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TCP

0855/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
19 de mayo de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0855/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0855/2026-S3 Sucre, 19 de mayo de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 67580-2024-136-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 14/25 de 24 de febrero de 2025, cursante de fs. 90 vta. a 94, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alberto Rodrigo Gutiérrez Fleig contra Leonardo Ysmael Felipez Condarco, Fiscal Departamental Policial Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de agosto de 2024, cursante de fs. 49 a 55, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 4 de abril de 2024, formuló denuncia disciplinaria contra el Coronel Marco Alexis Marcelo Murguía Ramos por la comisión de las faltas descritas en el art. 12 incs. 8) y 12) de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, toda vez que, dentro del proceso penal que inició contra Betty Vanessa Bravo Ortiz por la presunta comisión del ilícito de violencia familiar o doméstica se identificó como víctima a su hija de siete años de edad, en la cual, se determinaron la aplicación de medidas de protección, es así que, Octavia Callizaya Velero, funcionaria policial asignada al caso, el 22 de marzo de ese año, se constituyó al domicilio en el que habitaba la referida menor para efectuar la verificación del cumplimiento de las señaladas medidas, empero, el personal de seguridad del condominio "Gerardo", ubicado en la calle Manuripu de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no le permitieron el ingreso, posterior a ello, recibió una llamada telefónica irregular e ilegal del señalado Coronel, quien no pertenece a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), pretendiendo amedrentarla, amenazarla e intimidarla con abuso de autoridad y grado, aduciendo "'SU PERSONA QUISO SACAR A UNA MENOR DE EDAD' 'QUE TENGA MUCHO CUIDADO´ 'QUE NO SABE CON QUÉ CLASE DE PERSONAS ESTA TRATANDO' 'Y QUE SI DE LA DILIGENCIA POLICIAL TENÍA CONOCIMIENTO EL DIRECTOR DE LA FELCV'" (sic).

En el desarrollo del caso disciplinario el 12 de abril de 2024, se emitió requerimiento fiscal de inicio de investigación admitiéndose la denuncia por las faltas contenidas en el art. 12 incs. 8) y 12) de la LRDPB, produciéndose diligencias, actuaciones testificales, periciales y documentales que evidenciarían lo denunciado; empero, el 21 de mayo del aludido año, se pronunció la resolución fiscal conclusiva de la etapa de investigación acusándose formalmente al denunciado por la falta prevista en el inciso 8 del art. 12 de LRDPB y siendo rechazada por el inciso 12 del indicado precepto, al no encontrarse de acuerdo con esa decisión; el 29 de igual mes y año, planteó recurso de impugnación acorde al art. 71 de misma Ley, ante ello, habiendo transcurrido el término de tres días hábiles sin que se haya dictado la correspondiente resolución, presentó el 10 y 18 de junio del citado año, memoriales reclamando una respuesta, por consiguiente, el Fiscal Departamental Policial -demandado- pronunció la Resolución Jerárquica de 19 de junio del aludido año, bajo el razonamiento que, no se pronunciará sobre el fondo de lo cuestionado, ya que, existe una acusación fiscal que está radicada en el Tribunal Disciplinario Departamental, por lo cual, tendría que apersonarse a esa instancia en calidad de denunciante y ejercer su derecho a la impugnación; por ende, no efectuó una dilucidación legal de fondo, de forma de los hechos sucedidos y de la prueba, sin expresar una fundamentación, motivación y congruencia, sin asignarle la concerniente valoración probatoria, de esta manera incumplió lo estipulado por el art. 41 inc.7) de la mencionada Ley, aclaró que, no incurrió en ningún acto de convalidación de la decisión confutada, ya que, no presentó acusación particular.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 115.II y 180. I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. a)La nulidad de la Resolución Jerárquica de 19 de junio de 2024; y,
  2. b)Se ordene a la autoridad demandada dicte una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente que responda a los agravios demandados, y asimismo, se realice una valoración y compulsa de las pruebas.

I.2. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción tutelar

Por Resolución 40/2024 de 30 de agosto, cursante de fs. 56 a 58, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró la improcedencia de la presente acción tutelar, misma que fue impugnada por la parte accionante a través del memorial presentado el 17 de septiembre de 2024 (fs. 60 a 62).

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