0873/2022-S3

Nelson Pacheco Barrios, Fiscal Departamental de Potosí de la Policía Boliviana, mediante informe escrito, cursante de fs. 61 a 62 vta., señaló:

1. a)Cada institución (Policial o Militar), cuenta con su normativa especial, que en el caso de la institución que representa, es la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, que tiene por objeto regular el régimen disciplinario estableciendo las faltas y sanciones, las autoridades competentes y los respectivos procedimientos, garantizando un proceso disciplinario eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos humanos en resguardo de la dignidad de las servidoras y los servidores públicos policiales. Asimismo, en lo que respecta al ámbito administrativo disciplinario, se cuenta con instrumentos normativos conexos que son el Reglamento de la Fiscalía Policial Bolivia, aprobado a través de Resolución Administrativa (RA) 0225/12, de 30 de mayo de 2012; el Manual de Procedimientos de la Fiscalía General de la Policía Boliviana, aprobado a través de la RA "06045/11", de 2 de junio de 2011; el Manual de Organización y Funciones de las Fiscalías Policiales Departamentales, aprobado por la misma RA 0225/12; los que al ser aprobados por el Comando General de la Policía Boliviana mediante una Resolución, gozan de vida jurídica propia;
2. b)En tal sentido, se tienen dos momentos o mecanismos procedimentales que tiene el Fiscal Policial, para el pronunciamiento de un determinado caso, que son:
3. 1)El Requerimiento directo de Inicio de Investigaciones; y,
4. 2)El Requerimiento de Carácter Previo;
5. c)El primero de los nombrados se efectúa cuando existen suficientes indicios o elementos de convicción que generen en el funcionario policial denunciado la probabilidad de la falta grave atribuida, lo que implica que se abre lo previsto en el art. 66 de la LRDPB, que a la letra dice: "La o el Fiscal Policial asignado, dentro de las veinticuatro horas de recibida la denuncia o la información sobre la comisión de faltas graves, emitirá su requerimiento de inicio de investigación y dispondrá la realización de los actos investigativos necesarios" (sic); indicando textualmente que se efectuarán actos de investigación;
6. d)Con relación a lo previsto en el art. 67 del mismo cuerpo normativo, la investigación disciplinaria tendrá un plazo máximo de duración de quince días calendario que podrá ampliarse únicamente por diez días a solicitud fundamentada de la o el Fiscal Policial a la o al Fiscal Departamental. Y, para casos complejos comprendidos en el art. 14 podrá ampliarse únicamente por veinte días a solicitud fundamentada de la o el Fiscal Policial; corroborándose que el término previsto en la señalada norma, se otorga a fin de efectuar diligencias de investigación, tal cual reza el art. 68 de la misma Ley, al indicar que la investigadora o el investigador asignado al caso es la encargada o el encargado de realizar las diligencias investigativas dispuestas por el Fiscal Policial, las mismas que convergen en la realización de citaciones y notificaciones; recepción de las declaraciones de la denunciante o del denunciante, de la denunciada o del denunciado y de testigos; así como de la recolección de las pruebas; la elaboración de las actas correspondientes; y otras que se consideren pertinentes;
7. e)Culminado el plazo para la investigación disciplinaria, el investigador asignado al caso, remite el cuaderno de investigaciones más el informe final a conocimiento del Fiscal Policial, quien conforme prevé el art. 70 de esa Ley, requerirá por el rechazo de la misma, mediante resolución fundamentada, la misma que se notifica a las partes involucradas cuando la denuncia resultare falsa, no se compruebe el hecho ni la participación de la servidora o servidor público policial procesado, o no existan elementos suficientes para sustentar la acusación, y cuando se demuestre la existencia de cosa juzgada o prescripción;
8. f)Contra la resolución de rechazo de denuncia, existe la impugnación prevista en el art. 71 de la LRDPB, diseñada a favor de las partes, para que puedan cuestionar la resolución de rechazo; lo que ameritará que la o el Fiscal Departamental Policial se pronuncie revocando o confirmando el rechazo;
9. g)De allí que se tiene que los requisitos formales y procedimentales para que sea partícipe el Fiscal Departamental Policial, en lo que refiere a conocer y resolver impugnaciones a resoluciones, es que primero haya un requerimiento de inicio de investigaciones, la investigación como tal y la culminación de la misma, para ingresar -en caso de rechazo de denuncia-, a la impugnación de esta determinación, conforme a su atribución conferida por el art. 41.7 de la misma Ley;
10. h)El segundo momento que es el Requerimiento Previo CP-FP-043/2021, se la efectúa cuando no se tiene indicios o elementos de convicción que generen la presunta culpabilidad de la denunciada o el denunciado, o cuando la parte denunciante no cumplió los requisitos establecidos en el art. 12 de la LRDPB; condiciones en las cuales la o el Fiscal Policial solicita dicho requerimiento, que consiste en solicitar a la parte denunciante más elementos de convicción y cumplir los requisitos de una denuncia escrita. Como se puede apreciar, en este momento procesal, no se ingresa como tal a una etapa o inicio de investigación, es más, no se libra un requerimiento de inicio de investigaciones, no se efectúa diligencia alguna, no existe un informe final labrado por el investigador asignado al caso; al contrario, a la culminación del plazo de setenta y dos horas de este actuado, el o la Fiscal Policial tiene la potestad de emitir recién el inicio de investigación, o el requerimiento de rechazo de denuncia y no así dicta una resolución de rechazo, pues esta última es propia del procedimiento que se tramita cuando hubo un inicio de investigación;
11. i)En la práctica lo que ocurrió con la denuncia interpuesta por el impetrante de tutela, fue que ésta se formuló de forma escrita contra el funcionario policial Jesús "M." Jilamita Melendres, y conforme a procedimiento, por secretaria de la Fiscalía Departamental Policial se designó la denuncia a un Fiscal Policial, quien emitió el Requerimiento Previo CP-FP-043/2021, que le fue notificado al entonces denunciante -hoy peticionante de tutela- para que aporte mayores elementos de convicción. Tras dar cumplimiento a lo requerido, la Fiscal Policial en uso de sus atribuciones y en el marco en la norma, habiendo valorado todo lo recabado, resolvió dictar el Requerimiento de Rechazo de Denuncia -y no así una resolución-, que le fue comunicado al accionante para que esté derecho;
12. j)Al corriente de dicha determinación, el denunciante -ahora impetrante de tutela-, impugnó el Requerimiento de Rechazo de Denuncia, remitiéndose los antecedentes al Fiscal Departamental Policial para que requiera lo que en derecho corresponda; autoridad que de acuerdo a sus atribuciones, a través del "Decreto" en cuestión, respondió en el "POR TANTO" sin ingresar al fondo del asunto, ya que el requerimiento de carácter previo no reconoce ningún medio recursivo porque "...no contempla los presupuestos de una impugnación que son la LEGITIMIDAD, que la impugnación se desarrolla en el contexto de un PROCESO y la FORMALIDAD" (sic);
13. k)Por otra parte, señala que el art. 41 de la LRDPB claramente establece en su numeral 7 las atribuciones del Fiscal Departamental Policial, respecto a conocer y resolver impugnaciones a resoluciones que dispongan rechazo de las investigaciones; lo que no ocurrió en el presente caso, puesto que no hubo etapa investigativa, y fue por esta razón que el Fiscal Policial emitió un requerimiento de rechazo de denuncia, y no así una resolución, de acuerdo a sus propias atribuciones contenidas en el art. 40.6 de la misma Ley;
14. l)En ese entendido se emitió el Memorándum Circular Fax 070/2020 de 25 de agosto, que en uno de los puntos aclara, que el Requerimiento Previo CP-FP-043/2021, no comprende el realizar actividades investigativas y que no causa estado, además indica expresamente que no debe confundirse con lo previsto en los arts. 70, 71 y 72 del mismo cuerpo normativo; y,
15. m)En ningún momento se conculcaron los derechos y/o garantías del peticionante de tutela; más al contrario, se siguió y se pronunció conforme prevén las normas internas de la Policía Boliviana, por lo cual se solicita se deniegue la tutela solicitada.

Esta decisión se asumió con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El art. 71 de la LRDPB, tiene como título "...IMPUGNACIÓN DEL RECHAZO DE DENUNCIA..." (sic), de lo que se extrae que es posible recurrir cuando se emite un rechazo de denuncia;
2. ii)De acuerdo a la interpretación que hace la autoridad accionada, únicamente tomando en cuenta sus atribuciones como Fiscal Departamental Policial que están enmarcadas en el art. 41.7 de la LRDPB, indica que solo puede conocer y resolver las impugnaciones a resoluciones que dispongan rechazo de las investigaciones y no así el rechazo de las denuncias. Al respecto es necesario hacer una interpretación amplia de esta normativa, pues ello no significa que exista otras atribuciones "innominadas", como la contenida en el art. 71 de la misma Ley, que, refiere que se puede impugnar dentro de las cuarenta y ocho horas y será el Fiscal Departamental Policial quién deba resolver ese recurso dentro de tres días;
3. iii)Desde el punto de vista constitucional, cuando se habla del derecho al debido proceso y a la doble instancia, se procura que la falibilidad humana en la emisión de resoluciones pueda ser revisada, por lo que quién se sienta agraviado -ya sea el denunciante o el denunciado en este tipo de casos-, pueda acudir a un superior jerárquico que pueda corregir si es que existiera estos posibles errores, parcializaciones y toda cuestión que pueda referir el impugnante, pues lo contrario implicaría dejar prácticamente, en el caso concreto, a criterio de la Fiscal Policial la determinación de rechazar la denuncia del hoy impetrante de tutela;
4. iv)El dejar solo a criterio de una persona resolver estos casos (denuncia), sin que exista la posibilidad de impugnación, que además está prevista en el artículo de referencia, da la posibilidad de dejar en la impunidad hechos reñidos con la ley;
5. v)Es cierto que este tipo de rechazos no constituyen cosa juzgada, por lo mismo podría volver a presentar una denuncia salvando las observaciones que hubiera realizado la autoridad fiscal; sin embargo, entre otros aspectos, el denunciante -hoy peticionante de tutela- refiere haber presentado todas las pruebas y argumentos conducentes a demostrar su denuncia, quiere decir que si no encuentra otras pruebas u otros argumentos no podrá reabrir el caso y quedará en nada su pretensión por decisión de la Fiscal Policial y eso significaría no lograr obtener una tutela judicial efectiva frente a hechos que creen que son infracciones policiales o delitos, etc.; pero además, con la interpretación restrictiva proferida por la autoridad accionada, persistiría una resolución dictada con posibles errores de su inferior jerárquico, creando un vacío basado en su interpretación particular con base en el Memorándum Circular Fax 070/2020, que si bien establece que se deben evitar confusiones en la aplicación de los arts. 70 y siguientes de la LRDPB, si se lee en su integridad, no prohíbe la posibilidad de impugnar en este tipo de casos;
6. vi)En definitiva, el Memorándum Circular Fax 070/2020, no es limitativo, sino que solo refiere que no hay que confundir una figura jurídica con otra, y no prohíbe expresamente la posibilidad de impugnar un requerimiento de rechazo de denuncia; más aún cuando la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, en su art. 71 expresamente da la posibilidad a las partes a que puedan impugnar de esa resolución de rechazo de denuncia; lo que hace evidente la lesión del derecho al debido proceso en su elemento de impugnación y a la doble instancia relacionada con el principio de legalidad, porque no se ha permitido el análisis de los agravios de fondo del recurso opuesto por el entonces denunciante, ahora accionante, y no se dio cumplimiento al precepto mencionado que permite aquello; y,
7. vii)Con relación a los otros derechos invocados, es decir, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y tutela judicial efectiva, no se puede hacer un análisis de los mismos, en razón a que en este caso no existe propiamente una resolución que analice el fondo de la impugnación en cuestión; pues si bien se emitió la Resolución de 6 de mayo de 2021 con un razonamiento incorrecto; empero, por ese mismo motivo no se pronunció sobre los agravios extrañados por la parte impetrante de tutela; consecuentemente no puede hacerse la verificación de la debida fundamentación, motivación, congruencia o tutela judicial efectiva, inclusive siendo imaginativos se puede pensar que ante la no existencia de un pronunciamiento de fondo faltarían todos los presupuestos del debido proceso, pero ello no corresponde en el caso concreto, por lo mismo no corresponde conceder la tutela en este punto, sino únicamente sobre la constatada vulneración al derecho al debido proceso en sus elementos impugnación y/o doble instancia relacionado con el principio de legalidad.