0854/2023-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0854/2023-S1 Sucre, 27 de julio de 2023

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 47908-2022-96-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 31/2022 de 19 de abril, cursante de fs. 74 a 75 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Roxana Aguilera Paz contra Daniel Silvestre Gumucio Carrasco, responsable legal de la Empresa Industria Forestal CIMAL IMR Sociedad Anónima (S.A).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de abril de 2022, cursante de fs. 13 a 21, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La empresa ahora demandada, la despidió injustificadamente sin respetar su estabilidad laboral; razón por la cual, acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo solicitando su reincorporación, instancia que emitió la Conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM. 191/2021 de 9 de diciembre, la cual después de ser notificada incumplió con tal disposición conforme se tiene del informe de verificación, donde el inspector en conclusiones; refirió que: "la empresa hoy accionada NO dio cumplimiento a la conminatoria de reincorporación" (sic); extremo que, le privó gozar de su fuente de trabajo, de su salario y por ende sus derechos a la alimentación, salud, seguridad social y a la vida, ya que al momento -compréndase día de interposición de la acción tutelar- ella y su familia no contarían con seguro de salud.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte peticionante de tutela denunció la lesión de sus derechos al trabajo, remuneración justa, alimentación, vida, salud y seguridad social, citando al efecto los arts. 46, 48, 49, 51, 109, 115.I y II, 128, 129 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, ordenando a la empresa ahora demandada proceda a su inmediata reincorporación, disponiendo la cancelación de sus salarios devengados en cumplimiento íntegro de la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/JCCHS/CONM. 191/2021, con costas y costos. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 72 a 73 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

Al actuado solo se apersonó el abogado de la ahora impetrante de tutela, quien al no contar con poder de representación, no realizó intervención al respecto; en razón de ello, el Presidente de la Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, solo dispuso se de lectura al memorial de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe del demandado

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establece las siguientes conclusiones:

II.1. Cursa Comunicación Interna de 24 de noviembre de 2021, por el cual Erick Antezana, Gerente de Administración y Finanzas de la Empresa Industria Forestal CIMAL IMR S.A., señala que en cuanto a la apertura del proceso sumario en contra de la ahora accionante, se le informa que a partir de la referida fecha, quedaría suspendida hasta que concluya el proceso interno. En la parte final se expresa que: "En fecha 24/11/21 a las 16:00 se hace entrega de un ejemplar original del presente documento a la señora María Roxana Aguilera Paz quien recepciona el documento habiéndose negado a estampar su firma" (sic [fs. 26]).

II.2. Consta Resolución de Primera Instancia 01/2021 de 29 de noviembre, por el cual la comisión interna de la Empresa Industria Forestal CIMAL IMR S.A, dispone lo siguiente:

"...el RETIRO JUSTIFICADO DE LA TRABAJADORA MARIA ROXANA AGUILERA PAZ, POR INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONVENIO LABORAL EN SUS CLAUSULAS NOVENA INCISOS 4, 5 Y 6 COMO LA CLAUSULA DECIMA INCISOS 4, 18, 21, 22, 24 Y 25, en mérito al Art. 16, inciso e) de la Ley General del Trabajo..." (sic [fs. 34 a 35]).

II.3. Por Memorándum de 3 de diciembre de 2021, Juan Pablo Jacobs Castedo, Sub Gerente de Recursos Humanos de la Empresa Industria Forestal CIMAL IMR S.A., dirigiéndose a la ahora peticionante de tutela, señala que:

"Habiéndose iniciado un proceso sumario interno a su persona, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno de Sanciones, producto del cual, el 24-11-21 a horas 15:00 su persona se presenta a audiencia a efectos de asumir defensa, audiencia en la cual se le hizo entrega de un Memorándum por el cual se le otorga dos días hábiles a efectos de presentar descargos documentales que vea conveniente y a su vez se la convoca a efectos de presentarse en fecha 29-11-21 a horas 15:00 para tomar conocimiento de la resolución de primera instancia, audiencia a la cual su persona no se hace presente, conforme consta por el Acta Notariada adjunta.

Por lo expuesto, y habiéndose ejecutoriado la Resolución de Primera Instancia N° 01/2021, en cual resuelve el "RETIRO JUSTIFICADO DE LA TRABAJADORA MARIA ROXANA AGUILERA PAZ, POR INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONVENIO LABORAL EN SUS CLAUSULAS NOVENA INCIDOS 4, 5 Y 6 ASI COMO LA CLAUSULA DECIMA INCISOS 4, 18, 21, 22, 24 Y 25, en mérito al Art. 16, inciso e) de la Ley General del Trabajo"; sin que su persona hubiera hecho uso de los recursos impugnatorios que el Reglamento Interno de Sanciones le franquea; mediante el presente se procede a informarle su retiro a partir del día 02-12-21" (sic [32]).

II.4. A través de Conminatoria JDTSC/JCCHS/CONM N° 191/2021 de 9 de diciembre, bajo la referencia "CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN LABORAL POR ESTABILIDAD LABORAL" (sic), Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, recomienda lo siguiente:

"...CONMINA A LA EMPRESA INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR A REINCORPORAR INMEDIATAMENTE a la trabajadora MARÍA ROXANA AGUILERA PAZ a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba y reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, en aplicación al D.S. N° 0496, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley, bajo la primacía de la Constitución Política del Estado por ser un derecho adquirido y consolidado de los trabajadores, y sea de forma inmediata a partir de su legal notificación" (sic [fs. 3 a 5])

II.5. Se verifica que, por Acta Presencial de Entrega de Memorándum, el Notario de Fe Pública 32 de Santa Cruz, señala que:

"...a horas 08:50 am del día 10 de diciembre de año dos mil veintiuno, el suscrito Abog. C. HERBERT GUTIERREZ VACA, Notario de Fe Pública...me constituí al Barrio Los Tusequis Calle Corneille No.1345 del Distrito Policial No.8, a objeto de presenciar la entrega en favor de la Sra. María Roxana Aguilera Paz, con cedula de identidad No. 5338534 SC. Del Memorándum de Retiro Justificado por proceso Sumario Interno y Resolución de Primera Instancia del Proceso Sumario Administrativo de Retiro Justificado por incumplimiento total o parcial de convenio laboral..." (sic [fs. 31]).

II.6. Se evidencia MEMORANDUM JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 189/2021 de 28 de diciembre; por el cual, Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, dispone que a través del inspector se verifique si se dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/JCCHS/CONM. 191/2021 (fs. 6).

II.7. Se consigna el Informe memorándum JDTSC/1/VER/REINC./LAB. 189/2021 de 3 de enero; por el cual, Erick Yadir Morales Almanza, Inspector de Trabajo de Santa Cruz, en la parte de conclusiones; señala que:

"...en vista de la no atención de mi persona se puede evidenciar que la empresa "INDUSTRIA FORESTAL CIMAL IMR -CIMAL", NO ha dado cumplimiento a la conminatoria RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA JDTSC/JCCHS/CONM N° 191/2021, de fecha 09 de diciembre de 2021, la cual conmina a que la empresa "INDUSTRIAS FORESTAL CIMAL IMR -CIMAL" proceda a REINCORPORAR INMEDIATAMENTE a la Trabajadora: Sra. MARIA ROXANA AGUILERA PAZ por ESTABILIDAD LABORAL y al pago de sueldos devengados y demás beneficios sociales" (sic [fs. 7]).

II.8. Vía Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/R.R. 027/2022 de 27 de enero, el Jefe Departamental de Trabajo de Santa Cruz, como efecto de un recurso de revocatoria, resuelve confirmar totalmente la Conminatoria de Reincorporación JDTSC/JCCHS/CONM. 191/2021 (fs. 9 a 10 vta.)

II.9. Se evidencia formulario de notificaciones, por el cual se describe a horas 15:59 del día jueves 3 de febrero de 2021, vía tablero de Secretaria de la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, notifica a María Roxana Aguilera Paz con la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/RR. 027/2022 de 27 de enero (fs. 8).

II.10. Por memorial de 17 de febrero de 2022, la empresa ahora demandada formula ante el Jefe Departamental del Trabajo de Santa Cruz, Recurso Jerárquico en contra de la Resolución Administrativa JDTSC/JCCHS/RR. 027/2022 de 27 de enero (fs. 53 a 56).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos al trabajo, a la remuneración justa, a la alimentación, a la vida, a la salud y a la seguridad social; toda vez que, la Empresa Industrial Forestal CIMAL IMR S.A., -ahora demandada- procedió a su retiro injustificadamente, sin respetar su estabilidad laboral; motivo por el cual, acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz pidiendo su reincorporación laboral, misma que fue ordenada mediante Conminatoria de Reincorporación JDTSC/JCCHS/CONM. 191/2021 de 9 de diciembre, la cual una vez notificada a la institución, no fue cumplida hasta la fecha -entiéndase día de interposición de acción de amparo constitucional-, restringiéndole a ella y a su familia de contar con seguro de salud.

III.1. Sobre la unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional

Al respecto, inicialmente se debe precisar que con relación a esta temática la suscrita Magistrada relatora asumió los entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la protección laboral ante despidos injustificados e incumplimiento integral de las conminatorias de reincorporación, en mérito a las atribuciones que tiene este Tribunal, las cuales están enmarcadas estrictamente a verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, con la finalidad de otorgar una pronta e idónea protección del derecho al trabajo; en ese entendido, a partir de la emisión de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, que efectuó el análisis de los precedentes jurisprudenciales asumidos en este Tribunal con relación a la temática mencionada, concluyó en identificar el estándar más alto respecto a la tutela de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, siendo el mismo coincidente con la línea asumida con anterioridad por la suscrita Magistrada.

Ahora bien, teniendo clara la vinculatoriedad de la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, conforme al art. 203 de la CPE, se tiene que la misma recogió los fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional, emitidos por cada una de sus Salas respecto al tema laboral de cumplimiento de las Conminatorias de Reincorporación, identificando los precedentes jurisprudenciales contradictorios ante supuestos análogos facticos, a fin de unificar los criterios al respecto, mismos que en su diversidad generan inseguridad jurídica en la administración de justicia constitucional y ordinaria, cuyos Jueces y Tribunales tienen a su cargo la resolución de una situación jurídica.

Así entonces, este Tribunal en cumplimiento del art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP) -Ley 027 de 6 de julio de 2010-que le reconoce la competencia de unificar sus líneas jurisprudenciales ya sea por avocación o mediante resolución de doctrina constitucional como herramienta hermenéutica realizó la sistematización de las líneas jurisprudenciales o precedentes contradictorios, para determinar la aplicación y vigencia de un determinado entendimiento o precedente jurisprudencial en vigor, de carácter vinculante y aplicado de manera prospectiva, a fin de evitar la afectación del derecho de los justiciables a ser tratados con igualdad y por supuesto la seguridad jurídica.

El precedente constitucional pronunciado como doctrina constitucional que es objeto de revisión, tiene un alto grado de vinculatoriedad, en su dimensión vertical y horizontal; lo cual conlleva que, en mérito a este último debe ser respetado y aplicado por el mismo Tribunal, pudiendo apartarse solo de manera fundamentada y motivada, mediante una carga argumentativa reforzada para justificar su modulación, cambio o reconducción de la línea jurisprudencial, que desde ese momento tendrá un carácter vinculante, y por otra, vertical; puesto que, debe ser respetado y aplicado por los demás Órganos del Estado, Jueces y Tribunales que se encuentran constreñidos a respetar y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 203 de la CPE.

En ese marco, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, desarrolló las siguientes reflexiones constitucionales:

III.1.1. Fundamentos normativos de la conminatoria de reincorporación laboral

Al respecto la mencionada Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, tomó como fundamento inicial, la Observación General 18 aprobada el 24 de enero de 2005, del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, referida al derecho al trabajo, en la que se enfatiza entre otras, la obligación de los Estados Partes de velar por la realización progresiva del ejercicio del derecho al trabajo, adoptando de manera rápida medidas para lograr el empleo pleno por una parte y por otra, en principio no deben adoptarse medidas regresivas y si deben adoptarse, corresponde a los Estados Partes en cuestión, demostrar que lo hicieron tras considerar todas las alternativas y justificarlas plenamente. El incumplimiento de esa obligación se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a la personas contra vulneraciones del derecho al trabajo en su jurisdicción; no reglamentar actividades de particulares, grupos o sociedades para impedirles que vulneren el derecho al trabajo; o no protegen a los trabajadores frente al despido improcedente.

Así entonces la Resolución de Doctrina ahora comentada, citando normas constitucionales (arts. 46 y 48 de la CPE), disposiciones reglamentarias (DS 29894 de 7 de febrero de 2009, 28699 de 1 de mayo de 2006, 0495 de 1 de mayo de 2010 y la Resolución Ministerial (RM) 868/10 de 26 de octubre de 2010, que reglamenta el procedimiento para la reincorporación laboral caracterizado por su carácter sumario y expedito), concluyó que la Norma Fundamental por una parte:

"va más allá de los parámetros de protección establecidos por los organismos internacionales de tutela de derechos de los trabajadores, pues no solamente individualiza al despido injustificado como una conducta de desvalor de la relación jurídico-laboral, sino que además, lo prohíbe estableciendo la estabilidad laboral como regla, derecho y principio de interpretación"

Y por otra, el espíritu del art. 10 del DS 28699, da la opción al trabajador de aceptar la ruptura de la relación laboral y cobrar sus beneficios sociales o impugnar la decisión del empleador denunciando el retiro intempestivo, con el fin de alcanzar seguridad jurídica en caso de que el trabajador acepte la primera opción y concluya la relación laboral, y a ese efecto también señaló que:

III.1.2. La conminatoria de reincorporación laboral en la jurisprudencia.

Sobre la base de lo anterior, la misma Resolución Doctrinal refirió que, antes de las modificaciones del DS 0495 a las disposiciones reglamentarias del DS 28699, si el trabajador optaba por la reincorporación laboral -impugnando la decisión del empleador por retiro intempestivo-, constatada la negativa del empleador al cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, únicamente podía acudir a la judicatura laboral para demandarla y la jurisdicción constitucional no tenía la obligación de ingresar directamente en el análisis de las problemáticas vinculadas a la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral, posición que también fue asumida por el Tribunal Constitucional, al rechazar in limine la acción tutelar interpuesta, según Auto Constitucional (AC) 0287/2010-RCA de 21 de septiembre. Entonces, desde dichas modificaciones, el procedimiento cambio e introdujo cambios substanciales para la jurisdicción constitucional en cuanto a las denuncias de incumplimiento de conminatorias de reincorporación, al otorgar al trabajador la facultad para interponer las acciones constitucionales que correspondan para la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, tomando en cuenta la inmediatez, en ese entendido, también precisó que:

"...en los que una trabajadora o trabajador demande la reincorporación a su fuente de trabajo ante un despido sin causa legal justificada, por la inmediatez que merece la tutela que pretende, sólo exige acudir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo. En ese caso, ante la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral, aun existiendo la posibilidad de impugnarla por la vía administrativa o judicial, el nuevo paradigma de protección de los derechos de los trabajadores, no exige agotar las mismas para demandar su cumplimiento en la jurisdicción constitucional, siendo clara tanto la normativa laboral y desde entonces la jurisprudencia constitucional emitida sobre el particular, en sentido que, ante su inobservancia, se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional; siendo la instancia administrativo laboral la que, a través de los procedimientos establecidos para el efecto, determine en definitiva si el despido fue o no justificado, correspondiendo a la jurisdicción constitucional únicamente viabilizar la tutela ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo".

III.1.3. Análisis de los precedentes jurisprudenciales constitucionales

En ese marco, ingresó a verificar las líneas jurisprudenciales de esta instancia constitucional, abordando como un primer acápite las "Líneas jurisprudenciales constitucionales en torno al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral" entre las cuales fue citando las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0138/2012 de 4 de mayo, y 0177/2012 de 14 de mayo, las cuales establecen que es posible presentar directamente la acción de amparo constitucional ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, así como la concesión de su tutela inmediata, teniendo el empleador la vía judicial y administrativa expeditas en caso de no estar de acuerdo con la conminatoria1. Aludió también que dicho razonamiento fue modulado en la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre, la cual señaló que para que la jurisdicción constitucional ordene el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, esta debe encontrarse debidamente fundamentada y motivada2.

Más adelante, de igual forma identificó la SCP 0900/2013 de 20 de junio, que representa un cambio de línea al respecto estableciendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional no puede simplemente ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, sino que debe hacer una valoración integral de los hechos, datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados3. No obstante, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, moduló el razonamiento de la SCP 0900/2013, reconduciendo la línea a lo previsto en la SCP 2355/2012, determinando que, la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato; por lo que, su inobservancia habilita la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, a menos que en su tramitación se evidencien violaciones del derecho al debido proceso4. Por otro lado, citó a la SCP 0709/20017-S2 de 31 de julio, la cual establece que ante la denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe verificar únicamente su emisión e incumplimiento, sin ingresar en cuestiones de fondo, ni verificar posibles lesiones al debido proceso en relación con el empleador; siendo que, la tutela brindada en esta jurisdicción es provisional5.

Después, hizo referencia a la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, la cual, identificando el estándar jurisprudencial más alto de protección del derecho fundamental al trabajo en materia de cumplimiento de conminatoria de reincorporación laboral ante despido injustificado, vinculándolo a los principios de estabilidad laboral y continuidad de la relación laboral, y el vivir bien, realizó una reconducción a la SCP 0177/2012, indicando que, se debe dar cumplimiento a la conminatoria de reincorporación laboral en todos sus términos, teniendo este Tribunal atribuciones limitadas para verificar el respeto de los derechos fundamentales o garantías constitucionales6.

Así también, refirió que la SCP 0133/2018-S2 de 16 de abril, realizó una sistematización de los precedentes jurisprudenciales emitidos concluyendo que para ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, la jurisdicción constitucional debe verificar en cada caso su pertinencia, limitando su análisis a constatar que aquella haya sido emitida a favor del trabajador o la trabajadora y que se encuentra dentro del rango de protección de la Ley General del Trabajo y su normativa complementaria7.

Luego, señaló la SCP 0359/2018-S1 de 26 de julio, de forma implícita recondujo el entendimiento de la SCP 0900/2013, señalando que en los casos en que se denuncie incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, deben analizarse los aspectos inherentes al caso, que permitan concluir en una decisión razonable, sin que ello implique ingresar al fondo de la problemática8.

Por último, hizo referencia a la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, la cual definió que la jurisdicción constitucional debe procurar el cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación laboral9.

Seguidamente, la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 bajo el título "UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONMINATORIAS DE REINCORPORACIÓN LABORAL" procedió a efectuar la Unificación de la jurisprudencia constitucional advertida precedentemente, argumentando que existen precedentes jurisprudenciales constitucionales que, bajo los principios pro operario, de primacía de la relación laboral y de continuidad y estabilidad laboral, han logrado estándares significativos en el respeto, protección y realización de los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores, lo cual sin duda constituye un avance en la materialización de los postulados de la Constitución Política del Estado y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que tiene el Estado boliviano.

Así, la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 identificó el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional que, de manera progresiva haya tutelado de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales, con referencia a los precedentes jurisprudenciales constitucionales que de manera óptima tutelaron los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, aplicando los principios y valores constitucionales, estableciendo lo siguiente:

"1) En cuanto al cumplimiento integral de la conminatoria de reincorporación, esto es además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, conforme a los entendimientos y la sistematización realizada en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, es decir:

1.i) Cuando una trabajadora o trabajador sea despedido injustificadamente o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación; 1.ii) Es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional -abstrayendo el principio de subsidiariedad- cuando la trabajadora o el trabajador demande el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por las Jefaturas Departamentales o Regionales de Trabajo por parte de su empleador;

1.iii) La referida conminatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral de la trabajadora o el trabajador siendo netamente provisional la otorgación de la tutela puesto que las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador;

1.iv) El prenombrado tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la conminatoria precitada aunque hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico que este pendiente de resolverse o hubiera interpuesto cualquier otro recurso en la vía judicial o administrativa;

1.v) La justicia constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar -incluyendo la prueba-, ameritaban tal determinación, debido a que ese aspecto le corresponde a la jurisdicción ordinaria; y,

1.vi) La conminatoria de reincorporación antedicha debe ser acatada en su integridad, sin omitir ninguna de las determinaciones dispuestas.

El presente razonamiento fue desarrollado en la SCP 0285/2021-S1 de 21 de julio y Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0331/2021-S-1 de 10 de agosto y 0346/2021-S1 de 18 de agosto entre otras.

III.2. El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional.

En el nuevo orden constitucional, se reconoce el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, como un derecho autónomo previsto en el art. 46.I.2 de la CPE. En sintonía con este reconocimiento, el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1982, establece implícitamente el derecho a la estabilidad laboral, al referirse en su art. 4, a la prohibición de la terminación de la relación laboral en los siguientes términos: "No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio".

En ese marco normativo, corresponde señalar que la legislación nacional infra constitucional, expresada en el art. 11.I del DS 28699, determina expresamente: "Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias".

En el marco normativo citado precedentemente, que reconoce el derecho a la estabilidad laboral, la jurisprudencia constitucional se ha encargado en establecer el contenido o alcance del citado derecho, en los siguientes términos:

"...en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral28."

En sintonía con dicho razonamiento, a partir de una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales dispuesto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos29 (CADH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, expresó al respecto que:

"Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho."

De las citas constitucionales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede concluirse que en virtud al derecho a la estabilidad laboral, el trabajador tiene la facultad de conservar su lugar de trabajo, en tanto no existan las causas que la ley establece para justificar su despido, previo cumplimiento de un debido proceso; en tanto, conlleva para el Estado, el cumplimiento del deber de protección de la estabilidad laboral, en estricta observancia de los principios constitucionales de protección de los trabajadores, primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, inversión probatoria en favor del trabajador, el carácter irrenunciable de los derechos laborales y la ineficacia de los convenios que tiendan a burlar derechos laborales, entre otros.

Ahora bien, por otra parte, en contraste al mencionado derecho, también se ha impuesto al Estado, el deber de proteger el derecho a la estabilidad laboral por mandato constitucional, en esa comprensión el Estado tiene el deber de protección el ejercicio del trabajo en todas sus formas, previsto en el art. 46.II del CPE, la norma constitucional, de manera específica establece el deber de protección a la estabilidad laboral que le corresponde, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, prescrito por el art. 49.III. A partir de este marco constitucional referido a la estabilidad laboral, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado:

"...en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente 30."

En la citada Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, de la Corte IDH, se expresó al respecto que:

En esa comprensión corresponde establecer los medios o procedimientos dispuestos por el orden constitucional en sede administrativo o judicial para la protección de los derechos sociales, en los términos previstos en el art. 50 de la CPE, "El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social". En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social del Órgano Ejecutivo tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86. Inc. g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009.