0871/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Se deje sin efecto el Auto de Vista de 11 de marzo de 2021, emitido por el Vocal ahora demandado;
2. b)Se dicte una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada, bajo el entendimiento del derecho a la libertad y los nuevos postulados de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019-;
3. c)Se establezca la responsabilidad civil con un monto indemnizable a su favor, en calidad de víctima, porque existe una detención indebida y arbitraria; y,
4. d)El pago de costas judiciales, a ser calificados en ejecución de fallo en contra del ahora demandado.

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que:

1. 1)La autoridad ahora demandada en su informe señaló que el Auto de Vista de 11 de marzo de 2021 es modificable y que no causa estado, y que por lo mismo debería pedir al Juez inferior la modificación de las medidas cautelares;
2. 2)El informe presentado por el Vocal ahora demandado carece de lógica como el Auto de Vista antes referido, puesto que no hay sensatez alguna en imponer una suma de Bs100 000.-, a un chofer que gana Bs2000.-; y,
3. 3)De acuerdo a la ley y a la jurisprudencia constitucional, la fianza económica debe ser proporcional, tomando en cuenta la situación patrimonial del imputado, en ese entendido, la suma interpuesta se tornó en discrecional y por lo tanto en arbitraria, más aún en un contexto de la pandemia a causa del COVID-19, donde Bolivia pasa por un déficit económico.

Jaime Vladimir Jiménez Vidaurre, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, remitió informe escrito de 12 de mayo de 2021, cursante de fs. 18 a 19, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)El 11 de marzo de ese año, en mérito al recurso de apelación incidental presentado por el ahora accionante es que declaró procedente el mismo, y en su mérito revocó el Auto recurrido, disponiendo medidas cautelares descritas en el art. 231 Bis del CPP modificadas por la Ley 1173, consistentes en la detención domiciliaria con vigilancia policial, arraigo a nivel nacional, y una fianza económica en la suma de Bs100 000.-;
2. ii)Las medidas cautelares no causan estado, y conforme el art. 250 del CPP, tienen como características la variabilidad, modificabilidad, y temporalidad entre otras, mismas que fueron aplicadas en la audiencia de apelación incidental, explicando además que el imputado tiene la vía expedita para pedir su modificación, es decir, que la libertad del imputado depende únicamente de la activación de los mecanismos intraprocesales para acceder a dicho beneficio, acreditando su situación patrimonial, e invocando la norma pertinente, en ese entendido, desde el 11 de marzo del año señalado cesó la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, y si a la fecha no está en libertad, es por motivos atribuibles únicamente a su defensa técnica;
3. iii)El hoy peticionante de tutela no acreditó ninguna de las causales de procedencia de la acción de libertad que interpuso, pues no demostró que su vida esté en peligro, indebidamente perseguido, preso, procesado o privado de libertad, por lo que, no fueron demostrados los presupuestos procesales para la activación de la acción tutelar; y,
4. iv)El Auto de Vista ahora cuestionado se encuentra debidamente fundamentado por responder a todos los agravios expuestos por el demandante de tutela, por lo que no pudo evidenciarse una vulneración a sus derechos.

El Tribunal de Sentencia Penal Primero - Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal de Uncía del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 01/2021 de 12 de mayo, cursante de fs. 21 vta. a 23 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 11 de marzo de igual año, en lo que se refiere a la fianza económica impuesta de Bs100 000.-, debiendo la Sala Penal del Tribunal de Justicia del citado departamento proceder a llevar adelante una nueva audiencia para considerar una nueva fianza si corresponde, y la que se impondrá en razón de las condiciones económicas del imputado, en todo lo demás, dicha Resolución se mantiene incólume;

1. b)Establecer responsabilidad civil contra el Vocal ahora demandado; y,
2. c)Con costas a favor del accionante, con los siguientes fundamentos:
3. 1)Existe el apresamiento ilegal o indebido, entre otros casos, cuando la autoridad judicial dispone una fianza por un monto de imposible cumplimiento, eso supone que la misma no tiene por objeto el resarcimiento alguno, resultando irracional que la autoridad judicial fije una fianza inalcanzable; en ese mismo sentido lo entendió la norma y la jurisprudencia constitucional que señala que debe fijarse dicha fianza teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado;
4. 2)Si la fianza se torna inalcanzable para su cumplimiento para el imputado, la decisión se vuelve en indebida, por lo que la detención preventiva formalmente legal se convierte en indebida;
5. 3)La jurisprudencia constitucional a través de las Sentencias Constitucionales "408/01-R de 8 de mayo, 404/2020, 542/20-R, 11/2002-R, 0011/2019-S2, 1112/2002-R" (sic), entre otras, si bien determinó respecto a la fianza y a un posible cumplimiento; empero, también estableció como exigencia que el imputado tiene la carga de la prueba para demostrar su situación patrimonial, por lo que no es suficiente señalar que tiene una situación económica difícil, sino que además debe probarse;
6. 4)En el caso concreto, la fianza impuesta por el Vocal ahora demandado de Bs100 000.-, resulta excesiva, tomando en cuenta el nivel socioeconómico promedio de los ciudadanos bolivianos; y, desproporcionado en función de la finalidad que dicha fianza debe cumplir; y,
7. 5)Desde la perspectiva constitucional la fianza ya señalada se torna en indebida respecto a la detención del acusado por no poder satisfacerlo, por lo que es evidente que al habérsele impuesto de esa manera, se ha faltado al debido proceso en su triple dimensión, en su evidente motivación y fundamentación, por lo que la acción tutelar debe concedérsela.