0854/2019-S4

F.J.III.2 “…para que el debido proceso pueda ser tutelado vía acción de libertad, debe verificarse la concurrencia de los dos presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional al efecto:

1. a)Que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciadas, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y que,
2. b)Exista un estado absoluto de indefensión en el accionante que amerite la tutela constitucional. En el caso concreto, según se observa de los citados antecedentes, el impetrante de tutela se encuentra ejerciendo su libertad de forma irrestricta, sin que pese sobre él medida alguna que restrinja o disminuya ese derecho, así como tampoco se corroboró la existencia de un mandamiento de aprehensión que hubiese sido emitido en su contra, actuado único que podría ser analizado vía esta acción tutelar, claro está, sin desconocer el principio de subsidiariedad que rige esta acción de defensa. En tal sentido, considerando que la denuncia sustancial en la presente acción de libertad, radica en que las autoridades demandadas hubieran realizado una ampliación de la investigación en contra del solicitante de tutela, por un hecho distinto al denunciado inicialmente; el primer presupuesto relativo a la necesaria vinculación entre el hecho reclamado y el derecho a la libertad de quien denuncia, se tiene por no cumplido, pues la referida ampliación de modo alguno constituye una amenaza de forma directa al precitado derecho del accionante, quien como se señaló supra, tampoco acreditó la existencia de un peligro real e inminente que ponga en riesgo su derecho a la libertad. Por otro lado, respecto al segundo presupuesto establecido vía jurisprudencial para poder tutelar eventuales vulneraciones al debido proceso vía acción de libertad, referido al estado absoluto de indefensión, en el caso concreto, la ampliación de la investigación informada a la autoridad jurisdiccional, pudo ser objeto de control jurisdiccional de parte de dicha autoridad a solicitud del propio impetrante de tutela, la cual en su calidad de contralora de derechos fundamentales y garantías constitucionales en la etapa preparatoria del proceso penal (art. 54 del CPP), debe velar porque éste se lleve a cabo conforme a los plazos y procedimientos estipulados por ley; no obstante el solicitante de tutela pretende que esta jurisdicción de forma directa, ingrese a analizar aspectos que conciernen, con carácter previo, ser puestos a consideración de las autoridades ordinarias, sin previamente haber acreditado que los mecanismos intra-procesales instituidos al efecto, no hubiesen sido idóneos o sean inefectivos, generando con ello, un estado absoluto de indefensión con relación a su situación jurídica.”