Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0852/2019-S2 Sucre, 17 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 28787-2019-58-AAC Departamento: Beni
En revisión la Resolución 022/2019 de 23 de abril, cursante de fs. 224 a 227 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mario Justiniano López contra Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Beni.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 18 de abril de 2019, cursante de fs. 100 a 104, el accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Luego que el Ministerio Público comunicó el inicio de las investigaciones preliminares, dentro de la denuncia penal presentada en su contra por María Laida Pardo Antelo, por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa, mediante decreto de 20 de junio de 2018, el Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de Beni, dispuso su radicatoria y la conclusión de la investigación en el plazo de veinte días; empero, el Ministerio Público consideró que ese plazo era insuficiente y solicitó su ampliación por treinta días más, que fue deferida favorablemente. Posteriormente, el 17 de agosto del mismo año, reiteró su petición siendo otorgado el plazo de diez días más por decreto de 22 del referido mes y año; y finalmente, el 6 de septiembre de ese año, el Fiscal, por tercera vez, pidió la ampliación por treinta días adicionales, que no fue considerada por la autoridad jurisdiccional, y por el contrario, mediante Auto Interlocutorio de 11 de septiembre de mencionado año, conminó a la Fiscal Departamental -hoy demandada- emita el requerimiento conclusivo preliminar dentro del plazo de cinco días, que fue puesto a conocimiento de dicha autoridad Fiscal el 18 del mes y año citados.
Es así, que en mérito a la conminatoria emitida por la autoridad judicial, las Fiscales de Materia, mediante Resolución presentada el 20 de septiembre de 2018, rechazaron la denuncia por considerar que la investigación no aportó los suficientes elementos para fundar la acusación; contra la cual, la denunciante formuló objeción impugnando que:
- a)La Resolución de rechazo era incoherente y contradictoria al indicar que la víctima no aportó pruebas para probar el hecho denunciado;
- b)La prueba de cargo no fue valorada ni analizada; y,
- c)El rechazo se sustentó en que el denunciado no prestó su declaración informativa, que mereció la Resolución Jerárquica FDB/NGGR/R- 332-2018 de 11 de diciembre, emitida por la Fiscal Departamental, que revocó la Resolución de Rechazo de denuncia y dispuso la reiniciación de las investigaciones; debiendo los Fiscales:
- 1)Recepcionar las declaraciones informativas de la denunciante;
- 2)Verificar el actual estado del proceso; y,
- 3)Realizar todos los actos de investigación, que se consideren útiles y pertinentes para la investigación.
En cumplimiento a la Resolución Jerárquica, los Fiscales reiniciaron las investigaciones que concluyeron con la emisión de la Resolución de imputación formal de 10 de abril de 2019, por la presunta comisión del delito de acusación y denuncia falsa, hecho que vulneró su derecho al debido proceso; toda vez que, la Resolución emitida por la Fiscal Departamental -hoy demandada-, carece de la debida fundamentación al no haber señalado cuál es la norma legal que le faculta disponer el reinicio de investigaciones preliminares, que fueron concluidas por el Juez de control jurisdiccional; o en su caso, hacer conocer cuál es la razón jurídica que le permitiría sostener que la conminatoria del Juez, no importa en la conclusión de la investigación, y que ello le permite reiniciar las investigaciones; es decir, que no explicó cuáles fueron las normas legales en las que basó su decisión; además de haber actuado sin competencia; por cuanto, la facultad de disponer el reinicio de las investigaciones, es privativa del Juez de control jurisdiccional como establece el art. 54 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
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