0874/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0874/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional

Expediente: 28548-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 01/19 de 4 de abril de 2019, cursante de fs. 332 vta. a 336 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ivar Wildo Rojas López en representación legal de la Asociación Accidental "PETROSUR & ASOCIADOS" contra Alejandra Ortiz Gutiérrez y Adolfo Irahola Galarza, Vocales de la Sala Mixta Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica Pública Primera y Segunda, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 23 de noviembre y 17 de diciembre, ambos de 2018, cursantes de fs. 11 a 20 y 200 a 206, respectivamente, la asociación accionante mediante su representante legal, expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 2009 interpuso demanda arbitral contra el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, en ese entonces Prefectura del Departamento de igual nombre, solicitando se resuelva el contrato de pavimentación de la ruta "Villa Montes - La Vertiente - Palo Marcado, más la Av. Periférica de la ciudad de Villa Montes", además planteó reconvención pidiendo lo mismo que en la referida demanda, siendo sorprendidos los contratantes con el Laudo Arbitral de 10 de enero de 2010, que declaró improbada la demanda y la reconvención así como las consecuencias y la compensación de recursos financieros, provenientes de la cancelación del anticipo especial, efectuado por la parte demandada, manteniendo subsistente el vínculo contractual, instando a la concertación indicando que estaba obligada a comprar cemento asfáltico; es así que, entendiendo ambos suscribientes que al no tener la intención de proseguir la relación contractual, no era coherente que queden vinculados y mucho menos que se compre dicho material para una obra que al momento del fallo se encontraba concluida; por lo que, se determinó nuevamente la resolución de contrato, por consiguiente someterse a proceso arbitral; de esa manera, considerando que el Laudo Arbitral antes citado, era contradictorio y de imposible cumplimiento, el 19 de agosto de 2012, se acordó la resolución de contrato por razones de fuerza mayor y para resolver las pretensiones no dilucidadas en ese proceso se suscribió un compromiso para que se efectúe un arbitraje institucional, en el cual, se fije el total de gastos generales por no aprobación del contrato modificatorio, la procedencia o improcedencia del reajuste de precio del cemento asfáltico, la determinación del monto de pagos por avance de obras y pago de "Stand By", reconociendo igualmente la existencia de un anticipo especial dado al contratista, que sería descontado del total de la liquidación resultante del arbitraje, siendo por ello, un nuevo proceso debiendo incluirse este aspecto, no cabiendo la posibilidad de pedir al respecto una ejecución anticipada sobre un monto indeterminado.

El 19 de abril de 2013, las partes suscribientes acudieron ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, comprometiéndose a someterse a la competencia del Tribunal Arbitral de dicha entidad; a consecuencia de ello, se emitió el Laudo Arbitral 06/2016 de 5 de septiembre y su Complementario 07/2016 de 28 de igual mes, determinándose con relación a la compra de cemento asfáltico, probada en parte la demanda de "PETROSUR & ASOCIADOS", indicando que de la suma parcial calificada se ordene el descuento de $us1 570 308, 42 (Un millón quinientos setenta mil trescientos ocho 42/100 dólares estadounidenses), recibido por la asociación que representa en calidad de anticipo especial para la referida compra.

Señaló que, mientras se sustanciaba el proceso arbitral, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija planteó demanda, solicitando auxilio judicial para tratar de ejecutar el Laudo Arbitral de 10 de enero de 2010, es decir, la primera resolución, la cual inicialmente fue admitida por el Juez de Partido en lo Civil y Comercial Quinto del citado departamento; empero, luego de hacerle notar que la entidad gubernamental estaba haciendo cometer un error al Juez que conoció la petición, dicha autoridad emitió el Auto de 24 de junio de 2014, declarando no ha lugar a la ejecución en los términos sostenidos por la Gobernación, indicando de manera clara que se rechazaba la ejecución en los puntos 1, 2 y 3 del Laudo Arbitral por no haber solicitado el directo interesado, en cumplimiento de ellos y con relación a la compra de cemento asfáltico negó la ejecución del mismo y aunque la referida Resolución dio a lugar al recurso de compulsa, la misma, fue declarada ilegal mediante Auto 03/2014 de 28 de julio, adquiriendo ejecutoria correspondiente.

Al no lograr un fallo judicial favorable, el 16 de marzo de 2017, el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija trató de sustanciar una segunda demanda de auxilio judicial para la ejecución del primer Laudo Arbitral y a fin de evadir la cosa juzgada, además de esa petición, solicitó el pago de daños y perjuicios respecto al punto cuatro de ese primer laudo, referido a la compra del cemento asfáltico, tratando de inducir en error nuevamente a la autoridad judicial, ya que, los supuestos daños y perjuicios no se encontraban contemplados en el Laudo Arbitral pretendido de ejecución; admitida la demanda y ante la imposibilidad de conceder el auxilio judicial para la ejecución del punto cuatro del Laudo Arbitral de 10 de enero de 2010, por encontrarse el mismo sujeto a un proceso de arbitraje, decide contra toda lógica jurídica no pronunciarse sobre el aspecto principal y trabar la litis con relación a un tema accesorio y no determinado en el dicho Laudo Arbitral, como es la calificación de daños y perjuicios, pidiendo el Juez al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija cuantifique el monto de éstos y de manera arbitraria la contraparte pidió la retención de $us1 570 308,42.- y que luego de ello se haga una cuantificación especializada; aspecto ilegal por cuanto no existen daños y perjuicios sobre el particular.

Alegó que, contra la admisión de esa ilegal solicitud de auxilio judicial, se interpuso excepciones que fueron resueltas desfavorablemente en su contra por el Juez Público Civil y Comercial Quinto del departamento de Tarija, autoridad que, convencida de la temeraria intención por parte del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, por Auto de 26 de septiembre de 2017, anuló parcialmente el Auto de admisión dejando sin efecto la apertura de la vía incidental que se impuso por no ser accesoria la pretensión de pago de daños y perjuicios, manteniendo firme el rechazo de la solicitud de ejecución del Laudo Arbitral; contra la cual, la entidad departamental presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación, que fue rechazado en el fondo y denegada la apelación en virtud a lo dispuesto por el art. 70.III de la Ley de Arbitraje y Conciliación -Ley 1770 de 10 de marzo de 1997-, que prevé que las determinaciones asumidas en ejecución del Laudo no admitirán impugnación ni recurso alguno; posteriormente, la gobernación planteó recurso de compulsa, que fue declarado legal por los Vocales ahora demandados, quienes, pese a reconocer que la norma prohíbe todo recurso de impugnación; sin embargo, señalaron que estarían permitidos -a su parecer- los que no sean dilatorios, descartando la aplicación del citado cuerpo normativo, señalando que la misma está abrogada y sin percatarse que la Ley de Conciliación y Arbitraje -Ley 708 de 25 de junio de 2015- en su Disposición Transitoria Segunda indicó que, los procedimientos de conciliación y de arbitraje iniciados antes de la publicación de dicha Ley continuarán su tramitación hasta su conclusión.

Concedida la apelación, la Sala -cuyos integrantes son ahora demandados- mediante Auto de Vista 84/2018 de 22 de mayo, revocó en todas sus partes la Resolución impugnada, disponiendo que el Juez a quo continúe con la tramitación de la causa ordinaria de Auxilio Judicial para la Ejecución del Laudo Arbitral, indicando que la nulidad no causó indefensión, mucho menos ameritaba la nulidad de obrados; ya que se hizo inadecuado uso del incidente, puesto que, cuando las partes no están de acuerdo con dichas resoluciones, éstas deben ser impugnadas mediante los recursos ordinarios previstos en el Código Procesal Civil; y, que la Resolución impugnada es incongruente en consideración a que no existe correspondencia entre lo solicitado en el incidente de nulidad de obrados y lo resuelto en la resolución.

Finalmente, las autoridades demandadas no compulsaron pruebas fundamentales ofrecidas en su oportunidad, así como emitieron razonamientos fuera de todo marco de razonabilidad y equidad; puesto que, se omitió la valoración sustancial de aspectos que eran necesarios como la necesidad de sanear una demanda que pretende desconocer un acuerdo entre partes, un proceso arbitral en curso y aún más una resolución con calidad de cosa juzgada, lo que desconoce las garantías del debido proceso en sus principios de legalidad, Non bis in ídem, al Juez natural competente y verdad material, asimismo, porque el compromiso arbitral advertía de la imposibilidad de llevar a cabo un nuevo proceso, implicando la violación a la garantía del debido proceso en su componente de prohibición de doble juzgamiento, donde también existiría el riesgo de que se emitan dos fallos contradictorios, más aún si el Laudo Arbitral del nuevo proceso tramitado a instancia de la Cámara Nacional de Comercio concedió en parte la demanda, determinando la inexistencia de mora, daño o perjuicio sobre el concepto demandado, respecto al adelanto especial para la compra de cemento asfáltico, además que, la cosa juzgada no puede ser desconocida por nuevas pretensiones sobre lo ya resuelto en un proceso anterior en el que se estableció la inexistencia de daños y perjuicios reclamados por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

I.1.2. Derecho, garantía y principio supuestamente vulnerados