Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0885/2019-S1 Sucre, 12 de septiembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 27529-2019-56-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 340/2019 de 30 de julio, cursante de fs. 197 a 201; pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erika Lucia Lizarro Aliaga contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas y Silvia Portugal Espinoza, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 24 y 30 de enero; y, 24 de julio, todos de 2019, cursantes de fs. 9 a 15, 122 a 130; y, 152 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 21 de septiembre de 2007, Irene Montoya Mamani -ahora tercera interesada- interpuso querella contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y abuso de firma en blanco, ocurridos supuestamente el 15 de mayo de 2005 cuando cumplía funciones de Secretaria del abogado Donato Valeriano Apaza -hoy tercero interesado-, quien inició un trámite de la propiedad de la querellante y por observaciones del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz no se concluyó con la transferencia en Derechos Reales (DD.RR.), en función a lo cual, se abrió el caso "Fis. 3083/07" ante la Fiscalía, habiéndose emitido el 11 de septiembre de 2013, la respectiva acusación fiscal.
Posteriormente, por memorial de 20 de diciembre de 2013, acompañando certificado que acreditaba que nunca fue declarada rebelde en el proceso penal, se adhirió a la excepción de conclusión extraordinaria del proceso por prescripción presentada por Donato Valeriano Apaza -coimputado-, solicitud que fue corrida en traslado.
En consideración a la acusación fiscal emitida, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de El Alto del departamento de La Paz convocó a audiencia de actos conclusivos para el 3 de enero de 2017, oportunidad en la que presentó observaciones a dicha acusación entre las que invocó la "prescripción" conforme a los arts. 27.8 y 29 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ello teniendo en cuenta que se adhirió a la solicitud realizada por el otro coimputado, la misma que por "Resolución 007/2017" de 3 de enero, fue rechazada pese a que la propia autoridad judicial señaló que su persona no fue declarada rebelde, sosteniendo que la prueba presentada consistente en la querella, imputación formal y acusación fiscal no serían suficientes para dar lugar a la "prescripción" impetrada, contradiciéndose con lo anteriormente sostenido de su parte; es así, que en aplicación del art. 403 de la citada norma legal interpuso recurso de apelación incidental en cuanto al punto sexto de la Resolución, fundamentando que los documentos antes referidos, evidenciaban que los delitos de falsedad ideológica y abuso de firma en blanco se cometieron presuntamente el 15 de mayo de 2005, mismos que tienen plena fuerza probatoria para el cómputo de la "prescripción" y que al momento de la emisión de la "Resolución 007/2017", superó el plazo de "prescripción" previsto en el art. 29.1 del CPP, debiéndose considerar que al no existir agravio referente a lo manifestado por el Juez a quo de que su persona no contaba con declaratoria de rebeldía, no hizo mención al respecto dentro del recurso de apelación incidental interpuesto.
Es así, que los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora autoridades demandadas-, mediante Auto de Vista 133/2018 de 19 de junio, determinaron en cuanto al punto sexto de su recurso de apelación, lo siguiente: "'...la recurrente ingresa en omisión de fundamentación, cuando era su obligación demostrar ante esta instancia que no concurrían las causales de interrupción o suspensión de la prescripción, no solo limitarse a referir que el hecho sucedió en fecha 15 de mayo de 2005...'" (sic); advirtiéndose a partir de ello, el error en el que incurrieron los Vocales demandados; por cuanto, no fue necesario de su parte fundamentar la inexistencia de causales de suspensión o interrupción de la "prescripción" respecto a su no declaratoria de rebeldía que no era un aspecto que hubiese ingresado en contradicción; toda vez que, precisamente el Juez a quo determinó que su persona no fue declarada rebelde; razón por la que, no tenía la obligación de probar la inexistencia de declaratoria de rebeldía contra su persona; por lo que, al rechazar el recurso de apelación sobre la base de un hecho que no estuvo señalado como agravio, se vulneraron sus derechos y garantías constitucionales, no correspondiendo que el Tribunal de alzada se centre en la presentación o no de documentos con relación a la declaratoria de rebeldía, sino en la valoración de los demás elementos aportados que hacen posible efectuar el cálculo de la "prescripción"; la cual, podía incluso realizarse aun de oficio conforme lo establece la jurisprudencia.
Invocando al efecto, las , , , y .
I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
La impetrante de tutela, denuncia como lesionado sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, legalidad y aplicación objetiva de la ley, objetividad, derecho a resolución razonada, valoración probatoria, al acceso a la justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 108.1, 115, 117.I, 119, 128, 129 y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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