0872/2022-S3

El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que:

1. a)En cuanto a determinar la probabilidad de autoría, tienen que existir los presupuestos de cuando, cómo y donde ocurrió el hecho; sin embargo, se indicó que el mismo fue cometido por los coimputados y su persona, en razón a la declaración de un coimputado;
2. b)Respecto al peligro para la sociedad o la víctima, no se fundamentó de qué manera sería un peligro estando en libertad, ya que la Vocal ahora accionada únicamente señaló que podría destruir o modificar los elementos de prueba porque mandó a maniatar a la víctima, sin que se indique cómo es que puede influir o destruir la prueba;
3. c)El peligro de obstaculización se lo construyó con base a la mencionada declaración informativa, señalándose la existencia de una tercera persona, el "colombiano", y los coimputados; empero, la Vocal hoy accionada no motivó sobre qué testigos influiría negativamente o cómo concurrían los riesgos procesales, encontrándose solamente esa declaración informativa de un imputado, la cual debe ser considerada como un indicio y no así como un elemento de prueba, basándose su fundamentación en simples presunciones; y,
4. d)Solicitó se anule el Auto de Vista 118/2021, y se ordene a la Vocal ahora accionada que resuelva todos los agravios que se argumentaron en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, con base a los principios de razonabilidad, lógica y proporcionalidad, determinando la procedencia de ese recurso y su consiguiente libertad.

María Giovanna Pizo Guzmán, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 27 de abril de 2021, cursante a fs. 562 y vta., manifestó que:

1. 1)El 11 de marzo de ese año, fue celebrada la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra la determinación de la imposición de la medida cautelar de detención preventiva -Resolución de 11 de febrero del citado año-, emitiéndose el Auto de Vista 118/2021, por el cual la se declaró la improcedencia de dicho recurso, y se confirmó la referida Resolución, emitida por el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del mencionado departamento, devolviéndose el legajo al mencionado Juzgado el 22 de marzo del mismo año; y,
2. 2)A tiempo de considerarse y resolver el indicado recurso se cumplió a cabalidad con los requisitos de forma y fondo, habiéndose analizado y dilucidado cada uno de los puntos identificados como motivo de agravio, estableciéndose la debida fundamentación y motivación en el señalado Auto de Vista; por lo que, la mera disconformidad del accionante con lo resuelto no se constituye en causa suficiente para solicitar se conceda la tutela; puesto que, la jurisdicción constitucional no asume un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces, más aún cuando se alega la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que no es plausible sea afectado en vía de medidas cautelares, ya que el análisis de tal instituto no dilucida circunstancias de fondo, sino que tiene como propósito esencial el reguardo de los bienes jurídicos contenidos en el art. 221 del CPP; así también, se debe considerar la naturaleza de los instrumentos procesales, entre ellos la variabilidad.

La Jueza de Ejecución Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2021 de 27 de abril, cursante de fs. 565 a 570, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:

1. i)Conforme al art. 233.1 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173 y la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019-, se consideró a la declaración del coimputado Omar Jhonny Fernández Herrera, determinándose que es suficiente para la acreditación de la presunta participación o autoría del imputado -hoy accionante- en la comisión del hecho, declaración que se torna en un elemento idóneo para establecer la probable participación del mismo en la comisión del hecho que se investiga;
2. ii)En cuanto al riesgo procesal previsto por el art. 234.1 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, el Ministerio Público cumplió con su labor al acreditar la concurrencia de dos actividades por parte del accionante, ya que el accionante no demostró su actividad y menos su permanencia y estabilidad, presupuestos que no fueron satisfechos; por lo que, la Vocal hoy accionada ratificó la vigencia de ese riesgo procesal;
3. iii)Con relación al riesgo procesal establecido por el numeral 7 del citado artículo, se tiene que si bien el imputado -hoy accionante- no hubiera participado en la comisión del hecho ilícito; sin embargo, por una parte se advirtió el grado de violencia que hubiera ejercido, y por otra parte, la concurrencia de otros sujetos dentro del grupo de vulnerabilidad en función a los lineamientos de género, al grupo familiar de la ahora occisa -víctima del proceso-, razonamientos y presupuestos que no se apartaron de los lineamientos establecidos en la "SCP 001/2019⁶", mencionados en la fundamentación del Auto de Vista 118/2021, emitido por la Vocal ahora accionada, es así que se ratificó la vigencia del indicado peligro procesal;
4. iv)En cuanto al riesgo procesal previsto por el art. 235.1 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, la Vocal hoy accionada confirmó la vigencia de dicho peligro procesal, tomando en cuenta como elemento objetivo la relación existente entre los coimputados, establecida a partir de la declaración del coimputado Omar Jhonny Fernández Herrera, con relación al accionante, motivando que el proceso haya sido accionado contra este y que inclusive se hizo mención que existen otros sujetos involucrados que se encuentran en libertad; en ese sentido, es que declaró vigente el señalado presupuesto en función de garantizar el desarrollo del proceso y la averiguación de la verdad, de conformidad al art. 221 del CPP, tomando en cuenta que el proceso se encuentra en etapa preparatoria, por cuanto ratificó ese riesgo procesal;
5. v)De la relación de los coimputados establecida a partir de la declaración informativa del mencionado coimputado Omar Yhonny Fernández Herrada, con relación al accionante, se tiene que inclusive existen otros involucrados como el "colombiano" de quien no se tiene su identidad, elementos que facilitan que el accionante pueda modificar el lugar de los hechos y los elementos de convicción, motivo por el que la Vocal hoy accionada ratificó la vigencia de ese presupuesto, con la finalidad de garantizar el desarrollo del proceso y la averiguación de la verdad, conforme la previsión del citado artículo, teniendo en cuenta el estado actual del proceso; por lo que, se ratificó el peligro procesal previsto por el numeral 1 del art. 235 del CPP;
6. vi)Respecto al riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, que refiere la influencia negativa sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente; considerando la declaración informativa del coimputado antes mencionado, en la que se refiere que el accionante habría pagado Bs70 000.- (setenta mil bolivianos), a "David Sapana" y a Omar Jhonny Fernández Herrada con la finalidad de que ejecuten la vida de Mónica Olmos Herrada, concluyéndose que la entrega de ese dinero y bajo las amenazas del "colombiano", quien también fue contratado por el coimputado hoy accionante, el cual influenció en "Omar y David" con la finalidad de que no conversen del hecho, es así que la Vocal ahora accionada en razón a ese presupuesto ratificó la vigencia del referido riesgo procesal bajo el parámetro de que se tiene identificados a los sujetos en los que el accionante podría influir negativamente, por ello, el nombrado tiene la facilidad de ejercer dicha influencia; por lo que, la Vocal hoy accionada ratificó la concurrencia del mismo, precautelando la finalidad de las medidas cautelares;
7. vii)Ante la duda de autoría expuesta por el accionante, la defensa debió atacar la imputación formal dentro del plazo procesal, encontrándose el proceso en etapa investigativa, se aplicó la medida cautelar por la presunta autoría, la cual se probara en etapa de juicio oral, siendo la finalidad de las medidas cautelares asegurar la averiguación de la verdad en el desarrollo del proceso; y,
8. viii)Del análisis del Auto de Vista 118/2021, se tiene que el mismo se encuentra debidamente fundamentado, por cuanto cumple con todos los parámetros exigidos por la norma procesal penal, constitucional y la jurisprudencia, ya que la Vocal ahora accionada no solo recurrió al análisis de la Resolución de 11 de febrero de 2021, sino de aquellas otras que cursan en el "cuadernillo de medidas cautelares" así como de las normas procesales y de la Constitución Política del Estado; por lo que, la Vocal hoy accionada vulneró ningún derecho o garantía del accionante.

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libertad de locomoción, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, y a la presunción de inocencia; puesto que, la Vocal ahora accionada mediante Auto de Vista 118/2021 de 11 de marzo, declaró improcedente el recurso de apelación incidental, y confirmó la Resolución de 11 de febrero de 2021; sin considerar que:

1. a)Se determinó la probabilidad de autoría contra su persona, incumpliéndose con los presupuestos establecidos por ley, basándose únicamente en una declaración de un coimputado -ahora condenado- para imputarlo formalmente, ya que la misma solo contiene meras suposiciones; por lo que, se le debió imponer medidas cautelares menos gravosas;
2. b)No se valoró de forma correcta las pruebas presentadas para la acreditación de su arraigo natural, a partir de las cuales se evidencia que cuenta con una familia, domicilio y trabajo, debido a que vive en concubinato en la casa de su madre, y además que trabaja y estudia, dedicándose a la agricultura en el terreno que acreditó mediante la documentación que presentó;
3. c)No se fundamentó de qué manera sería un peligro para la sociedad o la víctima -art. 235.1 del CPP-, ni se fundamentó como sería un peligro estando en libertad, habiéndose únicamente señalado que podría destruir o modificar los elementos de prueba, sin que se indique cómo es que lo haría; y,
4. d)El peligro de obstaculización -art. 235.2 del CPP- también tiene como base la indicada declaración informativa, la cual debe ser considerada como indicio y no así como prueba, señalándose la existencia de una tercera persona, el "colombiano" y a los coimputados, sin motivar sobre qué testigos influiría negativamente o de qué manera es que concurría ese riesgo procesal.