Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0874/2026-S2 Sucre, 5 de mayo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 56786-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 77/23 de 22 de junio de 2023, cursante de fs. 115 vta. a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Windsor Hernán Ortiz Bascopé, Indira Rojas Vargas y Thalia Arancibia Huanca en representación legal de Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio, entonces Ministro de Gobierno contra José Manuel Gutiérrez Salvatierra y Ever Álvarez Orellana; y, Gladys Alba Franco, Vocales, los dos primeros de la Sala Penal Primera y la última de la Sala Penal Tercera, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 29 de mayo y 15 de junio de 2023, cursantes de fs. 59 a 72 y 76 a 77 vta., el accionante, a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal instaurado por la presunta comisión de los delitos de estelionato con agravante de víctimas múltiples, contratos lesivos al Estado y legitimación de ganancias ilícitas, iniciado el 10 de abril de 2015, la investigación fue ampliada el 17 de julio del mismo año contra María Amelia Mónica Limpias Chávez -hoy tercera interesada-, presentando la acusación fiscal contra la nombrada el 13 de enero de 2020.
En ese escenario, a través del Auto Interlocutorio 87/22 de 16 de agosto de 2022, el Tribunal de Sentencia Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró fundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso interpuesta por la nombrada acusada, disponiéndose el levantamiento de todas las medidas cautelares dispuestas y el archivo de obrados, por lo que formuló recurso de apelación incidental conforme al art. 403.9 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues el referido Tribunal no realizó una correcta motivación de su resolución respecto a la aplicación de la jurisprudencia constitucional y precedentes judiciales sobre el tratamiento de dicha excepción.
Esa impugnación fue resuelta por Auto de Vista 353 de 29 de noviembre de 2022, por Gladys Alba Franco y Ever Alvaréz Orellana, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, por la que se declaró admisible e improcedente el recurso; y, en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 87/22, incurriendo en lesión de los derechos:
- a)Al debido proceso en su vertiente motivación, fundamentación y congruencia, por cuanto con relación a la complejidad del caso o asunto, se limitó a establecer el cumplimiento de los plazos contenidos en el art. 133 y 134 del CPP, sin abocarse a realizar un análisis sobre el referido elemento respecto no sólo a los hechos sino a la cuestión jurídica y la adecuación de los hechos a los tipos penales atribuidos, siendo estos complejos en cuanto a sus elementos configurativos y su investigación, por cuanto existe pluralidad de sujetos, puesto que, son veintitrés personas que se encuentran investigadas y acusadas, que se produjeron varias ampliaciones en la investigación que no se pueden supeditar al art. 134 del citado Código, que se tuvo que emitir abundantes requerimientos fiscales a las entidades correspondientes, que existen ciento cincuenta y ocho testigos, doscientos noventa y cinco documentos, tres pericias y tres pruebas materiales, omitiendo los lineamientos citados en la misma resolución de alzada, consistentes en los , 12 de 27 de enero de 2010 y la ;
- b)A la fundamentación y motivación respecto a la teoría del no plazo, debido a que aplica como base legal la ; empero, no se pronunció sobre la teoría señalada, considerado dicho fallo constitucional como precedente para casos como este; es decir, no efectuó un control constitucional y convencional sobre la teoría del no plazo y no se pronunciaron sobre sus argumentos de apelación al respecto;
- c)A la congruencia de la resoluciones sobre la complejidad del caso, por cuanto los Vocales demandados refieren que la pluralidad de imputados no debió incidir en el tiempo que se desarrolló el proceso; sin embargo, concluye que, el caso es complejo por la pluralidad de imputados y por la naturaleza del hecho, pues a criterio subjetivo de los Vocales demandados, la investigación no debía sobrepasar los dieciocho meses; y,
- d)A la motivación y fundamentación sobre el cómputo del plazo para determinar la extinción de la acción penal; en virtud a que, pese no haber realizado una auditoría jurídica de las actuaciones para la procedencia de la excepción, vagamente mencionó el lapso de duración del proceso, sin analizar y detallar todos y cada uno de los actuados que consideraron dilatorios; tampoco señaló a quién se atribuyen dichas actuaciones para la respectiva responsabilidad, aludiendo exiguamente en sus conclusiones que, la dilación es atribuible a los demás imputados, en parte al Ministerio Público y en parte al Órgano Judicial.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión de los derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia vinculados al principio de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115, 117.I y, 180.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).
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