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TCP

0879/2026-S2

Tribunal Constitucional Plurinacional
5 de mayo de 2026SALA SEGUNDA
Resumen del caso

Sentencia 0879/2026-S2

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0879/2026-S2 Sucre, 5 de mayo de 2026

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional

Expediente: 58398-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 159 de 12 de septiembre de 2023, cursante de fs. 137 vta. a 141, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Dario Cueto Flores contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, Max Jhonny Fernández Saucedo, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 de agosto y 1 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 84 a 99 y 110 a 113, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante Resolución Administrativa (RA) 010/2023 de 3 de febrero, María Roxana Encinas Castedo, Jefa Departamental de Trabajo de Santa Cruz, reconoció al Directorio de la Asociación de Profesionales del GAM de Santa Cruz de la Sierra (ASOPROM), dentro del cual ejercía el cargo de Segundo Secretario de Legislación Laboral por el periodo comprendido desde el 22 de diciembre de 2022 al 21 de diciembre de 2023.

El 24 de febrero de 2023, juntamente con sus colegas presentó una denuncia en la Dirección de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del GAM del referido departamento, por la presunta comisión de actos de corrupción, cobros irregulares y acoso laboral contra sus jefes superiores; Erwin Paul Tapia Hurtado, Bernardo Montenegro Virreira y Luz Jaqueline Zabala Saldía, Director y Asesores de la Dirección Jurídica del GAM del citado departamento, respectivamente.

De forma posterior, sin ninguna justificación ni previo proceso de desafuero sindical, el 27 de mismo mes y año, se le notificó con el Memorándum de retiro 054re/2023 de similar mes y año, solo a consecuencia de haber denunciado los hechos de corrupción en los que incurrieron sus jefes superiores antes mencionados.

Una vez interpuesta la correspondiente denuncia contra su ilegal despido ante la Jefatura Departamental del Trabajo de Santa Cruz, el 10 de mayo de igual año, fue notificado con el Auto de 31 de marzo de ese año, por el cual se rechazó su "denuncia" de reincorporación laboral por fuero sindical y su solicitud de medida de protección laboral realizada de conformidad a la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos -Ley 458 de 19 de diciembre de 2013-.

Es así que, contra dicha determinación el 17 de mismo mes y año, presentó recurso de revisión, emitiéndose en consecuencia la Resolución Ministerial (RM) 1183/23 de 24 de julio de 2023, mediante la cual se confirmó totalmente el Auto impugnado.

El criterio bajo el cual, tanto la Jefa Departamental del Trabajo de Santa Cruz, como la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, sustentaron sus resoluciones, es que su persona no está incluida en los alcances del art. 1 de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 -que incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento y de El Alto de La Paz-, y lo estipulado en el art. 2 de la Ley de Procedimiento Especial para la Restitución de Derechos Laborales -Ley 1468 de 3 de octubre de 2022-, al no estar amparado por la Ley General del Trabajo, toda vez que ocupa un cargo de Jefe de Departamento, considerando que al ser un funcionario de libre nombramiento no correspondería la aplicación de las garantías brindadas por el fuero sindical, en una aplicación errónea y restrictiva de la norma, omitiendo considerar los principios pro actione, pro homine y de favorabilidad, al basarse en un argumento legal que no es aplicable a su caso pues se desconoció la garantía del fuero sindical de la que goza al ser miembro de la Directiva de ASOPROM, no habiéndosele iniciado previamente un proceso judicial de desafuero sindical.

En ese entendido, considerando que sustentó su solicitud de reincorporación en función a la observancia de la garantía del fuero sindical y a la solicitud de medidas de protección, ambas Resoluciones -tanto el Auto de 31 de marzo de 2023 como la RM 1183/23-, resolvieron su planteamiento utilizando fundamentos ajenos a la problemática, manifestando que por la naturaleza de la relación laboral al ser funcionario de libre nombramiento no le correspondía la estabilidad laboral, apreciación errónea, considerando que lo que solicitó fue su reincorporación por cumplimiento de la garantía del fuero sindical.

En cuanto a su solicitud de medidas de protección laboral, las citadas resoluciones, no se manifestaron de manera razonada y fundamentada por qué no se aplicó lo dispuesto en los arts. 7.I.2, 9.IV.1 y 17.I, III de la Ley 458; y, 1 y 2 de la RM 479/2014 de 12 de mayo, que establece que el alcance de las medidas de protección llega a toda clase de servidores públicos sin distinción y que la Jefatura Departamental de Trabajo es la entidad competente para otorgar y atender esta solicitud de medidas de protección para la preservación de los derechos laborales, aspecto que implicó que sustentaron su decisión en apreciaciones conjeturales y subjetivas, sin razonar sobre las condiciones por las cuales fue despedido injustificadamente, es decir, omitieron pronunciarse sobre el hecho de ser objeto de represalias y acoso laboral por denunciar actos de corrupción.

En ese sentido, se incurrió en una incongruencia externa e interna por cuanto ambas Resoluciones, citan la Ley 321, la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, el Decreto Supremo (DS) 27113 de 23 de julio de 2003 concerniente al Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo -Ley 2341 de 23 de abril de 2002- y el , normativa que no se enmarca en su solicitud de medidas de protección, petición que de acuerdo al art. 17 de la Ley 458 puede realizarse ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como ente encargado de la protección de derechos laborales a través de sus Jefaturas Departamentales.

Todo lo expuesto, lesionó su derecho al trabajo ya que fue destituido de su fuente laboral como una represalia, debido a la denuncia de corrupción que realizó y sin considerarse la garantía de fuero sindical, privándole con ello de un salario justo que representa la manutención de su familia, vinculados con otros derechos fundamentales como la vida digna, salud y alimentación.

Asimismo, ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de la RA 010/2023, por la cual se reconoció al Directorio de ASOPROM, estableciendo que su persona no goza de estabilidad laboral pese a formar parte del señalado Directorio, se atentó contra la teoría de actos propios al pretender desconocer su propio acto administrativo.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

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