictada en primera y segunda instancia, y sus aseveraciones se centran en la conculcación de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, en razón a que las autoridades -ahora demandadas- al subsumir su conducta en el art. 187.14 de la LOJ, no realizaron una adecuada utilización de los principios de máxima taxatividad y legalidad, no ponderaron la situación de que como Vocal de un Tribunal Departamental conoce causas que ameritan mayor atención como los relacionados a grupos de atención prioritaria; (mujeres, niños, ancianos, etc.); empero, en su extensa explicación doctrinal, no cuestiona el hecho demostrado en la sentencia de primera instancia, que fue ratificado en la resolución de alzada, que es la raíz de ésta acción de defensa, máxime si se pretende una nulidad que conllevaría a una "no sanción" por una falta disciplinaria demostrada y que no fue desvirtuada en juicio, por la ahora impetrante de tutela; en consecuencia, la otorgación de tutela supondría una ineficaz, innecesaria reactivación de la instancia disciplinaria, pues, no cambiaría el fondo de una decisión ya asumida, que resultaría oficioso y carecería de relevancia constitucional;
- ii)Es pertinente traer a colación un aspecto importante sobre la ponderación, en ese entendido quienes imparten justicia deben estar sujetos a la búsqueda insaciable de la materialización de los derechos y garantías en el marco de los principios y valores consagrados en nuestra Norma Suprema, es así que, resulta insoslayable que las autoridades den estricto cumplimiento a los principios que rigen la impartición de justicia, los cuales están señalados en el art. 178.I de la CPE;
- iii)En el caso de autos, se comprobó la demora de más de un año en la resolución de una causa que consignaba como plazo máximo, diez días;
- iv)Realizada un ponderación de derechos en el presente caso, la peticionante de tutela señala que debido a la sanción impuesta en su contra, su dignidad y la de su familia se vería mermada, así también su derecho al trabajo, pero veamos la otra cara de la moneda, dentro de un proceso penal, el bien jurídico protegido es la libertad, que como derechos conexos estarían la dignidad y la salud; que un recurso de apelación significa una disconformidad del recurrente, que independientemente de su resultado debe ser atendido con la debida celeridad y prontitud posible; y,
- v)Que su dilación injustificada mermaría su derecho a una posible resolución de su situación jurídica (libertad), que la retardación implicaría un nudo en la normal tramitación de un proceso que sin lugar a dudas va en desmedro del derecho al acceso a la justicia, aspecto que dejaría en una situación de incertidumbre total a quienes acuden a la justicia en todos sus ámbitos (ordinaria, administrativa, agroambiental) contrariando de esa manera la aplicación de los principios que rigen la impartición de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia; por lo que, el Tribunal de garantías considera que la accionante debió observar estas apreciaciones. II. CONCLUSIONES Del análisis y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 08/2018 de 26 de abril, emitida por la Jueza Disciplinaria Primera de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, a través de la cual declaró probada la denuncia disciplinaria contra Beatriz Cortez Vásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, hoy accionante, por la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ; concluyendo que su conducta se enmarca en la falta disciplinaria grave descrita en el citado artículo, imponiéndole en consecuencia la sanción de suspensión de un mes del ejercicio de sus funciones sin goce de haberes (fs. 9 a 15). II.2. La Sala Plena del Consejo de la Magistratura constituida en Sala Plena del Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia, integrada por Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros de la Magistratura, hoy codemandados, por Resolución SP-AP 334/2018 de 6 de noviembre, resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 08/2018, y declaró probada la denuncia interpuesta en contra de la impetrante de tutela, por la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ; imponiéndole la suspensión de un mes del ejercicio de sus funciones, sin goce de haberes, bajo los siguientes fundamentos: CONSIDERANDO III (HECHOS QUE MOTIVAN LA IMPUGNACION). Contra la referida Resolución Disciplinaria, Beatriz Cortez Vásquez, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, interpone en tiempo hábil el recurso de apelación expresando los siguientes agravios:
- a)Que, de la revisión del memorial de denuncia, se advertiría que no existe mención expresa de la norma de procedimiento que se habría incumplido y que generaría retardación indebida, indica que ese defecto en la denuncia no podía ser suplido por la autoridad disciplinaria quien debió haber solicitado al denunciante la aclaración correspondiente y al no haberse hecho tal observación, se habría procesado una investigación oficiosa y se sancionó sobre una base fáctica incompleta que vulnera garantías constitucionales (sic). Asimismo indica que se le debió haber procesado por la falta "grave" prevista en el numeral 9 y no por el numeral 14 del art. 187 de la LOJ, porque el fundamento de la Resolución de primera instancia no haría referencia a la causal contenida en el numeral 14, sino, al numeral 9 del art. 187 de la citada; por lo que, se habría incurrido en incorrecta calificación del hecho que conculca su derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE; y,
- b)Que tampoco se puede adecuar su conducta a la falta prevista en el art. 187 núm. 9 de la LOJ, por inexistencia absoluta del componente intencional, pues, no se hubiera probado la existencia de dolo o negligencia en el hecho que sustenta la denuncia, para señalar que la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 08/2018, vulnera el debido proceso por carecer de fundamentación y motivación respecto a los elementos que configuran la falta disciplinaria, defecto conocido como "motivación insuficiente", citando varias Sentencias Constitucionales.
CONSIDERANDO V (ANALISIS DEL CASO CONCRETO). En respuesta a los agravios que la recurrente manifestó en su memorial de apelación, se procede a responderlos de acuerdo a la sistematización que de ellos se efectuó en considerando III de la presente Resolución, en los siguientes términos: 1). Sobre los agravios resumidos en el punto 1 del considerando III. "La recurrente refiere que en la denuncia, no existe mención expresa de la norma de procedimiento incumplida y que generaría retardación indebida, defecto de la denuncia que no podía ser suplido por la autoridad disciplinaria y debió haber solicitado al denunciante la aclaración correspondiente y que al no hacerlo se habría procesado una investigación oficiosa y se sancionó sobre una base fáctica incompleta que vulnera garantías constitucionales" (sic); Asimismo, indica que se le debió haber procesado por la falta grave del numeral 9 del art. 187 de la LOJ, porque el numeral 14 es para el personal de apoyo jurisdiccional; que el fundamento de la Resolución de primera instancia no haría referencia al citado numeral 14; por lo que, se hubiera incurrido en una incorrecta calificación del hecho que conculca derechos y garantías constitucionales como el derecho a la defensa y al debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE. Al respecto, no se observa que la Resolución de Primera Instancia haya vulnerado el debido proceso en su vertiente derecho a la defensa, señalando el alcance de la "", resaltando que el debido proceso "se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia; en suma se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos o tenga que determinarse una responsabilidad; de donde se entiende que la garantía del debido proceso no solo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo (entendimiento asumido en la SC 1562 de 11 de octubre)" (negrillas y subrayado pertenecen al texto original). En el caso de autos, se evidencia el cumplimiento del debido proceso, puesto que la disciplinada fue notificada con todas las actuaciones procesales, ofreció su informe y prueba e hizo uso del recurso de apelación. Asimismo, cabe sobre el particular recordar que la interposición de un recurso de apelación impone la carga de identificar los fundamentos de hecho y/o derecho sobre la que asienta su impugnación, en este caso en concreto vinculadas al debido proceso y a la supuesta vulneración de los principios indicados, señalando que en el primer punto, los elementos de prueba omitidos o valorados defectuosamente, cuya relevancia sea gravitante para la decisión; y en el segundo la especificación con la debida carga argumentativa de las normas legales adjetivas o sustantivas que hubiesen sido objeto de inobservancia mala interpretación o indebida aplicación, puesto que la recurrente se limitó a manifestar su desacuerdo con la denuncia y la falta, expresando argumentaciones por demás genéricas, observando que no identifica elementos concretos de análisis y peor establece la necesaria relación de causalidad entre los hechos que juzga incorrectos y la decisión asumida, aspectos que impiden a este Tribunal Constitucional Plurinacional ingrese en mayores consideraciones en lo concerniente al análisis de este supuesto agravio; 2) Sobre los agravios resumidos en el punto 2 Considerando III: "Indica que su conducta no se podría adecuar a la (falta) prevista en el art. 187.9 de la LOJ, por inexistencia absoluta del componente intencional, pues no se habría probado la existencia de dolo o negligencia, para posteriormente señalar que la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 08/2018 vulnera el debido proceso porque carece de fundamentación y motivación por "motivación insuficiente" para concluir citando varias sentencias constitucionales. No corresponde referirnos sobre este punto; toda vez que, la disciplinada no ha sido denunciada por la falta prevista en el numeral 9 del art. 187 de la LOJ. Con relación a la vulneración al debido proceso en su vertiente fundamentación y motivación, señala el contenido del art. 23 del "Reglamento de Régimen disciplinario aprobado por Acuerdo 109/2015": "Las resoluciones emergentes del proceso disciplinario serán fundamentadas. Expresaran los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones, como el valor otorgado a los medios de prueba"(sic), debiendo entenderse por motivación y fundamentación a los hechos que se detallan con precisión y que son la base y fundamento del fallo y no a un relato ampuloso de hechos y utilización de términos jurídicos que no lleven a nada concreto.
De la revisión de la Resolución de Primera Instancia, se extrae que en el Considerando II la Jueza Disciplinaria Primera de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura realizó una efectiva valoración de la prueba, cumpliendo de esa manera con la motivación fáctica, para luego en el Considerando III fundamentar su decisión, señalando que se habría acreditado que Walter Altamirano Caro, al amparo del art. 403 del Código de Procedimiento Penal (CPP), interpuso el recurso de apelación incidental contra la Resolución dictada por el Juez de Instrucción Penal Quinto de similar departamento, que declara procedente la extinción de la acción penal por prescripción "Auto Interlocutorio Motivado 57/2015 de 4 de febrero", mediante memorial presentado el 12 de febrero de 2015.
Que realizado el sorteo correspondiente a través del Sistema Informático, el caso fue asignado a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitiéndose el Auto de radicatoria del proceso a objeto de conocer y resolver el recurso, en fecha 29 de septiembre de 2015, conforme al art. 406 del CPP. Que ante la falta de pronunciamiento sobre el recurso de apelación incidental; no obstante, el tiempo transcurrido, Walter Altamirano Caro, se apersonó ante la Sala Penal Primera de Tribunal Departamental de Justicia de similar departamento, por memorial presentado el 6 de febrero de 2017 y solicitó la "resolución inmediata y oportuna bajo el principio de celeridad del recurso planteado", recibiendo la respuesta del Tribunal: "Téngase por apersonado y hágase conocer ulteriores actuados, se tiene presente". La Distribución del caso a Vocal Relator se operó el 30 de marzo de 2017, recayendo la responsabilidad de la Resolución en Beatriz Cortez Vásquez..." (sic), advirtiéndose que la asignación del Recurso de apelación a la Vocal relatora, se hizo efectiva en la señalada fecha, aproximadamente un año y medio después de radicada la causa en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, fecha a partir de la cual se inicia el cómputo del plazo legal de diez días hábiles, conforme dispone el art. 406 del mismo cuerpo legal, para que la Vocal Relatora, emita la respectiva Resolución, sin que hasta el 11 de abril de 2018, a más de un año de la distribución del caso, éste haya sido resuelto, aspectos estos que fueron considerados por la Autoridad Disciplinaria -ahora demandada-, que concluyó que la autoridad judicial denunciada ha subsumido su conducta en la falta establecida en el art. 187.14 la LOJ en su componente: Retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo; de igual manera, cita las SCP "075/2017-S3" de 24 de febrero, la , citada y reiterada por las , , y , , , , entre otras; a partir de lo descrito, se evidencia que la resolución explica, aunque no de manera abundante, las razones de la decisión, valorando los antecedentes normativos y fácticos del caso, para que a partir de ellos, arriben a la decisión de declarar PROBADA la denuncia planteada en contra de la autoridad disciplinaria, no identificándose por ello, vulneración al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación; con relación a la falta disciplinaria, citó la , que ha realizado una interpretación respecto de los numerales 9 y 14 del art. 187 de la LOJ señalando que el primero (núm. 9) señala: "Incurra en demora dolosa y negligente en la admisión y tramitación de los procesos o por incumplir los plazos procesales en providencias de mero trámite" (sic); y el numeral 14 "Omitir, negar o retardar indebidamente la tramitación de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que están obligados" (sic). La primera conducta sancionable no dio lugar a la duda u oscuridad en su interpretación, pues, para su configuración simplemente requiere que se haya producido una demora, ya sea por dolo o culpa o que se haya emitido una providencia fuera del plazo previsto; la segunda, se configura como una infracción de simple comisión; pero la tercera conducta referida a "retardar", que dio lugar a la vulneración de derechos y garantías constitucionales de funcionarios judiciales por su forma de aplicación, lo cual, justifica la consideración que se expone. A efecto de fundamentar el criterio que pretende sostener, se considera que el buen desempeño de la función judicial supone que las autoridades judiciales, realicen diligencias con la mayor "diligencia" posible. En relación a tal entendimiento, Carolina Rodríguez Bejarano, cita el artículo denominado "El plazo razonable en el marco de las garantías Judiciales en Colombia" (sic); y, por lo abundantemente expuesto, habiendo analizado los puntos de agravio planteados en la apelación y examinando objetivamente cada uno de los elementos presentados, ofrecidos y producidos en calidad de prueba, corresponde a este Tribunal emitir el fallo de segunda instancia, conforme se dispone en el art. 113.1 del Reglamento de Procesos Disciplinarios, mediante Acuerdo 109/2015 (fs. 3 a 8 vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; los principios de máxima taxatividad, dignidad y legalidad; alegando que dentro del proceso disciplinario seguido en su contra:
- a)La Jueza Disciplinaria Primera de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, a través de su Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 08/2018 de 26 de abril, declaró probada la denuncia mediante una incorrecta subsunción a los principios de máxima taxatividad y dignidad de la ley y una interpretación incorrecta de la norma;
- b)Una vez apelada la misma, los Consejeros de la Sala Plena del Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, mediante Resolución SP-AP 334/2018 de 6 de noviembre, confirmaron dicha sanción declarando probada la denuncia por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ, disponiendo su suspensión por un mes sin goce de haberes, emitiendo una Resolución carente de motivación y fundamentación concerniente a:
- b.1)La aplicación indebida de la subsunción en detrimento del principio de máxima taxatividad de la ley;
- b.2)La interpretación incorrecta de la norma tomando en cuenta los elementos constitutivos y verbos rectores del tipo disciplinario a sabiendas que forma parte esencial del principio de legalidad;
- b.3)La vinculatoriedad de las líneas jurisprudenciales ; ; , ; "2039/2012"; y las ; "0052/2012 de 9 de julio"; 0527/2015-S3; 0553/2017-S1 de 31 de mayo; 0659/2017-S3, 0405/2012; 0666/2012; y,
- b.4)La concurrencia errada del dolo y la culpa como elementos subjetivos de la falta disciplinaria. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. El debido proceso la fundamentación y motivación de las resoluciones La , sobre esta figura señaló: "Al respecto la , sostuvo que: ´De igual forma, es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la , que ampliando el entendimiento de la señaló lo siguiente: '(...) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas" (las negrillas nos pertenecen). De la misma forma y a mayor abundamiento debemos considerar lo desarrollado al respecto por la , refiriéndose también a la , que determinó lo siguiente: '"El debido proceso, a partir de la comprensión de los diferentes instrumentos normativos de orden internacional, se nutre de diferentes componentes; así, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales constituyen sus elementos preponderantes y persiguen tres fines específicos a saber; primero, permite que los Tribunales de instancia superior efectúen el respectivo control al fallo impugnado, habida cuenta que, a partir de una clara explicación de los motivos y razones para decidir en una u otra forma, las partes podrán interponer las respectivas impugnaciones y, a falta de ello el afectado estará en la imposibilidad de precisar contra qué criterios o conceptos dirigirá su impugnación; segundo, que el justiciable adquiera seguridad, confianza y convencimiento en la decisión asumida por la autoridad encargada de impartir justicia, que conlleve a comprender con meridiana claridad los motivos y razones que pudieron haber guiado a la autoridad para decidir en una determinada forma; asimismo, apreciar qué circunstancias y elementos de hecho y derecho fueron tomados en cuenta por el juzgador y, si las alegaciones y proposiciones probatorias fueron consideradas, explicando con meridiana claridad el valor que merecieron los mismos; y, tercero, pretende hacer públicas las razones que le asistieron al juzgador para fallar en un determinado sentido, a fin de que el ciudadano común comprenda la razón de la decisión, porque de ellos deviene la facultad de impartir justicia, conforme estipula el art. 178. I de la CPE'. De igual forma la citada Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto al elemento específico de la motivación y fundamentación de las resoluciones, y por ende al contenido que debe tener toda resolución judicial o administrativa para ser considerada motivada y fundamentada, precisó: ´En el contexto de lo señalado precedentemente, la motivación no significa la mera "...exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas" (), reiterado en las y y, en similar sentido la . Con relación a la materia objeto de análisis, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la , señaló que: '...el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (...) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'. Posteriormente, siguiendo los lineamientos citados precedentemente, la , a tiempo de citar los entendimientos de las y , precisó: 'Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado' Asimismo, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, en cuanto a la obligación de fundamentar y motivar las decisiones judiciales por las instancias de impugnación también refirió: 'La obligación de fundamentar y motivar las decisiones judiciales, abarca también a las instancias judiciales de impugnación, en ese sentido, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la , haciendo referencia a la , señaló que: "Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (...), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (...); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso...". El presente entendimiento fue asumido y reiterado por el actual Tribunal Constitucional Plurinacional, en la ´" (las negrillas nos corresponden). III.2. Revisión de la actividad jurisdiccional de otros tribunales Al respecto la , la misma que señaló:"...la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia:
- i)Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma;
- ii)La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución;
- iii)La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y,
- iv)Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa -argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" (las negrillas nos corresponde). Este desarrollo jurisprudencial ha sido desarrollado en la , entre otras. III.3. El principio de taxatividad como elemento esencial del principio de legalidad en el ámbito de la potestad administrativa sancionadora Uno de los elementos esenciales del principio de legalidad, lo constituye el de taxatividad, el cual exige que una norma penal o administrativa sancionatoria debe estar claramente determinada y generar certeza respecto a la conducta sancionada y la sanción o consecuencia jurídica, en ese orden la , dispuso: "'Asimismo determinó que solamente puede imponerse una sanción administrativa cuando ésta esté específicamente establecida por ley de acuerdo al principio de taxatividad por lo mismo, entendió la legalidad en materia sancionatoria, condicionada al principio de certeza o taxatividad como garantía material, que garantiza la previsibilidad de las conductas sancionables y la certeza jurídica sobre las sanciones establecidas'. Por otro lado, la , estableció que 'El principio de legalidad se encuentra conformado a la vez por varios sub principios, entre ellos, el de taxatividad, referido precisamente -valga la redundancia- a la taxatividad de la norma procesal, e implica la suficiente predeterminación normativa de los ilícitos y sus consecuencias jurídicas; pues la indeterminación supone una deslegalización material encubierta; por otra parte se encuentra el principio de tipicidad que desarrolla el principio fundamental 'nullum crimen, nulla poena sine lege', se aplica como la obligación de que los jueces y tribunales apliquen la ley sustantiva debidamente enmarcando la conducta del imputado exactamente en el marco descriptivo de la ley penal a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable; (...)'. En el contexto referido concluyó que: '(...) el Estado no puede castigar una conducta que no está descrita ni penada por la ley, cimentándose una doble garantía: Por una parte, todas las personas conocen el ámbito de lo permitido y prohibido y, por la otra, el delincuente no puede ser castigado más que por las acciones legalmente descritas y sólo con la pena correspondiente'". De lo expuesto, existe lesión al principio de taxatavidad, en supuestos que la conducta sancionada no está claramente descrita en la Ley, impidiendo que el destinatario de la norma, tenga certeza respecto a cuándo y porque motivos puede ser objeto de sanciones en el ámbito penal o administrativo. Del mismo modo, hay vulneración al principio de tipicidad, cuando la conducta, no se subsume ni se adecua al marco descriptivo de la Ley, generando una errónea calificación. III.4. Análisis del caso concreto La accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación; los principios de máxima taxatividad, dignidad y legalidad; alegando que dentro del proceso disciplinario seguido en su contra: i) La Jueza Disciplinaria Primera de la Representación Distrital de Oruro del Consejo de la Magistratura, a través de su Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 08/2018 de 26 de abril, declaró probada la denuncia mediante una incorrecta subsunción al principio de máxima taxatividad de la ley y una interpretación incorrecta de la norma; ii) Una vez apelada la misma, los Consejeros de la Sala Plena del Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia del Consejo de la Magistratura, mediante Resolución SP-AP 334/2018 de 6 de noviembre, confirmaron dicha sanción declarando probada la denuncia por la comisión de la falta disciplinaria prevista en el art. 187.14 de la LOJ, disponiendo su suspensión por un mes sin goce de haberes: a) Emitiendo una Resolución carente de motivación y fundamentación concerniente a: a.1) La aplicación indebida de la subsunción en detrimento del principio de máxima taxatividad de la ley; a.2) La interpretación incorrecta de la norma tomando en cuenta los elementos constitutivos y verbos rectores del tipo disciplinario a sabiendas que forma parte esencial del principio de legalidad; a.3) La vinculatoriedad de las líneas jurisprudenciales ; ; , ; "2039/2012"; y las ; "0052/2012 de 9 de julio"; 0527/2015-S3; 0553/2017-S1 de 31 de mayo; 0659/2017-S3, 0405/2012; 0666/2012; y, a.4) La concurrencia errada del dolo y la culpa como elementos subjetivos de la falta disciplinaria.
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