0851/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela disponiendo:

1. a)Su reincorporación al cargo de Técnico I, y nivel salarial 7 con los beneficios sociales que le otorga la ley y que poseía antes del mencionado acto ilegal realizado por la entidad demandada con costas procesales; y,
2. b)El pago de sueldos devengados desde el 2 de julio de 2021, data de su desvinculación laboral "hasta la fecha". Petición realizada en aplicación de la SCP 0059/2019-S3 de 12 de marzo, sobre el cumplimiento integral de la reincorporación.

El impetrante de tutela a través de su abogado, reiteró los argumentos de su acción de defensa y ampliándolo señaló que:

1. 1)El art. 4 inc. e) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) instituye el principio de la buena fe, por el cual se presume que todas las actuaciones de los servidores públicos se consideran lícitas, y en el supuesto de haber cometido un ilícito, el mismo se encuentra previsto en el Código Penal;
2. 2)Con relación a la prueba se nombró una serie de memorándums, aduciendo el demandado que se tratarían de contratos eventuales; sin embargo, conforme prevé el Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001, en el caso de personal eventual, la relación de trabajo se establecerá mediante el respectivo contrato;
3. 3)Se remitió al contenido del art. 1 de la Ley 321 de 20 de diciembre de 2012 y los establecido por la "Resolución Municipal 048/2019" estableciendo que el nivel 7 corresponde a la descripción de Técnico I, situación coincidente con "el reglamento", determinando que solamente los directores y secretarios municipales estaban dentro del nivel ejecutivo y los jefes de unidad bajo el alcance del Estatuto del Funcionario Público;
4. 4)Los niveles que distinguiría a los funcionarios públicos de libre nombramiento fueron contemplados en el Reglamento del referido Estatuto y el art. 5 concordante con el art. 71 de la citada norma legal, donde instaura de igual manera la existencia de funcionarios provisorios; y,
5. 5)Las boletas de pago, lo incorporarían a la protección que brinda la Ley 321, aspecto que ya fue dilucidado en audiencia desarrollada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que con suficiente motivación y fundamentación emitió una conminatoria de reincorporación laboral que no fue cumplida.

Jaime José Mendoza Medrano, Director de la EMAT a través de sus representantes, por informe escrito presentado el 14 de septiembre de 2021, cursante de fs. 198 a 213 vta., y en audiencia de garantías refirió que:

1. i)En razón a la Conminatoria MTEPS-JDTT-RPT - 061/2021, carente de competencia y fundamento legal, se planteó el recurso de revocatoria, aún pendiente de resolución y posteriormente el jerárquico si así fuere necesario;
2. ii)El impetrante de tutela fue contratado en calidad de personal eventual en el cargo de Jefe de Unidad Técnica de la Dirección Municipal de Aseo Urbano de Tarija, en mérito a los Memorándums Cites 37/EMAT/2019 de 6 de mayo, 26/EMAT/2020 de 2 de enero, 311/20 de 5 de marzo de 2020, 042/EMAT/2021 de 5 de enero;
3. iii)Si bien la norma se interpreta a favor del trabajador; en el caso concreto, el accionante no tendría esa condición; pues, no gozaría de la protección de la Ley General de Trabajo, ni se encontraba bajo el amparo de la Ley 321 como pretende aparentar al disminuirse el nivel salarial los últimos meses -marzo a julio de 2021-;
4. iv)Otro aspecto que no valoró la Inspectora de la Jefatura Departamental de Trabajo Tarija, fue lo dispuesto en el art. 1 de la Ley 321, en relación a los Memorándums Cites 054/EMAT/2021 de 19 de enero y 060/EMAT/2021;
5. v)El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social no tendría competencia para emitir la instructiva de reincorporación conforme a lo establecido por el art. 5 inc. c) del Estatuto del Funcionario Público (EFP), que claramente identifica quienes son funcionarios de libre nombramiento -Jefe de Unidad- mismos que no se encontraban bajo el amparo de la Ley General de Trabajo, tampoco gozaban de inamovilidad;
6. vi)La EMAT es una institución pública al servicio de la población, no así una privada; y como tal, se debe al aludido Estatuto, sino a otras que se hallarían en igual jerarquía como las Leyes 2296 de 20 de diciembre de 2001, 1178 de 20 de julio de 1990 y 004 de 31 de marzo de 2010;
7. vii)Al conocer la denuncia y la documental presentada por el peticionante de tutela se evidenció su nivel salarial 5 correspondiente a Jefe de Unidad; por lo que, debió declinar competencia al tratarse de un funcionario de libre nombramiento en el marco previsto por el Estatuto del Funcionario Público, así la SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, señaló que, no sería posible ante un conflicto laboral por un presunto despido injustificado, disponer el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral; asimismo, expuso que no podrían recibir el mismo tratamiento, los trabajadores que estuvieran bajo la protección de la Ley General de Trabajo y los servidores públicos, respecto a los cuales el legislador emitió el referido Estatuto;
8. viii)El Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, estaría regulado por un acumulado de normativas de cumplimiento obligatorio, de no acatarlas generaría responsabilidades, no solo penales sino también civiles; toda vez que, se trata de recursos económicos del Estado inscritos, con fines definidos y límites presupuestarios;
9. ix)El solicitante de tutela citó de manera maliciosa la SCP 0041/2013-L de 6 de marzo, que efectuó el análisis del principio procesal de verdad material, que en su parte más sobresaliente refirió al examen de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos ante cualquier situación; en ese contexto, de la documental que adjuntó se demostró que el prenombrado, desde su ingreso hasta el cese de sus servicios se mantuvo como Jefe de Unidad durante las gestiones 2019, 2020 y 2021, siendo esa la realidad de los hechos; teniendo a su cargo personal técnico, administrativo, trabajadores y obreros -verdaderos trabajadores-; lo que acreditó que jamás fue un trabajador, sino un funcionario de libre nombramiento;
10. x)La documental suscrita por el impetrante de tutela mostró cuales fueron sus funciones; si bien modificó su nivel salarial, fue con la única intención de burlar al Estado y simular una relación laboral para mantenerse en la entidad a cualquier precio;
11. xi)Su disminución salarial durante los últimos meses de la gestión saliente, fue únicamente una maniobra para evadir el principio de buena fe de la administración pública, con el fin de acaparar un espacio de técnico reservado para otro tipo de funciones; y,
12. xii)El peticionante de tutela en complicidad con el exdirector de la entidad de aseo municipal soslayaron y abusaron de las funciones que les fueron confiadas por un alcalde transitorio para pretender aparentar que el accionante era un trabajador, disminuyéndose mínimamente su sueldo; situación que, no afectó su nivel de vida; pues, no fue reclamada; pudiendo ser asumida como un despido indirecto.