Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0855/2019-S2 Sucre, 17 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 26077-2018-53-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 14/2018 de 15 de octubre, cursante de fs. 180 a 184 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Karina Elfy Palacios Téllez contra René Oscar Delgado Ecos, Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; Margoth Pérez Montaño e Yván Noel Córdova Castillo, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta, respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 21 y 28 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 88 a 100 y 103 a 107 vta.; la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En su calidad de funcionaria pública, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, conforme el testimonio de poder 8/2010 de 18 de enero; el 2010, presentó una acusación particular, en el caso denominado "MP/Visas Chinas", contra veintisiete personas por la presunta comisión de los delitos de "Falsedad", asociación delictuosa, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, trata y tráfico de migrantes y otros; proceso que se encuentra en juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz.
Ante este hecho, uno de los involucrados Oscar De La Quintana Rivero -ahora tercer interesado-, instauró querella por la supuesta comisión de los delitos de orden privado como calumnia, difamación, injuria y propalación de ofensas; pronunciando el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -autoridad ahora demandada-, la Sentencia 26/2013 de 7 de octubre, declarándola autora de los delitos de calumnia e injuria, con exención de responsabilidad "...y 365 de su procedimiento..." (sic), absolviéndola de los delitos de difamación y propalación de ofensas, sin costas y daños en ambos casos por ser excusable. Ejecutoriada la sentencia, por Auto de 6 de septiembre de 2016, dicha autoridad judicial ordenó remitir antecedentes al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y al Juzgado de Ejecución Penal Tercero del mismo departamento, cuyo titular, advertido del error procedimental, devolvió antecedentes al juzgado de origen, al no tener nada que controlar, pues la Sentencia no la condenaba a una pena privativa de libertad con tiempo determinado ni suspendía condicionalmente la pena tampoco el proceso; refiriendo por el contrario, que la imputada no tenía responsabilidad, siendo absuelta de otros dos delitos y no existiendo una orden específica del juez de origen de ejecutar una condena, tal cual señala el certificado de 18 de octubre de 2016.
El REJAP dependiente del Consejo de la Magistratura, en contra de lo previsto por el art. 363. 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y el Reglamento Nacional del Registro Judicial de Antecedentes Penales, aprobado por Acuerdo 73/2016 de 28 de abril, registró la Sentencia 26/2013, pese a que solo se inscriben las sentencias condenatorias ejecutoriadas, las que declaran la rebeldía y las que suspenden condicionalmente el proceso, conforme al art. 440 del CPP; por lo que, presentó incidente de actividad procesal defectuosa conforme el art. 169 inc. 3) de dicho Código, que fue declarado improbado por el Juez demandado mediante Auto Interlocutorio 12/2017 de 12 de mayo, alegando que esa era una competencia administrativa del Consejo de la Magistratura; decisión que apelada, fue resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Vista 56/2018 de 26 de febrero, declarando su improcedencia y confirmando el referido Auto Interlocutorio.
Añade que el referido Auto de 6 de septiembre de 2016, vulneró el principio de legalidad y seguridad jurídica y sus derechos al debido proceso en su triple dimensión:
- a)Como derecho; ya que al haber quedado exenta de responsabilidad penal, el Juez no debió ordenar se remita la sentencia al Juez de Ejecución Penal ni al REJAP, en aplicación del art. 363.4 del CPP y Reglamento Nacional de Registro Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial, vulnerándose su derecho al trabajo y empleo conforme el art. 46.II de la Constitución Política del Estado (CPE), estando imposibilitada desde hace dos años, de postularse a cualquier convocatoria a cargo público o privado, encontrándose con una muerte civil indefinida, ante la imposibilidad material de computar el término para solicitar la cancelación de sus antecedentes penales de acuerdo con el art. 441 del CPP;
- b)Como garantía; pues no cumple los requisitos de una sentencia condenatoria, conforme el art. 365 del CPP, pese a no imponerse una pena o medida de seguridad es registrada como antecedente penal; y,
- c)Como principio procesal; al estar exenta de responsabilidad de acuerdo con el art. 11.I inc. 2) del Código Penal (CP), de manera contradictoria el Juez demandado, señaló que el registro de esta sentencia es un acto administrativo propio del Consejo de la Magistratura en aplicación de los arts. 3 y 4 de su Reglamento.
Como resultado de dicha determinación, fue notificada con el Memorándum CM-DIR.NAL.RRHH-J-01232/2016 de 22 de septiembre, de cesación de funciones en el cargo de Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Octava de la Capital del departamento de La Paz y la Resolución 077/2016 de 20 de septiembre, emitida por el Pleno del Consejo de la Magistratura, en atención al art. 23.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ)- Ley 025 de 24 de junio de 2010-, al encontrarse ejecutoriada la Sentencia 26/2013, de la que recurrió de revocatoria, confirmándose lo resuelto por Resolución RR/SP 029/2016 de 30 de septiembre, alegando que solo se cumplió la orden judicial de registrar el antecedente penal.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Considera lesionado sus derechos al debido proceso, al trabajo y empleo; y, a los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 46.II, 115.II, 119.II y 180 de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de 6 de septiembre de 2016, que ordena el registro de antecedentes penales de la Sentencia 26/2013, ante el REJAP, disponiendo la reparación de sus derechos vulnerados.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Mostrando 19 de 94 parrafos.