Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 25 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 28962-2019-58-AAC Departamento: Santa Cruz Partes: Betty Carolina Ortuste Telleria en representación legal del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz contra David Valda Terán y Hugo Juan Iquise Saca, Vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Albania Chane Caballero Saavedra, Jueza de Instrucción Penal, Contra la Violencia Hacia las Mujeres y de Anticorrupción Primera del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la 0876/2019-S2 de 25 de septiembre, que confirmó la Resolución 01/19 de 26 de abril de 2019, pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Tercero del Plan 3000 del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías; y, concedió en parte la tutela impetrada por la parte accionante.
En todo caso, considera que debió REVOCAR dicha Resolución Constitucional; y en consecuencia: CONCEDER totalmente la tutela solicitada; por lo que, manifiesta su desacuerdo con la autolimitación que se realiza en dicha Sentencia, respecto al examen de la Resolución de primera instancia que también fue impugnada; debiendo haberse sometido a control de constitucionalidad también el Auto denunciado como lesivo, emitido por la Jueza de primera instancia demandada, sobre la base de los siguientes fundamentos jurídicos y términos dispositivos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La entidad accionante a través de su representante legal denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad, al debido proceso en su elemento de debida motivación y fundamentación de las resoluciones, legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, las autoridades demandadas denegaron su solicitud de revocar la anotación preventiva dispuesta sobre un bien inmueble del Estado, que es de su propiedad; por lo que, solicita la concesión de tutela, la anulación de las resoluciones impugnadas y se ordene la emisión de una nueva respetando sus derechos y garantías constitucionales.
En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas:
- a)La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
- b)Fundamentación y motivación de las resoluciones en apelación; y,
- c)Análisis del caso concreto.
II.1. La motivación y fundamentación de las resoluciones como elementos del debido proceso
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la 1; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la 2, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En el Fundamento Jurídico III.3 de la , se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como son:
- a)Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,
- b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
- c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
- d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
- e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
- f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la 3, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
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