0871/2021-S4

Señaló que dicha resolución de alzada, es lesiva a los derechos fundamentales y garantías constitucionales ahora reclamados de tutela; debido a que, generó dos hechos ilícitos y arbitrarios, que son los siguientes:

1. a)Ilegal y arbitraria motivación de la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 234.7 del CPP, relacionado al peligro efectivo para la víctima; en virtud a que, el fallo primigenio que determinó su detención preventiva, basó el mencionado peligro procesal en dos indicadores:
2. 1)La superioridad del imputado con relación a la víctima adolescente que la haría vulnerable; y,
3. 2)Por las características y/o naturaleza del delito; aspectos totalmente contrarios a lo establecido por la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 353/2014, 0958/2016-S3 y 0583/2017-S2, que prohibió basar el precepto aludido, en la naturaleza del delito que se investiga y construir el mismo por la gravedad del ilícito; empero, el Tribunal a quo, en el Auto Interlocutorio de 27 de octubre de 2020, se limitó a hacer una repetición en forma de listado de los elementos de convicción que propuso en audiencia, reemplazando la labor valorativa y analítica con una simple descripción, transcribiendo de forma textual las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0823/2012"-R", 0056/2014"-S2", 1206/2017-S1 y 0001/2019-S2, sin adecuarlas a su situación jurídica y los indicadores fácticos que dieron origen a la construcción del merituado riesgo procesal; sin embargo, aunque todo esto fue denunciado ante el ad quem, éste omitió los hechos ilegales del inferior y en contrario los validó, sin tomar en cuenta los agravios fundamentados al respecto, citando para justificar su decisión al art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, la SCP 0334/2018-S2 de "10 de agosto", sin considerar que un derecho no puede ser superado por una "SC" perjudicial a los intereses del imputado, señalando que la conclusión a la que arribó el inferior era correcta, refiriendo simplemente a la condición de minoridad de la víctima y su situación de vulnerabilidad, sin verificar de forma objetiva los indicadores en la construcción del riesgo de fuga, incorporando a los mismos, la existencia del "hecho de agresión sexual", lesionando la presunción de inocencia; e,
4. b)Ilegal y arbitraria motivación e incorrecta valoración de los elementos de prueba, con relación a lo previsto por el art. 235.2 del adjetivo penal; debido a que, los indicadores que construyeron el riesgo de obstaculización en la resolución primigenia de su detención preventiva fue que se lo identificó como sujeto de influencia únicamente con relación a la víctima adolescente, relacionado posteriormente, con la declaración de una testigo que llegó a ser la hermana de ésta; empero, el a quo hizo referencia a aspectos que nada tienen que ver con la construcción inicial, relacionados a violencia física y psicológica, citando jurisprudencia constitucional que sostendrían que el riesgo indicado persiste aún en ejecución de sentencia, sin hacer el contraste respectivo con los antecedentes del caso; no obstante, el ad quem avaló tales ilegalidades del inferior y aumentando las mismas se refirió a una amenaza, usando en su contra y de forma retroactiva la modificación efectuada al precepto aludido por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres ?Ley 1173 de 3 de mayo de 2019?, sin valorar la prueba ofrecida para enervar este riesgo procesal, como ser que la víctima ya prestó su declaración informativa y el nombre de la hermana de ésta tampoco figura en la lista de declaraciones testificales pendientes; además que, desde su detención preventiva al 27 de octubre de 2020 -fecha del auto interlocutorio recurrido-, transcurrió un año y cinco meses aproximadamente, en cuyo lapso ni la denunciante o la víctima tuvieron contacto alguno con su persona.