0876/2019-S4

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0876/2019-S4 Sucre, 9 de octubre de 2019

SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad

Expediente: 29676-2019-60-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 01/2019 de 20 de junio, cursante de fs. 98 a 102, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Antonio Mendoza Ocampo en representación sin mandato de Juan Luis Videz Saavedra contra Remberto Acosta Sandoval, José Joaquín Claros Gómez y José Antonio Arze Cortez, miembros del Tribunal de Sentencia Primero Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal de Aiquile del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 18 de junio de 2019, cursante de fs. 1 a 5 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Cursa en el Tribunal de Sentencia Primero Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal de Aiquile del referido departamento un proceso penal promovido en su contra, a querella de Loida Flores, Henry Gonzalo Rico García y otros, por la supuesta comisión de estafa y delitos financieros, debido a que su persona fue Gerente Administrativo de la "Cooperativa de Ahorro y Crédito Concordia-Totora Ltda", durante el lapso de seis meses, desde el 12 de mayo hasta el 12 de noviembre, ambos del 2014, tiempo en el cual, jamás recibió dinero alguno, por lo que no puede imputársele por el delito de estafa; además en dicha Cooperativa nunca se realizó intermediación financiera sin autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), puesto que tenían Certificado de Adecuación emitido por esa entidad, lo que demuestra la inexistencia del delito financiero.

A mediados del 2015, de manera sorpresiva, le notificaron con una querella por la presunta comisión de los delitos de estafa y financiero, sin que esta contenga pruebas ni fundamento alguno, puesto que considera que debió ser rechazada, ya que en la etapa preliminar no se demostró la comisión del hecho como tampoco su participación en el mismo; a pesar de ello, en audiencia de medidas cautelares, se dispuso su detención preventiva sin respetar el debido proceso, ya que no se tomó en cuenta que por su parte demostró que no existía peligro de fuga, ni posibilidades a que obstruyera la investigación, siendo detenido injustamente, sin tener culpa alguna, por lo que el Tribunal de Sentencia Primero Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal de Aiquile del mencionado departamento, irrespetó la presunción de inocencia.

El 16 de febrero de 2018 el referido Tribunal de Sentencia Primero de Aiquile emitió la Sentencia 04/2018, por la que se lo condenó a cinco años de reclusión, sin tener pruebas fehacientes en su contra, lesionando el contenido del art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece la vigencia del principio de verdad material, por lo que ante este injusto fallo, presentó recurso de apelación restringida el 12 de marzo del citado año, sin tener hasta la fecha ninguna respuesta.