0862/2022-S4

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia de disponga:

1. a)Que la autoridad fiscal -ahora demandada- y el funcionario policial codemandado efectúen la investigación conforme las solicitudes requeridas con celeridad y en cumplimiento de la normativa respecto al juzgamiento con perspectiva de género;
2. b)Que el Fiscal de Materia demandado otorgue en su favor las medidas de protección más gravosas;
3. c)En caso de rechazo, siendo que no se tomaron en cuenta algunos elementos probatorios, determine la inmediata reapertura de la causa; y,
4. d)Que la autoridad fiscal -ahora demandada2 y el funcionario policial codemandado presenten de forma inmediata informe respecto a la imposición de medidas de protección en su favor.

La parte impetrante de tutela ratificó en su integridad su memorial de acción de libertad, y ampliándolo en audiencia señaló que:

1. 1)Si bien se otorgaron medidas de protección en favor de la víctima, al momento de que los agresores devolvieron los cedulones el 19 de enero de 2021, quienes tienen una relación de hijastros respecto a la víctima, devolvieron también las medidas de protección mencionando desconocer la competencia de la autoridad fiscal; por lo que, no se cumplieron las señaladas medidas de protección;
2. 2)Cuando los denunciados presentaron su declaración informativa el 26 del mismo mes y año, ni la Fiscal de Materia ni el investigador pusieron conocimiento en conocimiento suyo las medidas de protección para su cumplimiento omitiendo el cumplimiento del art. 86.13 de la Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-;
3. 3)Siendo que la autoridad fiscal demandada debió proteger los intereses de la víctima, protegió los intereses de los denunciados, emitiendo incluso una resolución de rechazo, que hasta ese momento no les fue notificada;
4. 4)Habiendo reclamado la efectivización de las medidas de protección mediante memorial de 3 de mayo de 2021, la misma no fue respondida como corresponde; y,
5. 5)Mediante memorial presentado el 13 de mayo de 2021, se denunció a la Fiscal de Materia demandada la visita de terceras personas a su domicilio, amenazándola que si prosigue con la demanda penal, correr peligro su vida.

Lilian Carolina Choque Valda, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 14 de mayo de 2021, cursante a fs. 157 y vta., señaló que:

1. i)Sobre la denuncia penal efectuada por la accionante contra Israel Alan Peñaloza Saavedra y Marcel Magnolty Peñaloza Saavedra, ante la conminatoria del Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Cuarto del departamento de La Paz (Resolución 226/2021), fue rechazada mediante Resolución fiscal de 12 de mayo del mismo año, decisión que se encuentra en etapa de notificación, luego de lo cual la impetrante de tutela bien podría plantear objeción a la misma;
2. ii)Desde el primero momento de la denuncia se dispuso en favor de la víctima las medidas de protección conforme la normativa vigente; y,
3. iii)Teniéndose que la causa cuenta con control jurisdiccional, la solicitante de tutela debe acudir a esta instancia antes de activar la jurisdicción constitucional; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

El Juez de Sentencia Penal Noveno del departamento de La Paz, constituido el Juez de garantías, mediante Resolución 20/2021 de 14 de mayo, cursante de fs. 162 a 166, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo:

1. a)Que la Fiscal de Materia atienda de manera oportuna las medidas de protección solicitadas por la víctima; y,
2. b)Se notifique a la víctima, en el día, la Resolución de rechazo de 12 de mayo de 2021, para que esta parte procesal si así lo estima presente su objeción a la misma, decisión asumida con base a los siguientes fundamentos:
3. 1)El Estado mediante la Constitución Política del Estado y en particular la Ley 348, otorga suprema importancia a la protección de las mujeres y la su vida libre de violencia; por lo que, mediante la acción de libertad, también debe precautelarse dicho bien jurídico protegido, en tal sentido el ámbito de tutela de este mecanismo constitucional también alcanza a la protección de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en particular resguardando las víctimas de violencia;
4. 2)En el presente caso se denunció que no se hubieren notificado las medidas de protección dispuestas el 14 de enero de 2021; sin embargo, se advierte que esta primera cuestionante su fue cumplida, al notificarse a la víctima y a los denunciados las medidas de protección en el caso de estos últimos el 3 de febrero del mismo año; no obstante, siendo que se denunció nuevos actos de amenazas y amedrentamiento la Fiscal de Materia debió haber atendido oportunamente esta petición emitir nuevas medidas de protección, con el antecedente que se advirtió a los denunciados que de incumplir las primeras medidas de protección ser agravarían las mismas;
5. 3)Por otro lado, también se denunció la demora en efectuarse los actos investigativos y requerir las pericias solicitadas por la víctima, en ese contexto se advierte que ante la denuncia de los propios procesados de que no cursa en el cuaderno de investigaciones informe psicológico emitido por los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la autoridad fiscal demandada respondió "téngase presente" y siendo que la carga de la prueba debe aportar el Ministerio Público, la autoridad fiscal demandada debió existir al SLIM la inmediata remisión de la documental extrañada;
6. 4)No es evidente que la pericia de imágenes nos e haya efectuado, pues cursa en el cuaderno el referido informe pericial; y,
7. 5)La Fiscal de Materia, no actuó conforme la normativa precautelando los derechos de la víctima, siendo que existen irregularidades que conlleva un riesgo la integridad física de la misma.

II.2. Resolución fiscal de medidas de protección otorgadas en favor de Lisbeth Quisbert Cruz de 14 de enero de 2021, determinándose lo siguiente:

1. i)Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia;
2. ii)Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia;
3. iii)Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia;
4. iv)Prohibición al agresor de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima; y,
5. v)Se ordena al agresor brindar las más amplias garantías a la víctima y/o terceras personas de forma unilateral (UNIDAD RECONVENCIONAL FELCC), sin presencia de la víctima y se ordena que el agresor se someta a terapia psicológica en un servicio de rehabilitación (CEPROSI), disposiciones bajo el advertido que, "...en caso de subsistir los contactos con la víctima o familiares de la misma se adoptaran otras medidas más gravosas." (sic) (fs. 43).