Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0868/2026-S2 Sucre, 5 de mayo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 54392-2023-109-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 032/2023 de 22 de marzo, cursante de fs. 129 a 134 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Geraldine Marcela Ríos Nieto en representación legal de Jhanet Villegas Rojas contra Aidé Mamani Romay y Hernán Ocaña Marzana, Vocales de la Sala Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, Serafín Severino Flores Barreta, Juez Público de Familia Cuarto de la Capital del señalado departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 3 y 9 de marzo de 2023, cursantes a fs. 1, 41 a 50 vta. y 54, la accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 2016 recibió de su padre, en calidad de anticipo de legítima, un lote de terreno ubicado en la "...Urbanización Magisterio, Zona Norte, del Distrito Nº 3, lote Nº 17, manzano 12, en las calles Zenen Quintanilla entre Miguel Antonio Porrez y Enrique Noel Kempff Mercado, con una superficie de 300 m2..." (sic); sin embargo, por recomendación de su abogado, la transferencia fue instrumentada mediante una compraventa, razón por la cual el bien inmueble fue registrado también a nombre de su entonces esposo, Víctor Marcelo Rufino Rueda.
Dentro del proceso de divorcio, ambos suscribieron el Acuerdo Regulador de Divorcio de 25 de agosto de 2016, en el que, mediante la Cláusula Tercera, numeral 5, dispusieron que el referido bien inmueble quedaría a favor de sus hijos Andrés Marcelo, Ángelo Diego y Karen todos de apellidos Rufino Villegas -terceros interesados-, dejando expresamente establecido que el mismo provenía de un anticipo de legítima otorgado en su favor y no de una adquisición realizada durante la vigencia del matrimonio. Dicho Acuerdo Regulador fue reconocido en sus firmas y rúbricas y posteriormente sometido a consideración del Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, que mediante Sentencia 209/2016 de 12 de septiembre, declaró la disolución del vínculo conyugal y homologó el Acuerdo Regulador de Divorcio, excepto los numerales 5 y 6 de la Cláusula Tercera, al considerar que esas estipulaciones debían formalizarse mediante documento público; decisión que no fue impugnada y adquirió ejecutoria el 22 de septiembre de 2016.
En 2017 falleció su exesposo; sin embargo, el bien inmueble permaneció inscrito a nombre de ambos pues esa situación beneficiaba a sus tres hijos, al declararse estos herederos de su padre. Con posterioridad, su hijo mayor, Andrés Marcelo Rufino Villegas -tercero interesado-, comenzó a generar conflictos con sus hermanos y pretendió privarla del bien inmueble; ante ello, en el 2019 acudió a un procedimiento de conciliación con el propósito de dividir el mismo, sin lograr acuerdo debido a la negativa de aquel; en consecuencia, en 2021 promovió demanda de división y partición de bien inmueble y cese de copropiedad ante el Juzgado Sexto Público Civil y Comercial de la Capital del departamento de Oruro, proceso que "actualmente" se encuentra en audiencia complementaria.
Mientras dicho proceso se encontraba en trámite, el 17 de julio de 2022, cuando se hallaba trabajando en la República de Chile, fue notificada en el referido bien inmueble con la admisión de un proceso de resolución inmediata promovido por su hijo mayor -Andrés Marcelo Rufino Villegas- ante el Juzgado Público de Familia Cuarto de la Capital del departamento de Oruro, mediante el cual solicitó la homologación del numeral 5 de la Cláusula Tercera del Acuerdo Regulador de Divorcio y su cumplimiento, a fin de que el bien inmueble fuera registrado a nombre de sus tres hijos; como resultado, se dictó la Sentencia 266/2022 de 17 de agosto, que homologó la referida Cláusula y ordenó la inscripción de dicho bien inmueble a favor de los tres hijos. Contra esa determinación interpuso recurso de apelación; sin embargo, mediante Auto de Vista 523/2022 de 19 de octubre, se confirmó íntegramente la Sentencia 266/2022.
En ese sentido acudió a la justicia constitucional cuestionando el Auto de Vista 523/2022, bajo los siguientes argumentos:
- a)En el recurso de apelación denunció que el Juez de primera instancia incurrió en una apreciación contraria a los antecedentes del proceso de divorcio, al afirmar que la falta de homologación de los numerales 5 y 6 de la Cláusula Tercera del Acuerdo Regulador de Divorcio obedecía a la ausencia de documentación que acreditara el derecho propietario sobre el bien inmueble cuando, en realidad, la Sentencia 209/2016 sustentó expresamente esa decisión en la necesidad de observar lo previsto por el art. 177.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF). Este agravio no fue objeto de pronunciamiento por los Vocales demandados;
- b)En el recurso de apelación sostuvo que la homologación del numeral 5 de la Cláusula Tercera de dicho Acuerdo Regulador era ilegal, por cuanto contenía un acto de disposición patrimonial que, conforme al art. 177.II del indicado Código debía formalizarse mediante documento público; al resolver ese agravio, los Vocales demandados señalaron que el referido Acuerdo Regulador no constituía un acto de disposición de bienes gananciales y, por lo tanto, no estaba sujeto a dicha formalidad, así como que no podía alegar lesión derivada de una presunta culpa o error propio al consentir la suscripción del mismo y disponer el bien inmueble en favor de sus hijos. No obstante, esa fundamentación es contradictoria con la propia parte dispositiva de la Sentencia 266/2022, pues si el Acuerdo Regulador de Divorcio carecía de efectos dispositivos, tampoco podía servir de fundamento para ordenar la transferencia del bien inmueble a favor de sus tres hijos; añadió que, la nulidad de un acto jurídico no puede convalidarse por voluntad de las partes, ya que, conforme al art. 553 del Código Civil (CC), el contrato nulo no admite confirmación, la autonomía de la voluntad encuentra límites en el art. 454 del mismo Código, es imprescriptible y puede ser declarada incluso de oficio en cualquier proceso, sin necesidad de una declaración previa. En consecuencia, aunque las partes puedan regular determinados aspectos patrimoniales mediante un acuerdo regulador de divorcio, ello no exime de cumplir la forma prevista por el art. 177.II del citado Código para los actos de disposición, conforme también se desprende del art. 211 de la misma normativa;
- c)En el recurso de apelación sostuvo que la Sentencia 266/2022 contradijo y modificó la Sentencia 209/2016, dictada dentro del proceso de divorcio, al homologar el numeral 5 de la Cláusula Tercera del Acuerdo Regulador de Divorcio, pese a que este había sido expresamente excluido de homologación por una decisión ejecutoriada; al resolver el agravio, los Vocales demandados señalaron que dicha decisión no había adquirido la calidad de cosa juzgada inmodificable, porque en su parte resolutiva se había dejado a salvo el derecho de las partes para promover la división y partición de bienes gananciales, conforme a los arts. 177.II y 421 del CFPF. Sin embargo, ese razonamiento es erróneo pues el hecho de que la Sentencia 266/2022 hubiera reservado a las partes la posibilidad de acudir a un proceso de división y partición, no desvirtúa que la Sentencia 209/2016 hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada material. En consecuencia, afirma que esa decisión no podía ser modificada posteriormente por la sola voluntad de la autoridad judicial ni a instancia de las partes, tampoco con fundamento en un supuesto cambio sobreviniente de circunstancias, resultando inaplicable la cláusula rebus sic stantibus; y,
- d)Es titular del 50% de acciones y derechos sobre el bien inmueble; sin embargo, la Sentencia 266/2022, dictada dentro del proceso de resolución inmediata, dispuso en el numeral 2 de su parte resolutiva el registro del bien inmueble a favor de sus tres hijos, excluyéndola de la inscripción y privándola de su derecho propietario. Este agravio fue planteado en el recurso de apelación; no obstante, los Vocales demandados omitieron pronunciarse sobre el mismo, convalidando una decisión ilegal y vulnerando tanto su derecho al debido proceso como su derecho fundamental a la propiedad.
I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de sus derechos a la propiedad privada y vivienda, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia e interpretación de la norma; así como del principio de seguridad jurídica, sin citar norma constitucional que los contenga.
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