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TCP

0885/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
8 de junio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0885/2026-S3

Proceso
—

Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0885/2026-S3 Sucre, 8 de junio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 70685-2025-142-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 242/2024 de 12 de diciembre, cursante de fs. 107 a 118 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gerardo Choque Portillo contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de diciembre de 2024, cursante de fs. 38 a 47, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales instaurado de su parte en contra del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro -ahora tercero interesado-, la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Administrativa Coactiva Fiscal y Tributaria Segunda de la Capital del departamento de Oruro, dictó la Sentencia 124/2023 de 7 de septiembre, que declaró probada su demanda; por lo que, la entidad edil demandada presentó su recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Auto de Vista 232/2023 de 15 de noviembre, que revocó la Sentencia apelada y declaró improbada la demanda de pago de beneficios sociales.

Ante tal Resolución lesiva para sus derechos laborales, interpuso recurso de casación en contra del indicado Auto de Vista; mismo que, fue conocido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que emitió el ; por el que, se declaró infundado el recurso de casación presentado de su parte y mantuvo firme y subsistente el Auto de Vista 232/2023.

Dicho Auto Supremo, que es la Resolución ahora confutada, llegó a tal determinación bajo el argumento expresado en el Auto de Vista recurrido, que básicamente afirmó que el demandante no probó de manera objetiva que este mantuviera una relación laboral de carácter permanente con la referida entidad edil demandada, sino que éste realizaba trabajos eventuales en determinados proyectos; por lo que, no se cumple con el presupuesto determinado por la Ley 321 de la Ley General de Trabajo, cuyo contenido establece que para poder ser amparado bajo el régimen laboral, lo que básicamente exige es que se trate de trabajadores asalariados permanentes; requisito que no cumple por la circunstancia de haber sido un trabajador eventual y que prueba de ello es que este recibía diferentes montos de remuneraciones; ya que, ninguna era igual a la otra; pues, siempre se le pagó por ejecución de cada proyecto de manera diferenciada.

Tal decisión no observó que la Sentencia de primera instancia declaró probada su demanda de pago de beneficios sociales; ello debido a que, luego de una serie de conflictos colectivos, que son de conocimiento público, los trabajadores de avance de obra de la Alcaldía Municipal de Oruro, lograron que sus derechos laborales sean reconocidos, ello a través de la Resolución Administrativa (RA) 019/2007 de 5 de febrero, emanada por el entonces Jefe Departamental de Trabajo, que luego de ser recurrida, fue confirmada, por el entonces Ministro de Trabajo y Previsión Social, mediante la Resolución Ministerial (RM) 249/2007 de 5 de junio, que se encuentra vigente, y cuyo contenido establece que los trabajadores de avance de obra se encuentran bajo el amparo de la Ley General del Trabajo; toda vez que, la relación laboral -con el ahora GAM de Oruro- se inició antes de la vigencia de las Leyes 2028 de 28 de octubre de 1999, al igual que el Estatuto del Funcionario Público de 27 de octubre de 1999.

Aparte de ello, afirma que de su parte, dentro del indicado proceso laboral, presentó prueba testifical y documental; por la que, acreditó que su relación laboral como peón-albañil con el GAM de Oruro inició el 2 de enero de 1999, relación que continuó de manera continua e ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 2021; por lo que, se encuentra amparado por la Ley General del Trabajo, correspondiendo se le reconozca los beneficios sociales demandados, entre ellos la vacación y bono de antigüedad y otros derechos laborales.

En ese entendido, concluye que el Auto Supremo confutado, se sustenta en fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de sustento probatorio y jurídico, alejadas de la Constitución Política del Estado y la Ley, lo que devela su incongruencia que vulnera su derecho a la defensa, además de una motivación arbitraria; pues, no cumple con la obligación del juzgador de aplicar el principio de proteccionismo para los trabajadores, debiendo preferirse la interpretación más favorable al trabajador, e inobserva el valor de horizontal y vertical de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció como lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación, valoración razonable de la prueba y al principio de seguridad jurídica, citando al efecto, los arts. 48, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto el , y que los demandados "deban fallar en el fondo conforme a derecho".

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de diciembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 102 a 106 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a tiempo de ratificar su acción de defensa, en audiencia agregó que:

  1. a)Respecto al informe de los Magistrados ahora demandados, este carece de sustento legal; pues, la Sala Constitucional -se entiende la que emitió la Resolución constitucional en revisión- puede corroborar que en dos anteriores acciones de amparo constitucional se cuestionó fallos judiciales similares, siendo que el Auto Supremo ahora impugnado, únicamente cambia el nombre del accionante y su fundamento, señalando que el prenombrado no cumpliría uno de los presupuestos de la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012, -Ley que incorpora a trabajadores asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo- que el recurso de casación es una nueva demanda, que debe ceñirse a analizar los argumentos del Auto de Vista impugnado; empero, cuando se denunció la vulneración del debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando las , , entre otras que también son mencionadas en el escrito de acción de amparo constitucional, resaltando que se denunció todas estas observaciones en el recurso de casación y que no fueron resueltas en casación;
  2. b)No se reclama que el impetrante de tutela se encuentra bajo la protección de la Ley 321, sino por la RM 249/2007, que reconoce el estatus de los trabajadores de avance de obra del GAM de Oruro, se encuentran amparados en la Ley General del Trabajo;
  3. c)En la demanda formulada, señaló que su persona ingresó a trabajar el 2 de enero de 1999 y se retiró el 31 de diciembre de 2021, que se respaldó en el periodo probatorio correspondiente, mediante testificales; asimismo, la entidad edil tercera interesada, presentó documentales que no fue cotejada por el Tribunal Supremo de Justicia, limitándose en el Auto Supremo impugnado y su informe que el solicitante de tutela, trabajaba en proyectos temporales, que no tiene continuidad y que se le pagaba el aguinaldo; resaltó también que, el GAM de Oruro presentó planillas de pago que comprobarían que el trabajador ha tenido continuidad, no como concluyeron las autoridades de casación, en el mismo sentido, acerca de los aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son del año 2011, aclarando que en ese año se dieron los conflictos laborales que decantaron en la emisión su afiliación a las AFP y la Caja de Salud y que en el expediente cursa el estado de ahorro provisional del accionante que devela la continuidad desde el 2011, hasta la fecha de retiro, concluyendo que si los trabajos son temporales, porqué los aportes son continuos;
  4. d)La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia no se pronunció sobre la Resolución Ministerial -se entiende 249/2007-, no hace mención si evidentemente el ahora impetrante de tutela se encuentra amparado o no bajo la Ley General del Trabajo, únicamente hace alusión a la Ley 321; por lo que, se demuestra que omitió su deber de motivar y fundamentar, haciéndole ver al solicitante de tutela porqué él no se encuentra amparado en la Ley General del Trabajo; y,
  5. e)De acuerdo al art. 42.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), El Tribunal Supremo de Justicia tiene la obligación de sentar y uniformar jurisprudencia, resaltando que en éste "...se tiene una unidad de jurisprudencia, que desvirtúa y desnuda todos los fundamentos del auto supremo que ahora estamos realizando el análisis y qué dice esta sala? Casa y confirma la sentencia en sus diferentes fundamentos entonces sería absurdo señalar que la sala constitucional, se podría apartar, porque no son casos análogos, son las mismas características, que todos los autos supremos que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia..." (sic).
I.2.2. Informe de la parte demandada

María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, por informe escrito de 2 de diciembre de 2024, cursante de fs. 56 a 61 vta., solicitaron se deniegue la tutela, arguyendo que:

  1. 1)El Auto Supremo cuestionado, contiene fundamentos y argumentos de orden factico, jurídico y doctrinario que sustentan su decisión, otorgando respuesta a todas las infracciones planteadas en el recurso de casación resuelto;
  2. 2)La acción de amparo constitucional adolece de argumentos, fundamentos ni sustento alguno que pueda hacer dudar de alguna vulneración a derechos y garantías a raíz del , que se traduce en la alusión propia de alguien que pretende suplir via justicia constitucional las decisiones de la jurisdicción ordinaria que tienen calidad de cosa juzgada, como el presente caso;
  3. 3)En atención al recurso de casación formulado por Gerardo Choque Portillo -ahora accionante-, se evidenció que, el Auto Supremo cuestionado en el acápite VI análisis del caso concreto, el Tribunal Supremo de Justicia, expuso las razones que llevaron a concluir que la relación entre las partes no cumple con los presupuestos que exige la Ley 321 para la aplicación de la Ley General del Trabajo; y,
  4. 4)Respecto a los , , ; y, 390/2023 de 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia tiene permitido apartarse de sus propios precedentes, a través de una resolución fundamentada; dado que, no todos los casos se encuentran bajo las mismas condiciones, que en el caso concreto, no existe discusión de que las labores desempeñadas por el ahora accionante, fueron manuales; empero, por cierto tiempo y necesidad de temporada, pese a que adujo continuidad, reconoció su eventualidad al referir que el trabajo de "Avance de Obra" eran para proyectos específicos.
I.2.3. Intervención del tercer interesado

Adhemar Willcarani Morales, Alcalde del GAM de Oruro, a través de sus representantes legales, por informe escrito de 3 de diciembre de 2024, cursante de fs. 62 a 65 y en audiencia, a tiempo de solicitar se deniegue la tutela impetrada, manifestó que:

  1. a)El impetrante de tutela hace alusión a normativa laboral y jurisprudencia de manera amplia, pero no señala de qué manera el , vulneraria el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, congruencia, valoración razonable de la prueba y el principio de seguridad jurídica; asimismo, de acuerdo al art. 220 del Código Procesal Civil (CPC), entre las formas de decisión del Auto Supremo, se encuentra declarar infundado el recurso, lo que devela que las autoridades hoy demandadas no evidenciaron la existencia de inobservancias legales en el recurso de casación formulado por el solicitante de tutela;
  2. b)El caso de los trabajadores de avance de obras es una modalidad sui generis que solo existe en Oruro, que también se encuentran normados en la RM 249/2007, que establece como requisito para que estos sean reconocidos bajo la Ley General del Trabajo, que hayan empezado su relación laboral antes de la vigencia de las Leyes 2027 y 2028; además de que, la labor haya sido continua y permanente; por lo que, en base a ello, al no estar el accionante amparado en la referida Ley laboral, no tiene derecho a beneficios sociales, bono de antigüedad;
  3. c)El GAM de Oruro, al ser una institución que administra recursos públicos, requiere el cumplimiento de requisitos para la procedencia de pago de beneficios sociales, en el caso, de los trabajadores de avance de obra, su remuneración emerge de un determinado proyecto inserto en el Programa Operativo Anual (POA), siendo el pago proporcional al cumplimiento de lo contemplado a través de los supervisores; aspecto que, fue demostrado en el proceso ordinario;
  4. d)En el proceso social, no puede disponerse el pago de beneficios sociales, en uso de recursos públicos, que son susceptibles de finalización por parte de la Contraloría General del Estado; así como, la Ley de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", por la disposición discrecional de éstos;
  5. e)La acción de amparo constitucional, no es la vía adecuada para dilucidar hechos controvertidos; ya que, la remuneración del accionante no proviene de las partidas presupuestarias 11000 (personal permanente) y por defecto no se puede atender por medio de la partida 12100, debiéndose en el presente caso, para el pago de salarios retroactivos, realizar su acreditación con documentación pertinente; sin embargo, dicho requisito no existe, en razón a que el impetrante de tutela no cuenta con un ítem y su pago fue por ejecución de proyectos del GAM de Oruro;
  6. f)El informe presentado por las autoridades demandadas, resaltó que los trabajos realizados por el solicitante de tutela eran eventuales, temporales y sin continuidad, conforme así se evidenció de la prueba aportada en el proceso ordinario; sobre los aportes a la AFP a los que hizo alusión el prenombrado, estos conjuntamente a las planillas y papeletas de pago arrimadas al expediente, demuestran que los aportes no son los mismos, lo que demuestra la inexistencia de una remuneración fija, producto de que los trabajadores de avance de obra, son eventuales y por avance; por lo que, se puede evidenciar del estado de ahorro previsional que los aportes no coinciden en los montos; y,
  7. g)Conforme se tiene del informe presentado por las autoridades hoy demandadas, se puede advertir que no existe lesión a derecho y garantías constitucionales.
I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 242/2024 de 12 de diciembre, cursante de fs. 107 a 118 vta. denegó la tutela solicitada, determinación que se dio con base en los siguientes fundamentos:

  1. i)Dentro del presente caso, el accionante afirmó que este se encuentra amparado bajo la Ley General del Trabajo; ello debido a que, la RM 249/2007, ha reconocido los derechos laborales de los trabajadores de obra dentro del municipio de Oruro, que fue correctamente aplicado por el Juez de la causa, pero que en apelación y casación, los Vocales como los Magistrados ahora demandados omitieron referirse a dicha Resolución, y se limitaron a cuestionar su calidad de trabajador permanente, sin valorar la prueba presentada de su parte;
  2. ii)Al respecto, del análisis del Auto Supremo confutado, se advierte que en su contenido, se ha ingresado a resolver los agravios expuestos por el ahora impetrante de tutela en su recurso de casación, aplicando jurisprudencia constitucional referente a la verdad material, y haciendo referencia especialmente a la Ley 321 y los presupuestos de protección se debe considerar que los trabajadores deben ser asalariados de carácter permanente; si desempeñan funciones en servicios manuales, técnicos operativos, y que no sean servidores públicos electos o de libre nombramiento;
  3. iii)De ese análisis se ha concluido que el ahora solicitante de tutela no es un trabajador asalariado permanente, de acuerdo a las partidas presupuestarias que fueron señaladas en las pruebas; toda vez que, este realizó trabajos en la Unidad de Proyectos, que depende de que estos realicen trabajos en diferentes proyectos; por lo que, no se encuentra dentro del referido municipio como trabajador asalariado permanente; puesto que, su pago o remuneración que recibió deviene de la aprobación de dichos proyectos; por ello, si bien el accionante desempeñó la función en servicio manual y técnico operativo, no se ha desconocido ese aspecto; por lo que, no se constituye en un trabajador asalariado permanente, por lo tanto el accionante no se encuentra sujeto a la Ley General del Trabajo ni a la Ley 321, extremo que hace inviable también el pago del bono de antigüedad y de vacaciones impetrados;
  4. iv)También dentro del indicado Auto Supremo, se hizo referencia al DS 24468 en su art. 7 que establece que las entidades públicas no podrán utilizar en ningún caso las previsiones de recursos para la creación de nuevos ítems; citando la Ley 2042 en su art. 5, la Ley 1178 en su art. 3 y la Ley 004 de 31 de mayo de 2010;
  5. v)En cuanto a la presunta vulneración de la congruencia; se tiene que, se ha dado respuesta a todos los agravios expresados por el accionante en relación a la Ley 321, como en la naturaleza del trabajador y se ha explicado por qué el impetrante de tutela no es un trabajador asalariado de carácter permanente, y si bien no se desconoce la Resolución Ministerial, pero el análisis se centró en la naturaleza del trabajo que realizaba el recurrente, con base en la Ley 321; y,
  6. vi)Si bien es evidente que no hubo pronunciamiento sobre la declaraciones testificales; empero, tal extremo carece de relevancia constitucional; ya que, la conclusión arribada responde a una valoración razonable de la prueba documental analizada.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SC-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

Asimismo, por /S de 1 de abril, cursante de fs. 127 a 131, ante la solicitud efectuada por el solicitante de tutela, de adelanto de sorteo (fs. 122 y vta.), por encontrarse dentro de un grupo vulnerable al ser una persona de la tercera edad; en lo pertinente, se resolvió declarar HA LUGAR el requerimiento referido.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Sentencia 124/2023 de 7 de septiembre, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributaria Segunda de la Capital del departamento de Oruro; que declaró probada la demanda de pago de beneficios sociales y otros derechos interpuesto por Gerardo Choque Portillo -ahora accionante- en contra del GAM de Oruro -hoy tercero interesado- (fs. 2 a 15 vta.).

II.2. Por Auto de Vista 232/2023 de 15 de noviembre, la Sala Especializada Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, revocó la Sentencia 124/2023, y declaró improbada la demanda de pago de beneficios sociales y otros derechos formulada por Gerardo Choque Portillo en contra del GAM de Oruro (fs. 16 a 26 vta.).

II.3. Se tiene , emitido por la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Gerardo Choque Portillo; en consecuencia, mantiene firme y subsistente el Auto de Vista 232/2023 (fs. 27 a 36).

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