Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0887/2026-S2 Sucre, 5 de mayo de 2026
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional
Expediente: 67668-2024-136-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 195/2024 de 25 de septiembre, cursante de fs. 274 vta. a 281, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lorena Añez Subieta por sí y en representación legal de la menor de edad AA contra Sandra Cristina Flores Azurduy, Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; Defensoría de la Niñez y adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra; y, Jonathan Olaf Rivera Sánchez.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 29 de agosto de 2024, cursante de fs. 180 a 205, la parte accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Su expareja, Jonathan Olaf Rivera Sánchez -hoy codemandado-, accedió sin consentimiento a sus archivos privados almacenados en la nube, obteniendo fotografías íntimas que posteriormente fueron difundidas y presentadas ante autoridades fiscales y judiciales con el propósito de desacreditarla como madre y obtener la guarda de su hija menor de edad AA que tienen en común, estas acciones habrían derivado en su separación de la citada menor, quien permanece bajo custodia del padre y sin contacto con ella por más de siete meses, pese a la existencia de un acuerdo previo -noviembre de 2023- que le otorgaba la guarda y tenencia de AA, el codemandado inició posteriormente procesos judiciales -demanda de guarda, proceso de interdicción y denuncia penal-, utilizando como sustento las imágenes obtenidas sin consentimiento; asimismo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de Santa Cruz de la Sierra -ahora codemandada- dispuso, en virtud al acta de medida de protección de 26 de enero de 2024, la entrega de la menor de edad al padre sin control judicial ni homologación, situación que persiste en el tiempo.
Las autoridades administrativas y judiciales omitieron pronunciarse oportunamente sobre la restitución de AA, no aplicaron enfoque de género ni de niñez y adolescencia, y toleraron la utilización de material obtenido mediante violencia digital; en particular, la Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada- que generó dilaciones indebidas y la concesión de un recurso de apelación con efecto suspensivo sin resolver previamente las medidas urgentes solicitadas, actos y omisiones que vulneran derechos fundamentales suyos como los de su hija, incluyendo el derecho a una vida libre de violencia, la intimidad, la dignidad, el debido proceso y el interés superior de AA.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
La parte accionante alega respecto a si misma la lesión de sus derechos a la vida libre de violencia, derecho a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad, inviolabilidad de domicilio y secreto de comunicaciones privadas inviolabilidad de correspondencia y papeles privados, prohibición de interceptación de comunicaciones privadas, prohibición de injerencias en la vida privada protección de la honra y dignidad prohibición de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, citando al efecto los arts. 15.I, 25.I y III de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención Belém do Pará"; 5, 11 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, respecto a su hija menor de edad AA los derechos al desarrollo integral, a crecer en una familia, a mantener relación con ambos progenitores y no ser discriminada, citando el art. 59.I y II de la CPE.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia:
- a)En relación al codemandado Jonathan Olaf Rivera Sánchez, la prohibición de continuar exhibiendo imágenes privadas de su persona, la prohibición de ingreso a sus cuentas personales o bases de datos privadas y la reparación integral de daños por la violencia digital con efectos continuos;
- b)En cuanto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia codemandada, dejar sin efecto la medida de protección de 26 de enero de 2024 y se restituyan de manera inmediata los derechos de la madre e hija ahora accionante, derechos que por vías de hecho continuas, hasta la fecha han evitado que tenga contacto con su hija de cuatro años de edad;
- c)En cuanto a la Jueza demandada, dejar sin efecto la providencia de 20 de mayo de 2024 y ordenar que antes de resolver el recurso de apelación formulado por el codemandado, resuelva con enfoque de género niñez y adolescencia la solicitud de medidas cautelares de carácter urgente y considerando los antecedentes de violencia digital y otros elementos relevantes que deben ser analizados como contexto desde el enfoque de género, defina la situación de AA;
- d)En caso de ser concedida la tutela y de ser confirmada o dispuesta la concesión de tutela por el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejecución de fallos se disponga, la indemnización de daños materiales, inmateriales y medidas de satisfacción como la disculpa pública del codemandado Jonathan Olaf Rivera Sánchez por los actos de violencia ejercidos en su contra;
- e)Sin perjuicio de la revisión ante el indicado Tribunal, con la concesión de tutela por la Sala Constitucional que conozca el caso, se pide se establezcan medidas inmediatas de rehabilitación, a través de las cuales se ordene la terapia y apoyo psicológico inmediato a la madre ahora accionante por la violencia múltiple sufrida; y en relación a la menor de edad AA para tratar con carácter de urgencia la alienación parental que pudo haber sufrido en estos siete meses de incomunicación con su madre; y, garantías de no repetición, a partir de las cuales se exhorte a la Asamblea Legislativa Plurinacional a analizar el "...Proyecto de Ley sobre Violencia Digital contra las Mujeres a ser presentado por la ONG Realidades y la Fundación Construir" (sic);
- f)Se ordene la capacitación en violencia institucional, violencia digital y otras formas de violencia hacia las mujeres al personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para este fin, se oficie "orden de capacitación" a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia; y,
- g)Se ordene a la Escuela de Jueces del Estado diseñar un curso específico para todas las autoridades judiciales sobre violencia digital e institucional en contra de las mujeres y en particular se ordene la capacitación en juzgamiento con enfoque de género de la Jueza demandada.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
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