Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0869/2019-S1 Sucre, 11 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 29234-2019-59-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 183/2019 de 2 de junio, cursante de fs. 76 a 77 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edwin Peña Palacios contra Lilian Rosa Hilda Calderón Mariaca, Fiscal de Materia del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 1 de junio de 2019, cursante de fs. 42 a 46; el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Paola Mariana Piérola Abasto, denunció ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que se hubiera contactado con "Manuel Guzmán y otros", quienes supuestamente eran servidores públicos del Ministerio de Educación, los mismos que le hubiesen manifestado que podían conseguirle una beca para su hija en la Universidad Privada de Bolivia (UPB), para lo cual debía depositarle la suma de Bs33 000.- (treinta y tres mil bolivianos); sin embargo, tiempo después le llamaron del referido Ministerio, indicándole que retiraron la beca porque su hija estudiaba en un colegio particular; en consecuencia, solicitó la devolución de su dinero, sin obtener una respuesta favorable. Posteriormente, el 17 de mayo de 2019, "...se apersonan en representación del Ministerio de Educación en contra de (...) y Edwin Peña Palacios, por (...) la comisión de delitos de Contribuciones y ventajas ilegítimas..." (sic).
El 20 de mayo de 2019, le citaron para que se presente a declarar ante la Fiscal de Materia, apersonándose el 22 del mismo mes y año, sin su abogado razón por la cual se suspendió la audiencia; el 29 del citado mes y año, después de que prestó su declaración informativa por los delitos de estafa, y, contribuciones y ventajas ilegítimas, tipificados en los arts. 335 y 228 del Código Penal (CP), fue aprehendido pese a que voluntariamente acudió ante la autoridad fiscal "...sin que exista citación alguna..." (sic); quien emitió el mismo día la Resolución Fundamentada de Aprehensión, señalando que existen indicios suficientes por los delitos querellados en su contra, así como los riesgos procesales de fuga y obstaculización, ordenando su aprehensión, estando privado de su libertad en celdas judiciales "...hasta hoy viernes 31 de mayo, es decir, por más de 24 horas..." (sic). Alegó que le detuvieron de forma ilegal e indebida, vulnerando su derecho al debido proceso porque:
- a)El "Acta de Citación" de 20 de mayo de 2019, fue expedida de forma dolosa al no establecer la fecha en la cual debía prestar su declaración informativa;
- b)En la misma fecha, la representante del Ministerio Público dio a conocer al Juez de Instrucción Penal Primero del departamento de La Paz, sobre la ampliación de la denuncia por los delitos de estafa, y, contribuciones y ventajas ilegítimas previstos y sancionados por los arts. 335 y 228 del CP, a objeto de que realice el control jurisdiccional correspondiente;
- c)El 23 del mencionado mes y año, a través de memorial presentado por la referida Fiscal de Materia, la misma manifestó que su persona fue asignada para ejercer las funciones atinentes a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, no obstante, el caso involucra a servidores públicos; por lo que, no le competía proseguir con la investigación; en ese entendido, solicitó declinatoria "por jurisdicción y competencia", toda vez que por especialidad corresponde conocer los hechos a la autoridad jurisdiccional competente -juzgados de instrucción anticorrupción-; y,
- d)Sin tener respuesta a dicha solicitud, el 29 de igual mes y año, la aludida Fiscal de Materia emitió la Resolución Fundamentada de Aprehensión, vulnerando así el debido proceso y además tipificando delitos que no son de conocimiento del Juez de control jurisdiccional, ya que lo establecido en el art. 228 del CP ha sido modificado por el art. 228 bis del referido cuerpo normativo.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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