0879/2022-S1

Solicitaron se admita la presente acción de amparo constitucional y se sirvan conceder la tutela impetrada emitiendo resolución disponiendo:

1. a)La nulidad de todo el proceso coactivo civil, inclusive hasta la demanda coactiva, disponiendo que como propietarias no deudoras se les demande y cite para asumir la defensa que corresponda;
2. b)AL haber sido despojadas ilegal e injustamente de su derecho propietario, se disponga la inmediata devolución de su inmueble en la misma forma que las sacaron a la calle.

Nilda Ortiz Arancibia en su condición de Jueza Pública, Civil y Comercial Segunda de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 5 de febrero de 2020, cursante de fs. 63 a 67, señaló:

1. 1)En el Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz, se tramitó el proceso coactivo civil caratulado "MORATO C/ BARRIGA y otros, sobre cobro de dólares estadunidenses, dicho proceso a la fecha cuenta con Sentencia 112/2013 de 24 de julio, cursante de fs. 13 a 13 vta., de obrados ejecutoriada mediante Auto de 2 de enero de 2014 cursante a fs. 18 vta. de obrados encontrándose la causa a la fecha en ejecución de sentencia" (sic);
2. 2)En ese contexto fáctico procesal la suscrita autoridad judicial asumió la titularidad del Juzgado Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de La Paz desde el 4 de agosto de 2016, razón por la cual el referido proceso es conocido por la misma cuando ya se encontraba en etapa de ejecución de sentencia;
3. 3)De la revisión de obrados se evidencia como actos procesales posteriores la inscripción de embargo del bien inmueble dado en garantía hipotecaria el mismo que conforme al folio real original cursante de fs. 67 a 68 de obrados se evidencia que el inmueble con Matrícula 2.01.0.99.0107559 consigna como titular del mismo a Paola Lorena Barriga Machicao quien además de ser titular del bien inmueble objeto de ejecución del presente proceso tiene la calidad de coactivada en dicha causa;
4. 4)También se advierte de obrados que a fs. 118 de obrados cursa acta de primera subasta y remate en el que no se presentaron postores tal cual se extrae del acta presentada por la notaria designada para el efecto en ese sentido a fs. 152 obrados, cursa acta de segunda subasta y remate en el que tampoco se presentaron postores tal cual se extrae del acta presentado por la notaria designado por el efecto finalmente cursa a fs. 856 un acta de tercera subasta y remate en día y que no se presentaron postores, por lo que el coactivante manifiesta la intención de adjudicación tal cual se extrae del acta presentado por la notario designada para el efecto;
5. 5)Por memorial de 26 de agosto de 2016 cursante de fs. 849 a 854 y escrito de 13 de octubre de 2016 cursante a fs. 867 de obrados, Antonia Amanda Valenzuela Ayala y Elisa Valenzuela Ayala presentan tercería petición que después de corridos los trámites de ley por Resolución 517/2016 de 20 de octubre, se declara por no presentada la misma resolución que fue notificada las partes y sin que las mismas hayan planteado algún recurso de apelación por auto de fs. 876 de obrados se declaró la ejecutoria de la misma;
6. 6)En ese contexto conforme al informe desplegado, al haberse cumplido con las formalidades exigidas del procedimiento de subasta y remate se emitió la Resolución 56/2017 de fs. 881 y Auto complementario de fs. 883 disposición por la cual se aprueba el tercer remate, disponiendo la adjudicación del bien inmueble objeto de remate al ciudadano Juan Gonzalo Morato Viscarra, mismo que efectivizada que fue la adjudicación conforme se tiene del folio real original del bien inmueble 2.01.0.99.0107559 cursante de fs. 917 a 918; el adjudicatario, por memorial de fs. 931 solicita entrega del bien inmueble con Matrícula 2.01.0.99.0107559 a lo que la suscrita autoridad judicial dispuso mediante determinación de fs. 932 de obrados que con carácter previo se proceda a la notificación a la parte coactivada y de ocupantes y poseedores del inmueble determinación que fue notificada como se ordenó aspecto que se advierte de las diligencias de notificación cursante de fs. 934 y 936 de obrados;
7. 7)A raíz de la notificación practicada por memorial de fs. 944 a 949 de obrados Elisa Valenzuela Ayala, -ahora accionante- presenta oposición y solicita suspensión de ejecución de desapoderamiento; asimismo, por memorial de fs. 978 a 985 de obrados Antonia Amanda Valenzuela Ayala -ahora impetrante de tutela- deduce oposición a desapoderamiento. Ante las oposiciones planteadas por las ahora peticionantes de tutela después de corrido los trámites de ley las mismas son resueltas por Resolución 380/2018 cursante de fs. 1079 a 1087 de obrados en la que se dispuso bajo los argumentos descritos en aquella resolución el de rechazar las oposiciones presentadas por Elisa Valenzuela Ayala y Antonia Amanda Valenzuela Ayala;
8. 8)La Resolución 380/2018 fue apelada por Antonia Amanda Valenzuela Ayala ahora accionante y que después de corridos los trámites de ley la Resolución 380/2018 es confirmada por Auto de Vista 725/2018 cursante de fs. 2127 a 2129 fallo de alzada emitido por los Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz;
9. 9)En ese contexto fáctico conforme al estado del proceso al haberse procedido a la notificación a la parte coactivada ocupantes y poseedores del bien inmueble con la solicitud entrega del bien inmueble y resueltas que fueron las oposiciones se emitió la Resolución 530/2018, por la que se ordena el libramiento del mandamiento de desapoderamiento;
10. 10)No obstante esta Resolución 530/2018 que dispuso la emisión del mandamiento de desapoderamiento es apelada por Antonia Amanda Valenzuela Ayala, conforme se tiene del memorial de fs. 1473 a 1477 y que después de corridos los trámites de ley del Tribunal de alzada emitió el Auto de Vista 209/2019 de fs. 2801 a 2802 por la que declara inadmisible el recurso de apelación, mantiene firme y subsistente la Resolución 530/2018;
11. 11)Asimismo Elisa Valenzuela Ayala y Antonia Amanda Valenzuela Ayala por memorial de fs. 1536 a 1541 vta., en ejecución de sentencia plantean incidente civil y pide suspensión de ejecución del mandamiento de desapoderamiento solicitud que después de corridos los trámites de ley es resuelta por Resolución 731/2018 de fs. 2139 a 2141 vta., en la que se dispuso rechazar el incidente suscitado, resolución que fue notificada a las partes sin que ninguna presente recurso de apelación razón por la que por auto de fs. 2144 se dispuso la ejecutoria de la Resolución 731/2018;
12. 12)Así también por memorial de fs. 2167-2172 de obrados nuevamente Elisa Valenzuela Ayala presenta oposición y solicito suspensión de ejecución de desapoderamiento que después de corridos los trámites de ley es resuelto por Resolución 150/2019 de fs. 2183 a2185 por la que se dispone el rechazo de tal petición, resolución que al haber sido notificadas las partes y sin que ninguna planteo impugnación al respecto se declaró la ejecutoria de la misma por auto de fs. 2188 obrados;
13. 13)Ante los antecedentes señalados ya contando con fallos ejecutoriados ratificados por alzada Viviana Martha Valenzuela Ayala a través de su abogado apoderado Franklin Germán Gutiérrez Larrea quien también es abogado de las señoras Elisa Valenzuela Ayala y Antonia Amanda Valenzuela Ayala por memorial de fs. 3432 a 3436 plantea incidente de oposición en ejecución de sentencia y pide suspensión del mandamiento de desapoderamiento, solicitud que es resuelta por Resolución 769/2019 de fs. 3450 a 3452 de obrados, por la que se rechaza dicha solicitud Resolución que fue notificada a las partes sin que ninguna haya planteado recurso de apelación al respecto, teniéndose la ejecutoria tácita de la misma;
14. 14)Sus autoridades evidenciaran que conforme a los antecedentes narrados de forma precisa e inequívoca, la parte accionante no promovió en su momento la acción constitucional por lo tanto la presente acción deviene en que se deniegue por no cumplir la inmediatez y subsidiariedad;
15. 15)No se ha vulnerado el debido proceso por que el proceso se llevó de acuerdo a la normas que hacen al principio y garantía del debido proceso pues la parte accionante ha hecho uso de los mecanismos de defensa previstos por ley, como la apelación y ahora la presente acción tutelar; y,
16. 16)En referencia a la parte accionante, se limitó a señalar de forma enunciativa los derechos supuestamente vulnerados sin acreditar ni justificar cuales serían las vulneraciones que se habría incurrido, presupuesto que al no existir relación de correspondencia de la legitimación pasiva con los actos denunciados de lesivos, que por cierto estos últimos no han sido identificados se tiene que no se ha cumplido con el presupuesto de la legitimación pasiva, por lo que también corresponde denegar la tutela impetrada.

Paola Barriga Machicao, en audiencia de acción tutelar manifestó lo siguiente:

1. i)Para interponer un amparo constitucional se debe generar alguna vulneración a sus derechos de acuerdo al expediente que cursa en obrados ante vuestras autoridades el cuerpo 13 a fs. 2439 a 2440 se tiene una tercería de 1 de septiembre de 2010, afirma haber comprado este inmueble en diciembre, la tercería establece con absoluta claridad que este inmueble lo construyó la Empresa Constructora Comercio e Industria "Ríos y Compañía Ltda." es adquirida por los padres de las ahora accionantes, posteriormente al fallecimiento de la madre es el padre quien se declara heredero del 100% del inmueble, porque las declara indignas debido a que las mencionadas le quitan un inmueble "a este señor" y se declaró al 100% heredero, ellas en su momento no establecen ninguna declaratoria de herederos y llama la atención que en el presente amparo constitucional señalan en primer lugar diciendo que se le habrían despojado de su derecho propietario, jamás han pagado un solo impuesto de este inmueble el habitar un inmueble no te hace propietaria y ellas son arquitectas pese a ello han alquilado el inmueble durante años y por eso tienen una acusación. Es por eso que estas personas que hoy en día pretenden mostrarse ante vuestras autoridades como víctimas, aspecto que no pueden acreditar;
2. ii)Las accionantes pretenden mostrar ante vuestras autoridades que son víctimas y de la tercera edad y que por ello interponen esta acción y que se sienten vulneradas de que si han vivido diez años en el inmueble de mi propiedad sin pagar un solo centavo, pese a que cursa en obrados un acta en el cual ellas se comprometían a salir del inmueble firmado por su abogado; empero no fue así, generando un daño irreparable en su vida porque ha perdido su casa lo cual manifiestan generarles un costo de dinero; motivo por el que tuvo que prestarse dinero "del sr. Morato", para que él pueda ayudarle con ese dinero a terminar de cancelar esas deudas, deudas que no ha podido pagar porque ha tenido un proyecto en esa casa de construcción y para eso se iban a vender y pagar las deudas, pero no ha podido concluir a raíz de ese proceso y hoy en día vienen a decir las ahora peticionantes de tutela, que son víctimas, cuando en los hechos aduce ser ella la víctima porque las accionantes le han destrozado la vida diez años, no quisieron salir de su casa y encima le han empezado a llenar de procesos y demandas, ya no podía tocar el timbre de su propia casa, pero ha sido procesada hasta por estelionato, robo, allanamiento y por todo lo que se les ha antojado; en todo caso resulta su persona quien debería activar una acción de amparo constitucional ante las vulneraciones sufridas;
3. iii)Afirma que la jueza ha obrado en justicia y su persona no opuso nada porque entiende que tenía una deuda que no pudo cubrir y que el señor ha tenido que rematar la casa, siendo tal acción lo correcto; empero, también manifiesta que las autoridades deben verificar que su persona jamás ha obrado de mala fe, el inmueble estaba "limpio", porque el padre se declaró único heredero tras declararlas indignas ya que existe una carta "...que sería bueno que la lean, porque en esta carta a sus padres demuestran que estas señoras son delincuentes que han delinquido" (sic); y,
4. iv)Cuando señalan que se les ha inhibido del acceso a la justicia, ellas tenían el derecho de generar una acción de libertad de pronto despacho, no una acción de amparo constitucional, el abogado todo el tiempo apertura demandas e incidentes pero son absolutamente fuera de lugar.

Juan Gonzalo Morató Vizcarra, en calidad de tercero interesado, manifestó:

1. a)Antes de efectuar el desembolso que efectuó por concepto de préstamo de dinero que había solicitado "la señora Barriga" con garantía del inmueble; procedió conjuntamente su abogado a verificar en DD.RR. sí tenía algún tipo de gravamen, algún tipo de anotación preventiva, hipoteca o cualquier forma de restricción, lo que verifique que según registro de DD.RR. esté bien, que iba a ser dado en garantía por mis préstamos estaba a nombre de Paola Barriga Machicao y que no tenían absolutamente ninguna anotación salvo un préstamo que anteriormente se había efectuado con cargo al mismo inmueble de garantía una persona que se dedicaba a las artesanías; empero, afirma haber observado y de manera inmediata fue vuelto este importe y levantada la hipoteca, lo que generó en su persona una confianza total de que Paola Barriga Machicao si podía ser objeto de préstamo que le iba a proporcionar, además la prenombrada en esa oportunidad respaldó con documentos de sucesión hereditaria de "Maritza Valenzuela" a la muerte de su esposa Emma Ayala, también proporcioné en original el documento de compra venta que había hecho Paola Barriga Machicao y la "Maritza Valenzuela", entonces con todos esos documentos inmediatamente procedió a desembolsar los préstamos uno de $us50 000.- (cincuenta mil dólares estadounidenses), de $us31 000.- (treinta y un mil dólares estadounidenses); y, $us53 000.- (cincuenta y tres mil dólares estadounidenses), los años 2011 y 2012 que inmediatamente y como se debe hacer procedió al registro de dichas hipotecas, cuando solicitó el pago de dichos préstamos en lo que se refiere a los intereses, estos pagos nunca fueron realizados; por lo que, inicié en forma inmediata una acción coactiva civil y llegando hasta la sentencia el 24 de octubre de 2013;
2. b)Afirma haber cumplido absolutamente con todos los pasos, legítimos legales, los procedimientos; es decir una vez que, ya se tenía sentencia del año 2013, donde se daba la sentencia de este proceso, manifiesta haber cumplido, no sabe si en el orden normal, con el embargo después con el avalúo que se hizo con los tres remates también, obviamente con la presencia de notario con las publicaciones que se tiene, se exige que son tres publicaciones, uno por cada remate y además en medios de circulación nacional después manifiesta haber procedido al pago de los impuestos que hay que hacer notar que no estaban cancelados todos los impuestos desde la gestión 2010 adelante, tuvo que cancelar todo; y,
3. c)Posteriormente, sobrevino la tercería que ya señaló la Juez demandada que no fue aceptada no solamente por no pagar ese impuesto o ese porcentaje que se exige, sino porque no tenía la documentación, más aun cuando su persona afirma haber obrado en estricta sujeción a la ley, en la forma más transparente posible; después viene los incidentes que han sido resueltos por el juzgado y que también han sido ratificados por la sala primera y segunda, primera, quinta de las apelaciones a parte de la resolución de las tercerías de los incidentes y todo eso, se le otorgó ya obviamente antes el certificado de propiedad, el testimonio de adjudicación judicial y desde el 21 de noviembre afirma encontrarse en posesión- de dicho inmueble después de haber registrado todo a su nombre como debe ser, "...y no como estaba totalmente abierto estaba a nombre de la Dra Barrea" (sic) -lo correcto es Barriga- es por eso que ha efectuado los préstamos cumpliendo absolutamente todas las disposiciones de carácter legal y lo que lamenta que en algunos memoriales, las hermanas "Valenzuela Ayala", su abogado incluso la tildan de cómplice de su hermana y de una amiga íntima.

La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 46/2020 de 13 de febrero, cursante de fs. 80 a 84 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)De la revisión de antecedentes que han sido remitidos por la autoridad demandada inicialmente se advierte a fs. 1079 en adelante cursa la Resolución 380/2018 de 13 junio, que resuelve rechazar oposiciones suscitadas por Elisa Valenzuela Ayala y Antonia Amanda Valenzuela Ayala entendemos que esta postulación ha sido ya realizada con anterioridad alegando precisamente la restricción del derecho a la vivienda y solicitando la suspensión de la ejecución de desapoderamiento, téngase en cuenta que lo que se a postulado es la oposición al mandamiento de desapoderamiento esa disposición tras haber sido recurrida de apelación por Antonia Amanda Valenzuela Ayala ha merecido confirmación por parte del Tribunal ad quem mediante Resolución 725/2018 notificado a las ahora accionantes el 26 de octubre de 2018;
2. 2)Por otro lado de la revisión de antecedentes posteriores a la activación de esta oposición al mandamiento de desapoderamiento la efectiva interposición de los recursos de apelación cursa un actuado por el cual Elisa Valenzuela Ayala y Antonia Amanda Valenzuela Ayala suscitan incidente y piden suspensión de la ejecución del mandamiento de desapoderamiento de igual forma cursa la Resolución 731/2018 de 28 de noviembre, que determina rechazar el incidente suscitado por Elisa Valenzuela Ayala y Antonia Amanda Valenzuela Ayala de manera posterior también cursa otra oposición y suspensión de ejecución al mandamiento de desapoderamiento por Elisa Valenzuela Ayala que es rechazada por Resolución 150/2019 y tras ser notificada a las partes es ejecutoriada por Auto de 18 de abril de 2019;
3. 3)Estos y otros antecedentes que han sido esbozados por la autoridad demandada advertidos y acreditados por esta Sala Constitucional permiten establecer inicialmente no ser evidente que las accionantes se hayan visto en un estado de indefensión absoluta pues a partir de la ejecución de sentencia las mismas han tenido la facultad de hacer valer los mecanismos de defensa previstos por el ordenamiento jurídico civil vigente, oposición al mandamiento de desapoderamiento, incidente de inejecutabilidad al mandamiento de desapoderamiento que a su turno han sido desestimados rechazados y en algunos casos no han sido concluidos con el recurso de apelación postulados por las ahora accionantes y en consecuencia esta Sala concluye que el derecho al debido proceso en su componente que hace al derecho a la defensa no ha sido restringido y/o suprimido por la autoridad demandada;
4. 4)Asimismo las accionantes han manifestado restricción del derecho de acceso a la jurisdicción restricción de acceso a la justicia pronta y oportuna gratuita y transparente. De la revisión de los antecedentes que ya han sido relacionados esta Sala no advierte que la autoridad demandada hubiese emitido pronunciamiento alguno referido a la no presentación, no recepción de memoriales que hubiesen sido postulados por una sola de las accionantes el argumento referido por el Abogado en audiencia vinculado una situación de cuestionamientos la titularidad de derecho propietario que ha sido objeto de ejecución sito proceso coactivo civil sin duda que en criterio de esta jurisdicción constitucional en criterio de los abogados presentes no puede ser objeto de discusión curso del proceso coactivo civil y así lo ha hecho conocer en audiencia cuando a ser solicitado aclaración en el entendido de si se hubiese generado otro mecanismo de defensa en sede ordinaria respecto a este argumento en consecuencia no se evidencia acto alguno por parte de la autoridad accionada que viese decantado en la supresión del derecho de acceso a la jurisdicción o de acceso a la justicia;
5. 5)En relación al derecho a la propiedad de la revisión de la demanda de amparo constitucional y la revisión de los antecedentes del proceso coactivo civil, la autoridad accionada ha sido clara y así lo hemos advertido también que la demanda coactivo civil que se ha generado a mérito de un título con garantía hipotecaria, ese es el presupuesto de la ejecución coactiva civil y a efectos de la ejecución coactiva civil sin duda que se tiene inicialmente la verificación de la matrícula y folio real a nombre de tan sólo la coactivada, no se advierte por parte de esta Sala elemento alguno que permita vislumbrar que la autoridad accionada hubiese trastocado derechos de las accionantes quienes en todo caso tenían que haber acreditado registro a nombre de las mismas en relación al mismo bien inmueble a efecto de estar a derecho y si aun así hubiese persistido esta determinación de la autoridad demandada ciertamente la decisión asumida por esta Sala sería diferente; sin embargo, este Tribunal de garantías no advierte que la autoridad accionada hubiese incurrido en la lesión o supresión del derecho a la propiedad privada; y,
6. 6)"En el marco de todo lo referido el argumento esbozado por el abogado de la parte accionante respecto a la no presencia del expediente a despacho del juzgado público civil y comercial segundo del departamento de La Paz, ciertamente no puede ser objeto de análisis por esta Sala, empero, tampoco este argumento se traduce como un criterio que pueda concurrir alguna supresión del derecho de acceso a la jurisdicción pues entendemos trasunta en cuestiones de carácter de apoyo jurisdiccional de orden administrativo que no implican la restricción del derecho de acceso a la jurisdicción y al no haberle hecho conocer la autoridad accionada que al respecto no se le ha hecho conocer de manera escrita o reclamo alguno; empero, de así haberlo hecho las accionantes, entiende esta sala que ello tiene su curso correspondiente a través de las acciones administrativas que prevé en nuestro ordenamiento jurídico vigente, concluyendo en ese mérito de la presente acción de amparo constitucional, tras haber superado el principio de subsidiariedad no corresponde acoger la tutela demandada por no haberse advertido mérito alguno a efecto de concluir en una decisión en contrario" (sic).

En la vía aclaración, complementación y enmienda solicitó que considerando la determinación dictada la parte accionante solicitó:

1. i)Se pronuncien sobre la vinculatoridad de la SC 0136/2003-R con referencia a lo que se ha expuesto en el memorial principal; toda vez que, no se ha manifestado al respecto;
2. ii)Con referencia a Viviana Valenzuela Ayala las autoridades se han referido solamente a Emma y Elisa Valenzuela Ayala piden que se pronuncien al respecto; y,
3. iii)Sí en momentos de convulsión social se puede ejecutar estos mandamientos de desapoderamiento

Respondiendo los miembros de la Sala Constitucional expusieron en la resolución respectiva complementando lo siguiente:

1. a)Nótese bien que el máximo contralor de la Constitución Política del Estado, establece precisamente el derecho al debido proceso tanto del propietario como del garante hipotecario del fiador o del deudor. La problemática que ha emergido en esta acción de amparo constitucional no colocan a las accionantes en calidad de ser deudoras, garantes hipotecarias, ni fiadoras personales, bajo ningún contexto en consecuencia el criterio asumido en la SC 0136/2003-R no es aplicable ni vinculante al presente caso;
2. b)En relación al pedido de complementación respecto al incidente de nulidad o al incidente de oposición postulado por otra persona que no es ninguna de las ahora accionantes esta Sala Constitucional advierte que en relación a ese criterio las ahora impetrantes de tutela carecen de legitimación activa para cuestionar la ausencia de resolución o alguna irregularidad que en su tramitación se hubiese generado; y,
3. c)En relación al pedido de complementación de si en épocas de convulsión no se pudiera realizar actos procesales o desapoderamiento como ha acontecido en el presente caso, sin lugar al pedido de complementación toda vez que ese aspecto no ha sido objeto de análisis por parte de esta Sala.