Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0865/2026-S3 Sucre, 22 de mayo de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional
Expediente: 61808-2024-124-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 26/2024 de 8 de febrero, cursante de fs. 2318 a 2323, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Cristina Guzmán Azeñas en representación de Bertha Rina Suarez Parada contra Regys Medina Paz, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Montero del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 11 y 19 de enero de 2024, cursantes de fs. 121 a 144 y 148 a 161 vta., la accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante documento privado de compra venta de bien inmueble de 13 de julio de 2022, con reconocimiento de firmas ante Notario de Fe Pública, adquirió de Yekaterine Balcázar Suárez, veintisiete (27) lotes de terreno ubicados en la Urbanización "Unión Paraíso", zona noreste, distrito 8 del municipio de Montero, los cuales se encontraban registrados en Derechos Reales (DD.RR.) bajo matrículas individualizadas, con folios reales actualizados, libres de gravamen e hipoteca y con impuestos pagados; señaló que la vendedora acreditó su derecho propietario, el cual provenía del predio rústico denominado "La Unión y el Paraíso".
Con anterioridad a la venta efectuada a su favor, la propietaria realizó múltiples actos de disposición sobre el predio original, consistentes en subinscripción de dominio, ventas parciales a terceros, divisiones y particiones debidamente registradas en DD.RR., así como una cesión gratuita del 40% de la superficie al propio GAM de Montero para calles, avenidas, áreas verdes y equipamiento, quedando una superficie restante de 33 396,17 m²; por lo que, el fundo rústico originalmente descrito ya no existía en su configuración primigenia.
En ese contexto, al momento de intentar registrar el cambio de nombre de los 27 lotes ante el GAM de Montero, se le informó que dichos inmuebles se encontraban registrados a nombre de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, en base a una supuesta minuta de transferencia de 11 de mayo de 1999, presentada únicamente en fotocopia simple, la cual hacía referencia a un fundo rústico de 186.9216 ha, inscrito bajo la partida computarizada 010370030, sin considerar que dicha superficie ya no existía, ni que el inmueble había sido objeto de múltiples transferencias y subdivisiones; dicho cambio de nombre fue realizado por el municipio sin exigir documento original protocolizado, sin verificar la correspondencia entre la partida mencionada y las matrículas individualizadas de los 27 lotes, sin exigir folio real actualizado, sin requerir aclaratoria entre vendedor y comprador, sin orden judicial y sin exigir el pago correcto del impuesto municipal a la transferencia con sus multas correspondientes, aceptando el registro en base a una simple fotocopia, afectando derechos de la accionante y de terceros.
Ante tal situación, inició proceso administrativo solicitando la anulación del cambio de nombre y la emisión de plano de uso de suelo y certificado catastral a su favor e interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa (RA) 0378/2022 de 9 de diciembre, el cual fue rechazado mediante RA 05/2023 de 17 de enero; posteriormente interpuso recurso jerárquico, que fue resuelto por la RA 165/2023 de 9 de junio de 2023, confirmando totalmente la resolución anterior y señalando que la controversia debía ser dilucidada en la vía judicial, actuación que la accionante sostuvo vulneró sus derechos y garantías constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la propiedad privada, reconocidos en la Constitución Política del Estado.
En ese contexto, en cuanto al debido proceso en su vertiente de valoración razonable de la prueba, denunció que la autoridad administrativa no analizó ni valoró adecuadamente la prueba aportada dentro del proceso administrativo, particularmente el documento privado de compra venta de 13 de julio de 2022, con reconocimiento de firmas ante Notaría de Fe Pública 97, mediante el cual Yekaterine Balcázar Suárez, transfirió a su favor veintisiete (27) lotes de terreno ubicados en la Urbanización "Unión Paraíso", registrados en DD.RR. bajo matrículas individualizadas del 7.10.1.01.0026030 al 7.10.1.01.0026056, con folios reales actualizados, libres de gravámenes e impuestos pagados.
Asimismo, sostuvo que no se valoró el folio real de la matrícula 7.10.1.01.0012013, ni la minuta aclarativa de 11 de agosto de 2008, registrada como subinscripción de dominio, así como el informe emitido por DD.RR. que acreditaba múltiples ventas parciales, divisiones, particiones y la cesión gratuita del 40% del terreno al propio GAM de Montero, mediante Instrumento Público 585/2014, quedando una superficie restante de 33 396,17 m² del predio rústico original denominado "La Unión y el Paraíso".
En ese entendido, afirmó que la autoridad administrativa omitió valorar que la supuesta minuta de transferencia de 11 de mayo de 1999, presentada en fotocopia simple, la cual hacía referencia a un fundo rústico de 186.9216 ha, inscrito bajo la partida computarizada 010370030, actualmente migrada a la matrícula 7.10.1.01.0012013, inmueble que dejó de existir en su configuración original debido a sucesivos actos de disposición registrados en DD.RR., pese a ello, el GAM de Montero dio curso al cambio de nombre a favor de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, afectando veintisiete matrículas distintas y sin exigir aclarativa contractual ni verificar correspondencia de superficies, dimensiones y objeto jurídico.
Se denunció igualmente que no se exigió el pago correcto del impuesto municipal a la transferencia ni multas por el tiempo transcurrido desde 1999, aceptándose un pago sobre una base imponible de Bs80 000.- (ochenta mil bolivianos) y un monto de Bs64 800.- (sesenta y cuatro mil ochocientos bolivianos), sin observar que el valor real de los veintisiete inmuebles era sustancialmente mayor, vulnerándose el Decreto Supremo (DS) 24054 de 9 de junio de 1995.
En relación con el principio de pertinencia y congruencia, sostuvo que la resolución impugnada no resolvió de manera exhaustiva los agravios planteados en el recurso jerárquico, limitándose a señalar que la autoridad administrativa no tiene competencia para dirimir derecho propietario y sugiriendo acudir a la vía judicial, sin pronunciarse sobre la aceptación de una fotocopia simple como sustento del cambio de titularidad, ni sobre la inexistencia actual del objeto descrito en la minuta de 1999, tal omisión constituye incongruencia omisiva, al no existir correspondencia entre lo solicitado y lo resuelto.
Respecto a la fundamentación y motivación, afirmó que la resolución se limitó a transcribir normas constitucionales, del Código Tributario, Código Civil, Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento, sin realizar una valoración individualizada de las pruebas ni establecer el nexo de causalidad entre los hechos acreditados, la norma aplicable y la decisión adoptada, no se describieron los medios probatorios aportados, ni se les asignó valor probatorio específico, incumpliéndose los estándares jurisprudenciales sobre debida motivación como elemento esencial del debido proceso.
Asimismo, acusó vulneración del principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, al privilegiarse formalidades administrativas por encima de la realidad histórica registral acreditada en DD.RR., donde consta que el fundo rústico original fue objeto de múltiples ventas parciales, divisiones y cesiones, incluida la cesión al propio municipio; en cuanto al principio de legalidad, sostuvo que la autoridad administrativa infringió la Ley de Procedimiento Administrativo y el DS 27113, particularmente en lo relativo a competencia, objeto lícito del acto administrativo, motivación, elementos esenciales y nulidad de actos dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, alegó que el acto administrativo carece de objeto válido al haberse autorizado un cambio de titularidad respecto de inmuebles urbanizados con matrículas individualizadas, sobre la base de una minuta que hacía referencia a un predio rústico cuya superficie ya no existe en los términos originales.
Se denunció igualmente la vulneración del derecho a la propiedad consagrado en el art. 56 de la CPE, al impedirse el registro de su derecho propietario adquirido legítimamente mediante contrato válido, con documentación saneada, afectando su facultad de usar, gozar y disponer de los bienes; finalmente, el nexo de causalidad se configuró cuando la RA 165/2023, confirmó el cambio de titularidad efectuado por el GAM de Montero a favor de Jorge Edgar Balcázar Vásquez, con base en un documento inconsistente y sin cumplimiento de requisitos legales, impidiendo a la accionante registrar sus derechos propietarios y ejercer plenamente su derecho de propiedad, la omisión de valoración probatoria, la incongruencia, la falta de motivación, la vulneración del principio de legalidad y la negativa a resolver el fondo del conflicto generaron indefensión y lesionaron directamente los derechos al debido proceso, defensa y propiedad, configurándose relevancia constitucional suficiente para la tutela solicitada.
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente de fundamentación, motivación y congruencia, a la valoración de la prueba; a propiedad, a la defensa y al principio de verdad material, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y legalidad; citando al efecto los arts. 56 y 115.II, 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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