0873/2023-S1

No habiendo recibido respuesta a sus solicitudes, acudió ante la Notaria de Fe Pública 1 de Trinidad, a cargo de Patricia Arauz Datzer, a objeto de que acredité y de fe pública sobre la inexistencia de respuesta a sus memoriales presentados, misma que, a través del Acta de Certificación Notarial de 28 de marzo de 2022 (diez días desde el último reclamo y exigencia de respuesta), certificó la falta de respuesta a sus solicitudes. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados El ahora peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la tutela impetrada reponiendo sus derechos y garantías, como también se determine:

1. a)Restituir su derecho a la petición vulnerado y lesionado por la autoridad ahora demandada;
2. b)Ordenar a la referida autoridad a dar respuesta a sus memoriales de 12 de noviembre de 2021 y de 17 de marzo de 2022; y,
3. c)Reparar los daños con costos y costas procesales en contra de la misma autoridad. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia virtual el 6 de abril de 2022, según consta del acta cursante de fs. 26 a 29 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción El impetrante de tutela se ratificó íntegramente en su memorial de acción de amparo constitucional; y, ampliándolo el mismo, agrego que:
4. 1)Si bien es cierto que la vulneración de su derecho a la petición surge a raíz de una injusta sanción impuesta en su contra por parte de la autoridad ahora demandada; empero, nada tiene que ver con el proceso administrativo en cuestión; por cuanto, lo que se está ventilando en esta instancia constitucional, es la verificación de la vulneración de un derecho constitucional;
5. 2)Es así que, durante la tramitación del referido proceso administrativo, se lo sancionó injustamente; ante lo cual, presentó un recurso de revocatoria que no fue respondido por la parte demandada;
6. 3)Frente a la evidente desidia procesal y en la vía administrativa, presentó el correspondiente recurso jerárquico que tampoco tuvo respuesta ni positiva, ni negativa, surgiendo aquí la vulneración de su derecho a la petición; pues, se vio obligado a presentar el memorial de 12 de noviembre de 2021, a través del cual solicitó información y copias legalizadas sobre la remisión del recurso jerárquico ante el superior en grado;
7. 4)Luego de cuatro meses sin obtener respuesta a su petición, desde el referido memorial, presenta un nuevo memorial de 18 de marzo de 2022, reiterando su petición y dando un plazo de veinticuatro horas para que se emita una respuesta, anunciando además, acudir a la instancia constitucional de no ser atendido en su solicitud, lamentablemente, sin obtener respuesta alguna hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa;
8. 5)Por lo cual, tuvo que contratar los servicios de una Notaría de Fe Pública para que dé fe de la falta de respuesta a su petición por parte de la autoridad ahora demandada;
9. 6)Al apersonarse ante las oficinas de citada autoridad, recibieron como respuesta verbal por parte de su Secretaria, que deban presentar una solicitud escrita para obtener una respuesta por parte de la misma; es decir, otra nota escrita sobre dos memoriales ya presentados; y,
10. 7)Después de haber acudido a la Justicia Constitucional mediante memorial de amparo constitucional de 1 de abril de 2022, es que recién la parte demandada reacciona con una escuálida nota de respuesta de 4 de igual mes y año, el cual no refiere nada, misma que le fue presentada al ahora accionante el 5 de referido mes y año; es decir, cuatro días después de haber presentado la acción tutelar, pretendiendo seguramente mal utilizar la teoría del hecho superado, el cual no opera; por cuanto, debe cesar la vulneración del derecho antes de la citación con el auto de admisión de la acción de amparo constitucional; por lo cual, pide que se le otorgue la tutela constitucional en cuanto al derecho de petición, y se ordene a la autoridad ahora demandada a responder de forma clara y concreta a su petición, sea con costas y costos.

Miguel Ángel Fuertes Herrera, Administrador Regional a.i. de la CNS del Beni, mediante escrito de 6 de abril de 2022, cursante de fs. 23 a 24 vta., refirió que:

1. i)El ahora accionante no expresa ni identifica con claridad el trámite administrativo y/o Resolución Administrativa de la que requiere las copias legalizadas;
2. ii)No adjunta el memorial de recurso jerárquico supuestamente interpuesto, ni identifica el trámite al cual refiere su solicitud, haciendo confusa su petición e imposibilitando que se dé una respuesta en esas condiciones;
3. iii)El memorial de 17 de marzo de 2022 presentado el 18 del mismo mes y año, es una reiteración del memorial de 12 de noviembre de 2021, persistiendo en la ausencia de su supuesto memorial de 19 de octubre de igual año;
4. iv)La Administración Regional de la CNS obtuvo la información correspondiente, y otorgó respuesta a la petición del ahora impetrante de tutela, mediante Nota con CITE: 300/2022 de 4 de abril;
5. v)En relación al Recurso Jerárquico, este es resuelto por el superior en grado, o sea, por el Gerente General de la CNS, encontrándose los antecedentes en la ciudad de La Paz; y,
6. vi)No habiéndose identificado claramente el proceso ni al ser la petición precisa y clara, se evidencia que no se ha vulnerado derecho alguno del ahora peticionante de tutela, solicitando por tanto, se declare improcedente la acción tutelar impetrada.

La Sala Constitucional Primera del departamento del Beni, mediante Resolución 027/2022 de 6 de abril, cursante de fs. 30 a 32, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos y motivos:

1. a)El ahora accionante, denuncia al Administrador Regional a.i. de la CNS del referido departamento, por haber vulnerado su derecho a la petición; debido a que, no dio respuesta a su memorial de 12 de noviembre de 2021, reiterado mediante memorial de 17 de marzo de 2022;
2. b)La autoridad ahora demandada, a modo de respuesta a la petición, emite Nota con CITE 300/2022 de 4 de abril, presentada al ahora peticionante de tutela el 5 del mismo mes y año, cuyo contenido señala que los memoriales de 12 de noviembre de 2021 y 17 de marzo de 2022, no son claros, ni precisan a que trámite administrativo y/o proceso administrativo interno se refiere, tampoco individualiza la Resolución en cuestión;
3. c)Según la jurisprudencia constitucional, toda presunta vulneración al derecho de petición dentro de un proceso judicial o administrativo, debe ser resuelta en el marco de las normas y procedimientos que rigen el proceso dentro del cual se realiza la solicitud;
4. d)Dicha jurisprudencia constitucional, es aplicable al caso presente; por cuanto, se advierte que el contenido del memorial de 12 de noviembre de 2021, reiterado por el memorial de 17 de marzo de 2022, requiere un informe respecto de los antecedentes del recurso jerárquico y actuados ante el superior en grado, dentro de un proceso administrativo instaurado en contra del ahora impetrante de tutela, constituyéndose en una pretensión surgida como emergencia de un proceso administrativo interno, correspondiendo que la misma sea tratada dentro de ese ámbito; y,
5. e)Se tiene que la petición del ahora accionante, se constituye en una pretensión vinculada a un proceso administrativo y que, al no ser una solicitud autónoma, no puede ser considerada por la instancia constitucional, correspondiendo por tanto, denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Consecuentemente, corresponde en revisión analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se tomarán en cuenta los siguientes ejes temáticos:

1. 1)La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.

No obstante, ha manifestado también, independientemente estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos:

1. i)Contenido esencial;
2. ii)Requisitos de procedencia;
3. iii)Legitimación activa;
4. iv)Legitimación pasiva; y,
5. v)Plazo para emitir respuesta.

En referencia al contenido esencial, haciendo referencia a la SC 0218/01-R de 20 de marzo de 20012, una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser:

1. a)Emitida de forma pronta y oportuna3, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable;
2. b)Formal4; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley;
3. c)Material5, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y,
4. d)Argumentada6; vale decir, la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos.

En relación a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición, señaló que la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de su tutela, en ese mérito sólo debe cumplir con tres requisitos:

1. 1)La existencia de una petición oral o escrita;
2. 2)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
3. 3)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto precisó que:

"...a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos:

1. a)la formulación de una solicitud expresa en forma escrita;
2. b)que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente;
3. c)que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y
4. d)se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3., exigió únicamente los siguientes requisitos: "...a) La existencia de una petición oral o escrita;

1. b)La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y,
2. c)La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición"; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que:

Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente:

1. i)La existencia de una petición oral o escrita;
2. ii)La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y,
3. iii)El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo7, luego haciendo referencia a las SSCC 0310/2004-R8, SSCC 0560/2010-R9, SC 1995/2010-R10; las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril11, 2051/2013 de 18 de noviembre12, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre13, entre otras; concluyó que, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela por derecho de petición:

1. 1)Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y,
2. 2)Las personas particulares.

Respecto al plazo para responder a la petición efectuada por el impetrante, la jurisprudencia constitucional desarrolló los siguientes casos:

1. i)En el término establecido por ley14; y,
2. ii)Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable15.

De los argumentos descritos la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que, ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser:

1. a)Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá se dentro de un plazo razonable;
2. b)Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa;
3. c)Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y,
4. d)Argumentada, relaciona a que, la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.