Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO ACLARATORIO DE LA Sucre, 25 de septiembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 29500-2019-60-AL Departamento: La Paz Partes: Edwin Daniel Hurtado Huanca en representación sin mandato de Martín Jaime Quispe Asjara y Martín Cristian Quispe Tarqui contra Román Castro Quisbert, Juez de Instrucción Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES
La suscrita Magistrada, a tiempo de suscribir la , pronunciada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional, manifiesta su conformidad con la decisión de confirmar la Resolución 128/2019 de 11 de junio y denegar la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso y a la libertad; sin embargo, a través del presente Voto Aclaratorio, hace conocer su desacuerdo parcial con los fundamentos jurídicos que la sustentan y con los razonamientos realizados en el análisis del caso concreto.
Cabe aclarar, que a pesar de los criterios contrapuestos de ambos Magistrados respecto a los fundamentos jurídicos que debieran sustentar la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, no se sometió la presente causa a un trámite para dirimir, con la finalidad de viabilizar su emisión, respetando los razonamientos efectuados por el Magistrado Relator; con la aclaración que tampoco correspondía la elaboración de Voto Disidente, por cuanto, se comparte la parte dispositiva, la cual no cambiaría con los fundamentos jurídicos que propongo en este Voto Aclaratorio.
II. FUNDAMENTOS
II.1. La fuerza vinculante del precedente constitucional con relación al estándar jurisprudencial más alto
El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: "El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales"; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional.
Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones -interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-.
El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establecen que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:
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