0878/2019-S1

En revisión la Resolución de 17 de abril de 2019, cursante de fs. 809 a 815 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Yamil Gallardo Flores y Marizol García León en representación legal de Ramiro Vallejos Villalba, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Yacuiba del departamento de Tarija contra Aimore Francisco Álvarez Barba, Fiscal Departamental de Tarija; y, Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscal de Materia. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda Por memoriales presentados el 22 de marzo y 2 de abril ambos de 2019, cursantes de fs. 728 a 739 vta. y 752 a 755 vta., la parte accionante manifestó lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Iniciada la acción penal contra Antonio Valda Sardina a denuncia de Justo de la Vega Choque -ambos ahora terceros interesados- y otros miembros de la Asociación de Ganaderos del Gran Chaco (ASOGACHACO) por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con la afectación al Estado, sosteniendo que durante la gestión 2006-2008, cuando el sindicado se constituía en Presidente de la citada Asociación, solicitó y recibió ayuda de diferentes instituciones para el beneficio del sector ganadero; sin embargo, los mismos nunca llegaron a todos los miembros, siendo una de las instituciones que brindó ayuda el GAM de Yacuiba del departamento de Tarija, transfiriendo a favor de la ASOGACHACO la suma de Bs574 090,00.- (quinientos setenta y cuatro mil noventa bolivianos); sin embargo, pese a ello nunca se dispuso la notificación al referido Gobierno Autónomo como posible víctima, hasta que los denunciantes solicitaran por segunda vez que dicha diligencia sea practicada, la cual se realizó el 27 de junio de 2017; empero, al día siguiente -28 del mes y año señalados-, el Fiscal de Materia dispuso el rechazo de querella, entre tanto el GAM de Yacuiba el 3 de julio de ese año, se apersonó a la acción penal formulando su correspondiente querella, recibiendo como respuesta "...estese al rechazo de denuncia" (sic); por su parte los denunciantes impugnaron la Resolución de rechazo el 12 del mes y año referidos, emitiéndose la Resolución Jerárquica el 5 de septiembre de dicho año, que confirmó el rechazo de querella determinando que en el caso concreto la víctima del ilícito se constituía en el GAM de Yacuiba y no la ASOGACHACO; por lo que, en base a este hecho el referido Gobierno Autónomo, solicitó el 16 de mayo de 2018 la reapertura del proceso, lo cual fue rechazado por el Fiscal de Materia a través de la Resolución de 18 de ese mes y año, y una vez objetada la misma el 25 de junio de dicho año, fue confirmada por la Resolución Jerárquica de 10 de julio de igual año. Así denunció que, las autoridades demandadas a su turno lesionaron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, por cuanto se refirieron a un proceso paralelo aperturado contra Antonio Valda Sardina y otros, mereciendo el mismo un trámite separado, basando su razonamiento en el hecho de que la querella criminal presentada por el GAM de Yacuiba del señalado departamento fue posterior al rechazo de denuncia, es decir fuera de plazo, cuando el Ministerio Público tenía pleno conocimiento de que los hechos presentados en la querella habrían variado el motivo principal de investigación; es decir, que el mismo en lugar de revocar la Resolución de rechazo de 28 de junio de "2018" -lo correcto es 2017-, prefirió abrir una causa paralela con esos hechos y contra la misma persona; empero, diferente querellante, ocasionando la "indivisibilidad" de la causa de acuerdo al art. 45 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En base al cumplimiento de los requisitos del art. 304 -se entiende del CPP-, solicitó la "apertura" de la causa, en consideración a que las circunstancias variaron, existiendo fundamento lógico para la reapertura, adjuntando como nueva prueba el informe técnico de 30 de junio de 2017, comprobantes de contabilidad, la inexistencia de un informe final de proyecto y sosteniendo que el simple hecho de que la víctima se apersone al proceso constituye un nuevo elemento, pues al ser parte activa del mismo podrá aportar pruebas para fundar la imputación y posterior acusación; sin embargo, tanto el Fiscal de Materia como el Fiscal Departamental de Tarija no fundamentaron por qué tales aspectos no fueron considerados como hechos nuevos. Así, refirió que el Ministerio Púbico no fundamentó la no consideración del apersonamiento de la víctima al proceso, tomando en cuenta que al momento de emitir la Resolución de rechazo tenía anexada la querella y prueba documental aportada por el GAM de Yacuiba, como el informe técnico de 30 de junio de 2017, donde se observan los depósitos realizados por dicha entidad edil por la suma de Bs574 090,00.- hecho que puede evidenciarse por los comprobantes de contabilidad 4206/2006, 6942/2006, 2554/2007, 6253/2007,1753/2008, lo que corrobora la disposición patrimonial por parte del GAM referido hacia la ASOGACHACO; empero, el Ministerio Público decidió abrir una causa paralela con esos hechos a la misma persona pero con diferente querellante bajo la codificación TAR-YAC 1701259. Asimismo, no se respondió los motivos por el cual se solicitó la reapertura del caso signado como TAR-YAC 160064, habiendo hecho conocer que el proyecto debió ser reaperturado y ser conexado a la causa TAR-YAC 17012559 con la finalidad de evitar posibles excepciones de cosa juzgada por la parte denunciada; asimismo, hicieron notar que la querella presentada ante el Fiscal de Materia fue por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, con relación al proyecto de desparasitación y control de garrapata, siendo los mismos hechos con la diferencia de que la víctima no participó de dicha investigación y solo fue impulsada por los socios ganaderos; así, en las Resoluciones del Ministerio Público no se explicó de manera motivada y fundamentada porque los hechos son distintos, cuando de la documentación presentada como nuevos elementos se señala al mismo proyecto referido en la denuncia de la ASOGACHACO. Tampoco se fundamentó por qué no se tomó como hecho nuevo el que no existe un informe final del proyecto, no habiéndose cumplido con el fin social al no haberse logrado los objetivos del mismo. También se puso a conocimiento del Ministerio Público que el convenio no fue cumplido, pues el 13 de abril de 2008 había un avance del 64% y solo existían trescientos cuarenta y ocho beneficiarios, ya que según el cronograma de actividades y el convenio "74/2007" establecía que los beneficiarios ascendían a quinientos cincuenta unidades de productores ganaderos con 40 000 cabezas de ganado, teniendo solo trescientos cuarenta y ocho beneficiarios, aspecto que no fue resuelto por ninguno de los Fiscales de Materia negando el acceso a la justicia y al debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación. Otro aspecto que se obvió fundamentar es por qué el Ministerio Público no tomó en cuenta el solicitar la lista de los supuestos beneficiarios y verificar si los nombres correspondían a los socios de la ASOGACHACO, máxime si existían declaraciones de los socios que manifestaron que no recibieron los beneficios del proyecto que fue financiado por el GAM de Yacuiba. Por su parte, el Fiscal Departamental de Tarija, igualmente incurrió en falta de motivación, por cuanto a partir de su argumento, en lugar de otorgar convicción generó más interrogantes, pues la supuesta motivación y fundamentación para la negación de la reapertura resultó ser contradictoria, al manifestar que es evidente que las posibles irregularidades en la autorización de depósitos realizados son parte de otra investigación, sin considerar que dichos depósitos efectuados por el GAM de Yacuiba fueron realizados para la ASOGACHACO, cuyo Presidente es el mismo denunciado, habiendo el GAM referido sufrido un detrimento económico para favorecer al prenombrado. También considera vulnerados sus derechos al acceso a la justicia e igualdad dentro del proceso, al haberse obviado notificar al GAM de Yacuiba impidiendo que la víctima aporte de manera directa elemento probatorio a la investigación y sea parte activa del mismo, continuando la lesión de estos derechos al no reaperturar la investigación y proceder a la conexitud de causas; por lo que, el referido GAM nunca pudo seguir el proceso en igualdad de condiciones frente al imputado, restringiendo sus derechos como víctima. I.1.2. Derechos supuestamente vulnerado La entidad impetrante de tutela considera lesionados los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia; y, a la igualdad dentro del proceso; citando al efecto los arts. 113.I, 115, 119.I, 120.II, 128, 129, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se anulen las Resoluciones de 18 de mayo de 2018 y de 10 de julio de igual año, disponiendo que se emita una nueva resolución pronunciándose sobre todos los agravios sustentados. I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia pública el 17 de abril de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 804 a 808 vta.; se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción La parte peticionante de tutela ratificó y reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas Aimore Francisco Álvarez Barba, Fiscal Departamental de Tarija, por informe cursante de fs. 764 a 766, manifestó que:

1. a)La denuncia de la parte accionante de que no se habría considerado los elementos presentados como nuevos a tiempo de emitir la Resolución jerárquica, no resulta evidente por cuanto en inicio se debe considerar la naturaleza y alcance de la reapertura de la investigación, la cual obedece a la concurrencia de variación de las circunstancias que motivaron la emisión inicial del rechazo; por lo que, la resolución a emitirse respecto a la solicitud de apertura debe circunscribirse a un análisis y cotejo entre las circunstancias fácticas, jurídicas o indiciarias que sustentan la Resolución de rechazo, o en su caso el obstáculo legal advertido y el nuevo contexto que motiva la solicitud de reapertura, y por el contrario no se permite observar aspectos que atingen al proceso investigativo desarrollado con carácter previo; ya que, pretender cuestionar las actuaciones investigativas o la ausencia de estas, así como la errónea o incorrecta valoración en la Resolución de rechazo, quebranta el debido proceso pues permitiría una doble oportunidad de objeción al rechazo;
2. b)Los nuevos documentos ofrecidos por el hoy impetrante de tutela en su solicitud de reapertura de la investigación no modificaban las circunstancias que motivaron la Resolución de rechazo; por consiguiente, no correspondía su reapertura, considerando que únicamente demostraban los desembolsos en favor de la ASOGACHACO, que fue parte de otra investigación llevada a cabo por el Ministerio Público;
3. c)Respecto a que las peticiones de las partes ameritan ser resueltas, la doctrina estableció que la identidad de la resolución debe medirse entre el fallo y lo que se pide, y no entre lo resuelto y lo argumentado, pues la obligación del Juez no comprende todas las argumentaciones realizadas, debiéndose considerar al respecto el Auto Supremo (AS) 297/2012-RRC de 20 de noviembre; y,
4. d)Las afirmaciones realizadas en la acción de amparo constitucional no son evidentes, pues existe una adecuada motivación y fundamentación realizada en la Resolución Jerárquica de 10 de julio de 2018, aspectos por los cuales la misma debe ser denegada. Miguel Ángel Tapia Paz, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 758. I.2.3. Intervención de los terceros interesados Roberto Carlos León Aguilera, Alberto Alvarado Palacios y Ana María Zurita Fernández de Alvarado, miembros de la ASOGACHACO, por memorial cursante a fs. 795 a 798, refirieron que:
5. 1)Desde el inicio del proceso se solicitó de manera verbal y escrita en reiteradas oportunidades que el Fiscal de Materia requiera al GAM de Yacuiba a fin de que se constituya en querellante; toda vez que, los recursos que se estaban investigando fueron desembolsados por dicha institución, a lo cual se dio lugar luego de mucha insistencia el 26 de junio de 2017, apersonándose a la investigación el 30 de ese mes y año, y presentando querella con bastante documentación el 3 de julio de dicho año; sin embargo, curiosamente la Resolución de rechazo fue emitida el 28 de junio de 2017, no habiéndosele otorgado al GAM de Yacuiba un plazo prudente para que pueda recabar información;
6. 2)En ninguna parte de la Resolución de rechazo se hizo mención al inmueble objeto de transferencia suscitada luego de los desembolsos, debiéndose considerar que el denunciado antes de su ingreso como Presidente de la ASOGACHACO no contaba con ningún inmueble;
7. 3)No se consideró que el denunciado a fin de encubrir su enriquecimiento ilícito no procedió a registrar su propiedad en Derechos Reales (DD.RR.);
8. 4)Tampoco se refirió a la inspección ocular realizada sobre la propiedad del denunciado en la que se evidencia todas las mejoras producidas;
9. 5)No se proveyó la solicitud de la realización de un peritaje sobre los trabajos de la propiedad "California" del denunciado, así como tampoco se efectuó la inspección ocular requerida sobre el inmueble urbano del mismo;
10. 6)El Fiscal de Materia no se pronunció ni valoró respecto a la certificación del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), que demuestra el movimiento de ganado del denunciado;
11. 7)Se omitió realizar pericia o evalúo de bienes del denunciado respecto a sus bienes;
12. 8)El 29 de junio de 2017, solo se notificó a ASOGACHACO con la Resolución de rechazo y no así al GAM de Yacuiba como víctima;
13. 9)En cuanto a la Resolución jerárquica que confirma el rechazo, el Fiscal Departamental asume su decisión aduciendo que la ASOGACHACO no se constituía en la víctima, admitiendo que dicha calidad la ostenta el GAM de Yacuiba, a partir de lo cual no se comprende por qué teniendo conocimiento de que la citada entidad edil ya se apersonó al proceso y fundamentó su querella, por qué no revocó el rechazo; y,
14. 10)Asimismo, en la Resolución jerárquica, se estableció que no se demostró que el denunciado ha incrementado su patrimonio; sin embargo, de haberse requerido como se solicitó se hubiera llegado a la conclusión de que el denunciado no desvirtuó ese extremo, aspectos por los cuales solicitan se conceda la tutela. Antonio Valda Sardina, denunciado dentro de la acción penal de referencia en audiencia, manifestó que:
15. i)Dentro de la denuncia instaurada en su contra, la Fiscal de Materia en su oportunidad requirió al GAM de Yacuiba presente la documentación del Convenio que se tenía con la ASOGACHACO además de toda la información producto del mismo emitiéndose dos informes donde en su momento los personeros de la indicada entidad edil mienten al sostener que no existe ninguna documentación de dicho Convenio; sin embargo, de su parte tenía un informe acerca de los depósitos realizados a la señalada asociación, en ese sentido el GAM de Yacuiba escondió la documentación pertinente para perjudicarlo, pero como la ASOGACHACO no tenía ningún documento exigieron a la entidad edil que se apersone al proceso y presenten querella, oportunidad en la que hacen aparecer un informe en que se refiere que fueron cinco los depósitos realizados, aumentando dos depósitos más cuando ya había una Resolución de rechazo;
16. ii)No es cierto que el GAM de Yacuiba no tenía conocimiento del proceso, enterándose del mismo en 2016 pero objeta esa Resolución de rechazo el 2017;
17. iii)El Fiscal de Materia aperturó una nueva causa con la querella presentada por el GAM de Yacuiba, presentando por parte de esta entidad edil incluso memorial dentro de ese caso apersonándose y pidiendo requerimientos; es decir, la citada entidad edil, prosiguió ese proceso porque sabía que éste estaba cerrado; empero, igualmente se emitió una Resolución de rechazo dentro de ese proceso, que siendo objetado fue ratificado por el Fiscal Departamental de Tarija;
18. iv)Cuando se apertura este segundo proceso luego de cinco meses, presentó denuncia contra el ex Fiscal de Materia, porque si tenía que aperturar un otro proceso debía hacerlo en las veinticuatro horas, pero luego se hizo aparecer nueva denuncia a lo cual se planteó excepción de prescripción y cosa juzgada, esta última que si no hubiese salido confirmada, no se habría presentado esta acción de amparo constitucional; y,
19. v)Si consideraban que sus derechos estaban siendo vulnerados debieron solicitar al Juez de control jurisdiccional un incidente de actividad procesal defectuosa u objetar la Resolución de rechazo que no lo hicieron pretendiendo subsanar sus errores a través de esta acción tutelar. Justo de la Vega Choque, no asistió a la audiencia ni remitió memorial alguno, pese a su notificación cursante a fs. 759. I.2.4. Resolución La Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 17 de abril de 2019, cursante de fs. 809 a 815 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el "...proveído de fecha 18/05/2018 y 10/07/2018..." (sic), y en consecuencia, se proceda a emitir una nueva resolución debidamente motivada, fundamentada y congruente, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: a) En cuanto a las Resoluciones Fiscales de 18 de mayo y 10 de julio de 2018, se advierte que ambas fueron resueltas de manera genérica, sin brindarse una respuesta con la debida fundamentación y motivación conforme a los hechos fácticos y a derecho; b) Respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, sostenida bajo el argumento de que se dejó durante mucho tiempo que el GAM de Yacuiba permanezca fuera del proceso, no le corresponde a la justicia constitucional pronunciarse sobre aspectos que deben ser reparados por la vía ordinaria; c) "En cuanto a la resolución de fecha 18 de mayo de 2018, que al momento de realizar una nueva fundamentación y motivación de las resoluciones impugnadas, tanto el Fiscal de Materia y Fiscal de Distrito, si así fuere pertinente al caso, se debe realizar una valoración integral del proceso legal establecido en el art. 45 del C.P.P donde establece la indivisibilidad de juzgamiento, en el ámbito procesal una extensión del principio del 'Nom bis in ídem' o 'Ne bis in ídem' establecido por el art. 4..." (sic); asimismo, por razones de economía y optimización de recurso no es conveniente la división de acciones, así sean varios los imputados, con mayor razón si se considera que el órgano jurisdiccional se activa por un hecho punible y dividir los juicios constituiría llevar o saturar los órganos jurisdiccionales; y, d) La acción de amparo constitucional al no ser una instancia adicional o suplementaria de los procesos, no tiene atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto, puesto que ello es también atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales ordinarios, a menos que como resultado de la misma se hayan lesionado derechos y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se haya omitido arbitrariamente ese extremo, aspecto por el cual solo corresponde conceder en parte la tutela impetrada. II. CONCLUSIONES De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial de 20 de mayo de 2016, Justo de la Vega Choque, Presidente de la Directiva de la ASOGACHACO y otros, presentaron querella criminal contra Antonio Valda Sardina -ahora terceros interesados- por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado (fs. 8 a 12). II.2. A través de la Resolución de rechazo de 28 de junio de 2017, el entonces Fiscal de Materia determinó el rechazo de querella en favor de Antonio Valda Sardina dentro del caso signado como TAR-YAC 1600641, por no existir suficientes elementos de convicción dentro de la investigación para fundar acusación (fs. 42 a 47). II.3. Mediante memorial presentado el 3 de julio de 2017, Ramiro Vallejos Villalba, Alcalde del GAM de Yacuiba -entidad ahora peticionante de tutela-, se apersonó a la investigación iniciada contra Antonio Valda Sardina interponiendo dentro del caso TAR-YAC 1600641 la correspondiente querella formal (fs. 38 a 41 vta.). II.4. Consta escrito presentado el 12 de julio de 2017, por el que Justo de la Vega Choque y otros, objetaron la Resolución de rechazo de querella de 28 de junio de ese año; asimismo, el Alcalde del GAM de Yacuiba de igual forma objetó dicha determinación por memorial de 31 de julio del citado año; las que fueron resueltas a través de la Resolución Jerárquica de 5 de septiembre de dicho año, ratificando la Resolución de rechazo emitida, disponiéndose el archivo de obrados (fs. 48 a 65 vta.). II.5. Por memorial presentado el 16 de mayo de 2018, el hoy accionante, solicitó la reapertura de la causa y propuso prueba; la cual fue resuelta por Resolución de 18 de ese mes y año, que declaró no ha lugar a lo impetrado; determinación que fue objetada mediante memorial de 22 de junio del citado año, emitiéndose en consecuencia la Resolución Jerárquica de 10 de julio de igual año, a través de la cual el entonces Fiscal Departamental de Tarija, resolvió confirmar la Resolución de rechazo de reapertura de investigación (fs. 67 a 77); determinación que le fue notificada a la entidad ahora impetrante de tutela el 14 de noviembre del mismo año (fs. 751). III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La entidad peticionante de tutela a través de su representante legal considera vulnerados los derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, al acceso a la justicia y a la igualdad; toda vez que, a su turno tanto el entonces Fiscal de Materia como el Fiscal Departamental de Tarija, al resolver la solicitud de reapertura de investigación y la correspondiente objeción al rechazo; 1) No fundamentaron por qué razón no se tomó como hechos nuevos el apersonamiento de la víctima al proceso; toda vez que, al momento de resolver el rechazo de denuncia se tenía la querella y la prueba documental como el informe de 30 de junio de 2017 donde se observan los depósitos realizados por el GAM de Yacuiba a la ASOGACHACO, decidiendo el Ministerio Público erróneamente abrir una causa paralela con los mismos hechos a la misma persona pero con diferente querellante bajo la codificación TAR-YAC 1701259; 2) No respondieron los motivos por los cuales solicitaron reaperturar el caso signado como TAR-YAC 160064, habiendo hecho conocer que el mismo debe ser reaperturado y conexado a la causa TAR-YAC 1701259 con la finalidad de evitar posibles excepciones de cosa juzgada; 3) No se explicó por qué los hechos en ambos casos son diferentes, si estos se refieren sobre el mismo proyecto y contra la misma persona; 4) No se tomó en cuenta como hecho nuevo que no existe un informe final de dicho proyecto lo que da cuenta que no se cumplió con el fin social; 5) No se refirieron respecto al informe de 13 de abril de 2008, que evidenciaba que el proyecto no fue cumplido, existiendo el avance de solo el 64%, existiendo solo trescientos cuarenta y ocho beneficiarios, cuando los beneficiarios debían ser quinientos cincuenta; 6) Tampoco respondieron por qué no se solicitó la lista de los beneficiarios, para verificar si estos correspondían a los socios; 7) La respuesta del Fiscal Departamental de Tarija fue contradictoria, al no tomarse en cuenta que los depósitos irregulares realizados por el GAM referido a favor de la ASOGACHACO cuyo Presidente era el denunciado, a partir de lo cual se entiende que es el mismo quien precisamente dispuso del dinero en detrimento de la entidad edil para favorecer a la ASOGACHACO con el proyecto de desparasitación de garrapatas; y, 8) Vulneraron sus derechos al acceso a la justicia e igualdad dentro del proceso, por cuanto obviaron notificar al GAM de Yacuiba impidiendo que la víctima aporte de manera directa elementos probatorios a la investigación y sea parte activa del mismo, continuando la lesión de estos derechos al no reaperturar la investigación y proceder a la conexitud de causas; por lo que, el referido Gobierno Autónomo nunca pudo seguir el proceso en igualdad de condiciones frente al imputado, restringiendo sus derechos como víctima En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. III.1. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público Al respecto la SCP 1429/2016-S3 de 7 de diciembre, precisó: "Los arts. 73 del CPP y 65 de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, establecen la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones por parte de los fiscales, en el mismo sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, concluyó lo siguiente: '...toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada (...) lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión; y de incurrirse en esta omisión al disponer sobreseimiento a favor de la parte imputada, la víctima podrá impugnar el requerimiento ante el superior jerárquico, y si éste igualmente incurre en la misma omisión, quedará abierta la jurisdicción constitucional para que acuda a la misma en busca de protección a sus derechos a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyo alcance no abarca, como se dijo, a que la parte acusadora pretenda que este Tribunal obligue a un Fiscal a presentar obligatoriamente la acusación si no únicamente a que dicha autoridad emita su requerimiento conclusivo debidamente fundamentado como lo exigen las normas previstas por los arts. 45 inc. 7) de la LOMP, 73 y 323.3 del CPP'". III.2. El principio de congruencia como elemento del debido proceso Sobre el particular, la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, indicó: "...la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes". III.3. Análisis del caso concreto La problemática traída en revisión se centra en la presunta falta de fundamentación, motivación y congruencia a tiempo de emitir las Resoluciones Fiscales de 18 de mayo de 2018 y la de 10 de julio de igual año, pronunciadas respectivamente por los entonces Fiscal de Materia y el Fiscal Departamental de Tarija, por las cuales en definitiva se rechazó la solicitud de reapertura de las investigaciones dentro de la denuncia presentada contra el Presidente de ASOGACHACO por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, en las cuales las referidas autoridades a su turno: i) No fundamentaron por qué razón no se tomó como hechos nuevos el apersonamiento de la víctima al proceso; toda vez que, al momento de resolver el rechazo de denuncia se tenía la querella y la prueba documental como el informe de 30 de junio de 2017 donde se observa los depósitos realizados por el GAM de Yacuiba a la ASOGACHACO, decidiendo el Ministerio Público erróneamente abrir una causa paralela con iguales hechos a la misma persona pero con diferente querellante bajo la codificación TAR-YAC 1701259; ii) No respondieron los motivos por los cuales solicitaron reaperturar el caso signado como TAR-YAC 160064, habiendo hecho conocer que el mismo debe ser conexado a la causa TAR-YAC 1701259 con la finalidad de evitar posibles excepciones de cosa juzgada; iii) No se explicó por qué los hechos en ambos casos son diferentes, si éstos se refieren sobre el mismo proyecto y contra la misma persona; iv) No se tomó en cuenta como hecho nuevo que no existe un informe final de dicho proyecto lo que da cuenta que no se cumplió con el fin social; v) No se refirieron respecto al informe de 13 de abril de 2008, que evidenciaba que el proyecto no fue cumplido, existiendo el avance de solo el 64%, existiendo solo trescientos cuarenta y ocho beneficiarios, cuando los beneficiarios debían ser quinientos cincuenta;
20. vi)Tampoco respondieron por qué no se solicitó la lista de los beneficiarios, para verificar si estos correspondían a los socios;
21. vii)La respuesta del Fiscal Departamental de Tarija fue contradictoria, al no tomarse en cuenta que los depósitos irregulares realizados por el GAM a favor de la ASOGACHACO cuyo Presidente era el denunciado, a partir de lo cual se entiende que es el denunciado quien precisamente dispuso del dinero en detrimento del GAM para favorecer a la ASOGACHACO con el proyecto de desparasitación de garrapatas; y,
22. viii)Vulneraron sus derechos al acceso a la justicia e igualdad dentro del proceso, por cuanto obviaron notificar al GAM de Yacuiba impidiendo que la víctima aporte de manera directa elementos probatorios a la investigación y sea parte activa del mismo, continuando la lesión de estos derechos al no reaperturar la investigación y proceder a la conexitud de causas; por lo que, el referido Gobierno Autónomo nunca pudo seguir el proceso en igualdad de condiciones frente al imputado, restringiendo sus derechos como víctima. Descrita la problemática denunciada a través de esta acción tutelar, corresponde en principio señalar que, la misma será abordada a partir de la emisión de la Resolución jerárquica, es decir la emitida por el entonces Fiscal Departamental de Tarija, al ser esta la última decisión que resolvió el planteamiento de la reapertura de la investigación solicitada por la entidad ahora accionante, debiendo tenerse en cuenta al efecto la observancia del principio de subsidiariedad característico de esta acción de defensa; en ese sentido, cabe referir que si bien de la demanda constitucional no se advierte una diferenciación precisa respecto a la actuación de cada una de las autoridades demandadas por las cuales las mismas habrían vulnerado los derechos de la entidad edil, en consideración al principio pro actione, que posibilita el conocimiento y resolución de las acciones planteadas, las denuncias de la parte impetrante de tutela serán resueltas a partir del contenido de la Resolución Jerárquica de 10 de julio de 2018, constituyéndose la misma en el objeto de revisión de la presente acción de amparo constitucional. Asimismo, con carácter previo al análisis de la problemática identificada, corresponde aclarar que si bien la presente acción tutelar no fue dirigida contra la autoridad que emitió la Resolución cuestionada y que será objeto del análisis constitucional correspondiente, sino únicamente contra la autoridad que actualmente ocupan el cargo, ello no impide ingresar al análisis respectivo; toda vez que, no obstante de que la legitimación pasiva implica la coincidencia entre la autoridad o particular que causó la lesión y aquella contra quien se dirige la acción, a efectos de establecer la relevancia de que la demanda sea planteada contra la anterior autoridad, debe establecerse el alcance de la pretensión de la parte peticionante de tutela, pues si en la acción de defensa interpuesta además del restablecimiento de los derechos considerados vulnerados se pretende establecer algún tipo de responsabilidad personal de la autoridad demandada, en efecto corresponderá dirigir la causa incluso contra la autoridad que anteriormente ocupaba el cargo; en cambio, si lo único que se pretende es el establecer responsabilidad institucional, no existe óbice para que la misma únicamente sea interpuesta contra la autoridad que actualmente ejerce la función, determinación a partir de la cual en cada caso se considerará la pertinencia o la necesidad de la citación a la parte demandada. En el presente caso, teniéndose en cuenta que la pretensión realizada en esta acción tutelar únicamente radica en la emisión de una nueva Resolución jerárquica, correspondiendo ello a una responsabilidad de tipo institucional, no se hace exigible que la misma este dirigida contra el Fiscal Departamental de Tarija que emitió la Resolución cuestionada; por lo que, en atención a ello se considera que la legitimación pasiva fue correctamente identificada. Realizada dicha aclaración, y considerando que en la presente acción tutelar además de la falta de fundamentación y motivación se denunció la falta de congruencia de las resoluciones, corresponde conocer los planteamientos efectuados en la objeción al rechazo de reapertura de investigaciones planteada por la entidad ahora accionante a fin de revisar si lo que se denuncia en esta vía de protección constitucional resulta evidente. Así del memorial de objeción al rechazo referido, la entidad ahora impetrante de tutela a través de su representante legal, reclamó: a) Mediante el informe de 30 de junio de 2017 de la Secretaría de Finanzas, se observa los depósitos realizados por el GAM de Yacuiba, por la suma de Bs547 090,00.- lo que se demuestra a través de los comprobantes de contabilidad 4206/2006, 6942/2006, 2554/2007, 6253/2007, 1753/2008, lo que a su vez corrobora la disposición patrimonial por parte del GAM de Yacuiba hacia la ASOGACHACO;