Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0869/2019-S2 Sucre, 25 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 28993-2019-58-AAC Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 53/2019 de 29 de abril, cursante de fs. 330 a 335, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Juan Mamani Miranda y Braulio Mamani Rosales contra Santiago Delgadillo Villalpando, Presidente; Juan Luis Cuevas Guagama, Vocal Permanente; Miguel Alfredo Vilca Conde y Javier Freddy Huanca Tintaya, Vocales Suplentes, ex miembros; y, Eduardo Rivera Yucra, Presidente, Luis Carvajal Delgado y Ángel Guillermo Dávalos Castillo, Vocales Permanentes; Julio Monrroy Chuquimia y Elizardo Nacho Rojas, Vocales Suplentes, todos del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 22 de marzo y 9 de abril, ambos de 2019, respectivamente, cursantes de fs. 290 a 298 vta.; y, 302 y vta., la parte accionante, manifestó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 13 de mayo de "2017" -lo correcto y en adelante en 2018-, cuando se encontraban cumpliendo sus funciones como personal de seguridad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) - Empresa Minera Huanuni; fueron supuestamente sorprendidos en flagrancia en la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; razón por la cual, se los aprehendió y envió a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Huanuni, instancia en la que se dio inicio de investigación penal en contra de los mismos y posterior acusación formal, con solicitud de medidas cautelares.
Como resultado de las diligencias investigativas, se les inició un proceso disciplinario por supuestamente haber infringido el art. 14.8 y 17 de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana (LRDPB) -Ley 101 de 4 de abril de 2011-, proceso en el que se omitió valorar correctamente el informe de intervención policial elaborado por Iván Bustamante Zarate, investigador de la FELCC - Huanuni; ya que, se generó una duda razonable, al no tener constancia alguna de que se hubiera encontrado mineral en sus pertenencias, debido a que no existe un acta de requisa personal para demostrar éste extremo; el acta de recepción y secuestro de indicios materiales elaborado por el aludido investigador, demostró claramente que la persona que entregó a la referida institución policial el mineral que aparentemente estaba en su poder, fue el funcionario militar que funge como denunciante; aspecto que tampoco está debidamente valorado por el Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana; puesto que, en ese documento se evidenció que no portaban el mencionado mineral; sin embargo, basaron dicha tenencia solo en esa versión. En las declaraciones testificales de cargo, ofrecidas por el Fiscal Policial, también se remitieron al informe del señalado funcionario militar, sin constarles objetivamente todo lo sucedido; y, en la declaración informativa de los testigos de descargo, se estableció con claridad que pasaron los dos controles externos sin haberse encontrado nada en las revisiones rutinarias que hicieron los funcionarios militares y que la aprehensión se realizó después de haber pasado ese control.
Asimismo, aluden que lo descrito por el Fiscal Policial, no se encuentra previsto en el art. 6 de la LRDPB; puesto que, se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión que incurrieran los servidores públicos policiales en el ejercicio de sus funciones; empero, los oficios que les fueron asignados en COMIBOL - Empresa Minera Huanuni, eran desarrollados de horas 4:00 a 7:00; por cuanto, su aprehensión -9:40 horas- fue injusta, porque ya habían concluido sus funciones.
En ese marco, alegan que dicho procesamiento en primera instancia, mediante Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro 16/2018 de 18 de mayo, que dispuso sus bajas definitivas de la referida institución, sin derecho a reincorporación, por la transgresión del art. 14.8 y 17 de la LRDPB, carece de fundamentación; dado que, con la descripción errónea y enunciada del Fiscal Policial, no se estableció objetivamente que el día de la aprehensión se encontraban en poder del mineral; razón por la cual, consideran que existen errores de fondo inicialmente en la etapa de investigación; empero, en la mencionada Resolución establecieron que estaban en poder del mineral en el momento de su aprehensión, sin haberse valorado debidamente las pruebas.
Frente a ello, plantearon recurso de apelación, alegando la existencia de errores en la indicada Resolución Administrativa, por la falta de valoración de prueba, congruencia y adecuación al principio de legalidad; mereciendo la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 237/2018 de 15 de noviembre, por la cual, se declaró improbado dicho recurso y confirmó la Resolución Administrativa del Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro 16/2018, con criterios abstractos e incongruentes, transcribiendo su petitorio con respuestas carentes de análisis y tecnicismos requeridos; efectuando así, una copia de la Resolución Administrativa de primera instancia.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
Consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba; al trabajo; y, al principio de legalidad; citando al efecto los arts. 8.II; 14.I, II y IV; 46.I.1 y 2; 48.II y IV; 109; 115.I y II; 116; 117.I; y, 119.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP.); 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 26 de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (DADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia, se disponga:
- a)Anular y dejar sin efecto ni valor alguno la Resolución del Tribunal Disciplinario Superior Permanente de la Policía Boliviana 237/2018;
- b)La restitución de sus derechos constitucionales e institucionales; y,
- c)Dictar una nueva resolución acorde a las disposiciones generales de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 29 de abril de 2019, según consta en acta cursante de fs. 322 a 329, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso su demanda tutelar y ampliando la misma, manifestaron lo siguiente:
- 1)Las pruebas no fueron correctamente valoradas, más al contrario solo se enunciaron en la Resolución de alzada; y, se las tomó como suficientes para poder probar la comisión de las dos faltas disciplinarias por las que fueron procesados, estas pruebas se refieren al informe de intervención policial; en el cual, se indicó que por información del denunciante, quién procedió a su arresto, se los interceptó en poder del mineral oculto entre sus prendas de vestir; sin que dicha aseveración hubiera sido refrendada con otro elemento de prueba para poder ser valorado y utilizado en contra de ellos;
- 2)El Tribunal de alzada no valoró el acta de recepción y secuestro de indicios materiales, que cursa en fotocopia legalizada en el expediente, la cual demuestra claramente que quien entregó el mineral que supuestamente estaba en su poder, es un funcionario militar que no acompañó a su denuncia un acta de requisa personal o de secuestro de dicho mineral, sin ofrecer testigos presenciales que den fe del supuesto hecho; tampoco, se valoró los testigos de cargo ofrecidos por el Fiscal Policial y producidos en juicio oral ante el Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana de Oruro, quienes indicaron que salieron de COMIBOL - Empresa Minera Huanuni, pasando el primer y segundo control con normalidad, pero que, posteriormente a una distancia de 200 metros, se aproximó uno de los funcionarios militares e inmediatamente los arrestó, señalando que no vieron el momento en el que fueron revisados o requisados para pasar esos controles;
- 3)Ninguna de las pruebas que se ventilaron en juicio, demostraron la comisión de la falta disciplinaria inserta en el art. 14.8 de la LRDPB, porque al momento del presunto hecho no se encontraban en servicio y al haber sido aprehendidos por el Ministerio Público y remitidos al Órgano jurisdiccional para su procesamiento, tomaron como cumplido el segundo requisito de esta falta disciplinaria, cual es, ejecutar servicios policiales para fines ilícitos; dando por verdadera la supuesta comisión de un delito sin tener una sentencia condenatoria por un acto delictivo, lesionando su derecho a la presunción de inocencia; y,
- 4)La falta disciplinaria insertada en el art. 14.17 de la LRDPB, contempla dos elementos constitutivos, que se les debía encontrar en flagrancia al momento de la comisión del supuesto delito y que esta acción tuvo que comprometer gravemente la imagen institucional, aspectos que no acontecieron en el presente caso; toda vez que, en la vía ordinaria se emitió la Sentencia 5/2019 de 1 de abril, dentro del proceso penal iniciado en contra de ellos, como producto del hecho suscitado el 13 de mayo de 2018, siendo favorecidos con una sentencia absolutoria, en virtud de no haberse probado efectivamente, materialmente ni objetivamente la comisión del hecho.
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