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TCP

0875/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de mayo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0875/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0875/2026-S2 Sucre, 5 de mayo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 57084-2023-115-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 01/2023 de 21 de julio, cursante de fs. 352 a 361, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mabel García Antelo contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 y 11 de julio de 2023, cursantes a fs. 1 y 217 a 235; y, 265 a 269 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de abril de 2021, Juan Carlos Saldana Cuevas presentó una denuncia penal contra su persona y otros, por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato agravado, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 en relación al 346 Bis, todos del Código Penal (CP). En dicho proceso penal, se le atribuyó la autoría de los mencionados delitos, por haber prestado servicios de atención al cliente en la inmobiliaria "FORTALEZA", ofreciendo a la venta lotes de terreno que desconocía, los cuales estaban siendo comercializados sin ser de propiedad de su entonces "jefe"; ya que, no tenía acceso a los documentos de propiedad de los mismos, siendo este el que llevaba personalmente a los interesados ante los Notarios de Fe Pública para los respectivos trámites. Ante los reclamos de los clientes, respecto a los documentos de propiedad de los lotes de terreno y, su desconocimiento de que estos tenían "problemas", reclamó este hecho al propietario de la inmobiliaria, solicitándole dichos documentos, pero al recibir una respuesta negativa presentó su renuncia.

Dentro del referido proceso penal, el Fiscal de Materia asignado al caso, ante la falta de pruebas y la inexistencia de certeza de culpabilidad y responsabilidad por los hechos denunciados, emitió Requerimiento Fiscal Conclusivo de Sobreseimiento, de 18 de noviembre de 2022, decisión que fue impugnada por la parte denunciante el "6" -lo correcto es 12- de diciembre igual año y resuelto por Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -ahora demandada-, mediante Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/284-2023 de 29 de marzo, quien transgredió el debido proceso, en cuanto a la legalidad de actuaciones, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica; toda vez que, revocó el citado Requerimiento Fiscal Conclusivo, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, conforme se explica a continuación:

  1. a)Lesión al debido proceso en sus elementos legalidad, acceso a la justicia y seguridad jurídica

La Fiscal demandada emitió la Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/284-2023, fuera del plazo de cinco días determinado por la jurisprudencia constitucional; toda vez que, la impugnación contra el Requerimiento Fiscal Conclusivo de Sobreseimiento fue presentada el "6" de diciembre de 2022; además, el 12 de igual mes y año, se solicitó control jurisdiccional a efecto que se conmine a la referida autoridad fiscal demandada a emitir pronunciamiento; sin embargo, el 29 de marzo de 2023, es decir, cuatro meses después, "...se elaboró el proyecto por la fiscal de distrito y recién fue remitido a la fiscalía de Yacuiba el 12 de mayo de 2023, habiendo transcurrido aproximadamente 5 meses en total..." (sic); en ese entendido, correspondía el cierre del proceso y la ejecutoria de la referida Resolución de Sobreseimiento.

  1. b)Insuficiente fundamentación, motivación y congruencia

La Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/284-2023, carecía de una debida fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto, la Fiscal demandada, al emitirla:

  1. 1)Se limitó a exponer el presunto delito de estafa previsto en el art. 335 del CP, sin emitir un pronunciamiento fáctico por el supuesto delito de estelionato que también fue objeto del sobreseimiento;
  2. 2)Omitió establecer con claridad los hechos atribuidos a los denunciados respecto a los delitos de estafa y estelionato agravados, obviando considerar que solo tres de las nueve víctimas se refirieron a su persona y que no se le podía atribuir hechos anteriores a la gestión 2018 en que inició su contrato laboral con "FORTALEZA";
  3. 3)Estableció que, el inferior no valoró los recibos y los contratos de compra venta; así como, las declaraciones testificales, pero tampoco mencionó qué valor debía otorgárseles;
  4. 4)Afirmó que, existió ardid sin desarrollar el elemento subjetivo del dolo, pese a que su persona fue trabajadora de uno de los imputados con un sueldo mínimo; de manera que, el supuesto engaño fue invocado de manera general; además, el recibir dinero en el marco de sus labores no implicaba que se hubiera incurrido en un delito;
  5. 5)No consideró que fue emitida imputación formal, en relación a los hechos expuestos en la solicitud de adhesión a la denuncia de 26 de abril de 2021; por ello, no podían ser valorados en una investigación penal que se encontraba en etapa final preparatoria;
  6. 6)Obvió describir armónicamente los recibos y tomar en cuenta que el dinero recibido era entregado al dueño de la inmobiliaria, existiendo registros de todas las transacciones realizadas; asimismo, de los documentos de compra venta entre los denunciantes y el dueño de la inmobiliaria, pues era quien vendía y recibía el dinero;
  7. 7)No desarrolló el elemento subjetivo de la estafa; y,
  8. 8)No valoró de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos ni asignó un valor probatorio específico a cada uno de ellos, de manera motivada, pues mencionó de manera genérica los recibos y contratos; además, omitió valorar los cuadernos de registro de flujo de ingresos y la impugnación de víctimas que no estaban legitimadas para recurrir.
  1. c)Motivación arbitraria e insuficiente

La Resolución Jerárquica RJ/RS/ESGS/284-2023, contiene argumentos genéricos que no desvirtuaron lo establecido en el Requerimiento Fiscal Conclusivo de Sobreseimiento, lesionando el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia; en la misma, la Fiscal demandada obvio realizar un análisis de la causa y los hechos traídos a colación, sin tomar en cuenta que:

  1. i)Los contratos de compra venta, no fueron suscritos por su persona;
  2. ii)Solo recibió dinero de tres personas a quienes entregó el respectivo recibo; posteriormente, avisar a su superior e iniciar los trámites legales correspondientes; además, el dinero recibido fue entregado al "jefe" de la inmobiliaria y solo recibía el dinero cuando la cajera no se encontraba en la misma;
  3. iii)La declaración testifical de otras personas no le podían ser atribuidas, porque no se configuran en su supuesta participación; así como, tampoco se individualiza mediante qué pruebas se llegó a establecer su supuesta autoría;
  4. iv)No desvirtuó ni explicó por qué no tomó en cuenta la documentación secuestrada; por la cual, se demostró el camino que se realizaba para la entrega del dinero, puesto que, incluso se anotaba el número de recibo y quién lo emitió; y,
  5. v)Omitió que, la imputación solo se basa en indicios; por lo que, no se podía acudir a un juicio con indicios; puesto que, para ello se requería de la existencia de prueba plena.

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