0877/2023-S1

La parte accionante, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que:

1. a)El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) solicitó realizar una valoración de los productos secuestrados; y se emitió el mismo, concluyendo que no existe prueba o indicio de que se hubieran alterado los ingredientes químicos; empero, la Resolución del Fiscal Departamental, de forma arbitraria sin motivación indica que los productos si fueron alterados, lesionando por ello su derecho al debido proceso en su vertiente motivación; y,
2. b)Respecto a los delitos denunciados, no se estableció que presumiblemente los hubiera cometido y en consideración a los delitos contra la salud pública, el peritaje señalado demostró que no existiría ningún riesgo; sin embargo, el demandado manifestó lo contrario en la resolución cuestionada, realizando afirmaciones arbitrarias; por lo que solicita, se conceda la tutela, emitiéndose nueva resolución que restituya sus derechos vulnerados.

Roger Rider Mariaca Montenegro Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 125 a 134 vta., señaló que:

1. 1)Respecto al derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, en la Resolución Fiscal Departamental de 30 de marzo de 2022 se expresaron los motivos de hecho y de derecho en los que se basa la decisión, fundamentando las citas normativas sobre las cuales se basa la decisión; es decir que, se expresaron, los antecedentes y consideraciones previas, además de la fundamentación probatoria descriptiva e intelectiva;
2. 2)La prueba pericial realizada, manifestó que los productos fueron modificados, su composición química fue mezclada con otros productos para sacarla a la venta con otros productos no aptos para el uso en la agricultura; y,
3. 3)Los elementos recolectados dan indicios de la posible existencia del hecho denunciado y la probable participación del denunciado, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.

Omar Veliz Flores, Santos Cuellar Ávila y Eliane Noemy García Rodríguez, en representación legal del SENASAG, a través de informe cursante de fs. 136 a 138 vta., y apersonándose a audiencia señalaron que:

1. i)Respecto al informe pericial únicamente se trata de inducir en error, no pudiendo la justicia constitucional manifestarse al respecto por estar activa la competencia de la jurisdicción ordinaria a través del Juez de Instrucción Penal;
2. ii)Los delitos denunciados tienen carácter provisorio y en caso de imputarse por los mismos, el accionante podrá objetar o excepcionar dicha determinación; y,
3. iii)Con relación al derecho a la defensa, el accionante desde un inicio debió acudir al Juez de Instrucción Penal para hacer valer su derecho supuestamente vulnerado y no esperar que los plazos precluyan, por lo que el consintió las actuaciones realizadas, teniendo que la defensa podía acudir a todas las diligencias investigativas e incluso objetar la querella presentada; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Santa Cruz por Resolución 78 de 3 de junio de 2022, cursante de fs. 161 a 164 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica impugnada, debiendo la autoridad demandada emitir nueva resolución. Disposición asumida en base a los siguientes fundamentos:

1. a)La resolución hoy cuestionada careció de fundamentación y motivación por parte del Fiscal Departamental ya que demuestra una valoración arbitraria de los elementos probatorios; además el representante del Ministerio Público mencionó los tipos penales, manifestando la cita legal; sin embargo no ingresó a desarrollar el trabajo de subsunción que se convierte en un requisito esencial, dado que la decisión que tomó, viene de una revisión de una resolución de rechazo, es decir, el Fiscal de Materia de la causa entendió que no aparecen los elementos del tipo penal por tanto si el Fiscal Departamental considera que si existen, debe necesariamente fundamentar y no llegar a la mera afirmación de que la conducta del imputado aparece en los tipos penales sin hacer el trabajo de subsunción realizando para ello la valoración probatoria necesaria para este tipo de resolución;
2. b)Por otro lado en cuanto a los exámenes periciales, cuando existe una valoración arbitraria, el accionante debió indicar cuál es la interpretación que debe hacer el Fiscal Departamental en su resolución, ya que si bien es cierto que la pericia se convierte en un elemento de prueba que debe ser valorado por la autoridad que conoce y que debe determinar en definitiva cual es el camino que se debe seguir, esta no guarda coherencia con las conclusiones hechas por la pericia, es decir el perito concluye unos aspectos y el Fiscal Departamental contradictoriamente llega a otras conclusiones; y,
3. c)Cuando hablamos de la fundamentación, estamos refiriéndonos a los elementos vinculados a los aspectos doctrinales, jurisprudenciales, legales, legislación comparada, jurisprudencia convencional que sirva para sustentar la decisión, en cambio la motivación ya implica de que la autoridad da los motivos por los cuales llega a una decisión, explica las razones; en este caso, el Fiscal Departamental se ha quedado en la fundamentación y no ingresó en la motivación de la resolución, además cuando se hace el intento de motivación, su análisis resulta contradictorio y arbitrario frente a las conclusiones a las que se arribó en la pericia.

II.3. Mediante Resolución Fiscal Departamental OR-029/22 de 30 de marzo de 2022, el ahora demandado dispuso, revocar la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de 17 de enero de 2022, disponiendo que el Fiscal de Materia asignado al caso, emita los requerimientos investigativos necesarios bajo la debida diligencia para determinar la verdad histórica de los hechos, en consideración a los plazos procesales; determinación asumida en consideración a los siguientes fundamentos que se describen en resumen y en consideración a la pertinencia de lo demandado en esta acción tutelar:

1. 1)En su acápite denominado "Antecedentes y consideraciones previas" la autoridad demandada realiza una descripción de la denuncia presentada, establece que la resolución de rechazo tuvo su base en el art. 304.3 del CPP y puntualiza lo impetrado en el memorial de objeción de querella;
2. 2)En su segundo acápite denominado "Fundamentación Probatoria descriptiva" enumeró sesenta y dos elementos probatorios obtenidos durante la etapa preliminar;
3. 3)En el subtítulo denominado "Fundamentación probatoria intelectiva", consideró que por las declaraciones prestadas por Germán Rocabado García, Danny Pozo Herrera, Claudina Atiare Salazar y Ebin Osinaga Montaño, como funcionarios del SENASAG, los mismos señalaron que realizaron una inspección al galpón de la empresa AGROTERA, encontrando productos químicos vencidos; además, de señalar la declaración informativa del denunciante que ratificó los términos de su denuncia y la existencia de una inspección ocular que indica se habría encontrado al denunciado en flagrancia re etiquetando los productos del interior de la empresa;
4. 4)Respecto a veintitrés actas de comiso emitidas por el SENASAG, indica que se comisaron productos entre herbicidas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas, mismos que muestran que los productos se encontrarían vencidos; además, señala la existencia del Informe 054 de 16 de septiembre de 2021, emitido por el policía Roberto Genaro Huanca Choquetarqui, que solicitó la citación a los representantes legales de todas las empresas mencionadas en la querella por tener su material en el lugar de los hechos, aspecto que no tuvo respuesta por parte del Fiscal de Materia;
5. 5)Agrega la existencia de memorial de solicitud de allanamiento más el Auto de 15 de septiembre de 2021, por el que se ordena la realización de dicho actuado investigativo, existiendo informe del policía asignado al caso, que señala la existencia de objetos secuestrados; entre ellos productos químicos vencidos, re etiquetados, bidones y otros materiales;
6. 6)Cursa informe SENASAG/CI/SCZ/JDSC/ASVS/019055/2021 de 13 de septiembre por el cual se adjuntan siete hojas de muestra fotográfica de los productos entre ellos, depósito clandestino, no registrado en el SENASAG, envase preparado para su re etiquetado, etiquetas con fechas vencidas retiradas, nuevas etiquetas, productos vencidos de 2019 y 2015, cartón con pruebas para remarcar, entre otros;
7. 7)Refiere que existe también el Informe de Roberto Genaro Huanca Choquetarqui, que sobre el allanamiento pudo constatar todo lo que señalan los informes, teniendo que varios de ellos se llevaron secuestrados y se pidió al "IITCUP" el peritaje pertinente de aquellos elementos, existiendo acta de allanamiento, requisa y secuestro firmada por todos los presentes, adjuntando muestrario fotográfico;
8. 8)Señala la existencia de inspección técnica al depósito COGRABOL, en el que se encontró productos re etiquetados por vencimiento; agrega, la existencia de declaración informativa de la testigo Candida Rojas Torrico, quien manifestaría ser víctima directa, al haber adquirido productos vencidos y re etiquetados de los cuales sacó un video haciendo la respectiva denuncia y que le habrían ofrecido Bs80 000.- (ochenta mil 00/100 bolivianos) para retractarse de lo denunciado;
9. 9)Indica que se tiene también la declaración testifical del representante legal de la empresa AGROTERRA, Juan Santiago Bernardini Díaz, realizado el 30 de noviembre de 2021, que en su parte relevante, establece que la empresa vende fungicidas, herbicidas y otros y que las etiquetas son de origen de donde sale el producto, agregando que la empresa AGROTERRA tiene productos en el galpón ubicado en la Casona Av. Guapilo a lado de Aduana, por lo que el mismo no está registrado dicho depósito y que tenían productos químicos en COGRABOL que no son aptos para la comercialización y que William Céspedes Rivero es trabajador de AGROTERRA;
10. 10)En relación a la declaración de José Alejandro Ormachea Vargas como Gerente Administrativo y Financiero de MEGA AGRO, indica que tienen productos vencidos, no declarados ante la institución correspondiente, además que tienen productos en COGRABOL, los mismos que fueron hallados en inspección vencidos y re etiquetados, agrega que existirían productos que no se encuentran vencidos ni etiquetados, siendo contradictorio con la inspección ocular realizada por el Ministerio Público; de la declaración prestada por Ruth Margot Torrejón Acosta, la misma señalaría que entre sus clientes se encuentran las empresas MEGA AGRO y AGRO TERRA;
11. 11)Sobre el estudio pericial de 31 de diciembre de 2021, concluyó que "esta prueba pericial de algunos de los productos que fueron modificados, su composición química ha sido mezclada con otros productos para poder sacarlo a la venta a los productores, también de la misma manera de otros productos establece que no es acto para su uso en productos agrícolas, por ende es un daño a la salud pública al no ser acto. Para su uso ya que puede causar efectos secundarios tanto en la producción como también en manipulación y uso de los mismos que claramente la prueba pericial indica al individualizar los mismos" (sic);
12. 12)Agrega que de la revisión de los elementos recolectados en la investigación los mismos dan indicios de la posible existencia del hecho delictivo denunciado y la participación del denunciado, tal como se evidencia de los elementos indiciarios; siendo necesario obtener otros elementos investigativos que permitan tener la certeza de que el sindicado sería Autor, Participe o cómplice del hecho denunciado; por lo descrito concluye que el Fiscal de Materia no dio cumplimiento a sus obligaciones por lo que no es atendible la aseveración de que no existieron elementos suficientes para fundar la acusación en razón a que la víctima no aportó las pruebas necesarias para individualizar a los querellados, puesto que la Dirección de la Investigación no puede depender de la actuación de la víctima, existiendo actos investigativos que realizar;
13. 13)En su siguiente "considerando" señaló que el proceso se inició en contra del denunciado por los delitos de falsificación aplicación indebida de marcas y contraseñas, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y delitos contra la salud pública, reiterando lo señalado en los arts. 193, 198, 199, 203 y 216 del CP, desglosando el análisis doctrinario de cada tipo penal señalado;
14. 14)En posterior "considerando" desglosó de forma suscinta y doctrinaria el alcance de la culpabilidad y el principio de objetividad en relación a la presunción de inocencia, señalando que "...de acuerdo a las evidencias colectadas no amerita proseguir con la investigación penal; en virtud a que los elementos de prueba sobre la existencia del hecho son insuficientes para fundamentar la imputación y posterior acusación del ilícito investigado. Que respecto al conjunto de la investigación, se debe indicar que la misma no ha aportado elementos suficientes para realizar una imputación por la comisión del delito denunciado, más al contrario, ha presentado documentación donde acredita que las actividades realizadas son fruto de sus patrimonios legalmente adquiridos, situación que no es contrastada con las declaraciones testificales y documentales que demuestren lo contrario..." (sic); y;
15. 15)En su siguiente considerando, determinó que no es evidente que se realizaron los actos investigativos de oficio para llegar al esclarecimiento del hecho denunciado, ordenando en consecuencia la realización de ocho actuados investigativos, más otros que el Fiscal de Materia considere pertinentes (fs. 51 a 78).

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus vertientes de fundamentación, motivación valoración probatoria, a la defensa y al principio de legalidad; toda vez, que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas, falsedad material, uso de instrumento falsificado y delitos contra la salud pública, el ahora demandado emitió la Resolución Fiscal Departamental OR-029/22 de 30 de marzo de 2022, que al revocar la Resolución de Rechazo de 17 de enero del mismo año, incurrió en los siguientes agravios:

1. i)Vulneró su derecho al debido proceso, puesto que en su punto denominado "Fundamentación Probatoria Intelectiva" citó extractos del informe pericial elaborado por José Marcelo Bascopé Orosco, manifestando múltiples afirmaciones arbitrarias con relación a lo descrito en el peritaje, estableciendo conclusiones contrarias a las determinadas en el examen pericial puesto que dicha pericia concluyó que los productos no constituyen riesgo adicional a la salud pública y que no generan efectos secundarios a diferencia de lo descrito en la resolución objetada; y,
2. ii)La resolución carece de fundamentación y motivación, puesto que no indica el grado de participación que tendría, ni los delitos en los que hubiera participado, limitando el alcance de su resolución a citas de fallos generales y consideraciones abstractas sobre los delitos denunciados; es decir, sin explicar, cual es el documento público que supuestamente falsificó, cual es la marca o contraseña que adulteró y cuál es la actividad contra la salud pública que realizó; es decir, sin explicar cómo su conducta se adecúa a los tipos penales denunciados.

En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. a)Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público;
2. b)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
3. c)Análisis del caso concreto.

"Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero²- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que:

1. a)La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y,
2. b)La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica" (el resaltado corresponde al texto original).

Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser:

1. i)Rechazo de una querella;
2. ii)Imputación formal; y,
3. iii)Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP.