0888/2019-S2

En tal contexto, interpusieron el recurso jerárquico, planteando nueve problemáticas; empero, acusan que la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000104 de 8 de junio de 2018:

1. a)No se pronunció sobre los reclamos expresados en tres puntos (1, 10 y 11 de la acción de amparo constitucional), que referían que:
2. 1)Su participación en el precitado Comité, se realizó en el marco de sus competencias, sin que tengan facultad para realizar la revisión, valoración o pronunciamiento sobre los documentos legales; sin embargo, la autoridad demandada se apartó del fondo de la problemática, señalando que únicamente consideraría los aspectos determinados por la autoridad sumariante como contravenciones;
3. 10)Al iniciar el proceso sumario, fueron suspendidos de sus funciones sin goce de haber, lesionando sus derechos al debido proceso y a la defensa; y, no se cumplieron los plazos a los que debió sujetarse el proceso interno según el Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992; y,
4. 11)El debido proceso estaba vinculado a la búsqueda de un proceso justo y no pretendía sólo el movimiento mecánico de las reglas;
5. b)Al pronunciarse sobre su cuarto agravio (que el resultado del proceso de contratación estaba determinado por una serie de evaluaciones y no sólo por la efectuada por la Unidad de Contrataciones del Comité de Licitación), se introdujo un nuevo elemento que no fue parte del proceso sumario, alegando que incumplieron el art. 6 inc. f) del Reglamento para la Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el extranjero;
6. c)Les resultó extraña la falta de valoración del Informe de Auditoría Especial DAIC-CI.052 JUOC-LP-02/2017 (presentado como descargo), alegando que fue rechazado por la Contraloría General del Estado; empero, sin identificar el número de informe o nota de rechazo, que tampoco fue anexado a los antecedentes del proceso; y,
7. d)El Acto Administrativo de Apertura de Procedimiento Sumario Interno Resolución Sumarial 9/17, no subsumía los hechos por los que fueron acusados a determinados tipos disciplinarios leves, graves o gravísimos; por lo que, no debió imponerse la sanción de destitución, afectando los principios de certeza, certidumbre y taxatividad, resultando insuficiente -a su criterio- la acusación de transgredir el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el Extranjero en el marco del Decreto Supremo (DS) 26688; 12, 19.III y IV del DS 0181 y 3 incs. f) y g), 77 del Anexo 1; y, 6 del DS 23318-A; y, la simple mención del art. 29 de la Ley Administración y Control Gubernamentales (SAFCO). Agregaron que, tales defectos les causaron indefensión y en tal mérito correspondía la nulidad de obrados.

Solicitaron se conceda la tutela, y en consecuencia ordenar:

1. 1)Dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico PRS 000104 de 8 de junio de 2018, y disponiendo la emisión de una nueva que resuelva el fondo de cada agravio expresado en su recurso jerárquico, ordenando la nulidad de todo el proceso incluido el Acto Administrativo de Apertura de Procedimiento Sumario Interno Resolución Sumarial 9/17;
2. 2)Respecto a Mario Alejandro Dalence Vidal y Roxana Ledy Nina Urquizo, se ordene el pago de sueldos devengados, primas, aguinaldos y beneficios sociales hasta el 30 de junio de 2017 (fecha en que culminaba su contrato a plazo fijo); y,
3. 3)Con relación a María Elena Aguilera Camacho y Mayra Geraldine Velásquez Oros, se establezca el pago de sueldos devengados, primas, aguinaldos y beneficios sociales hasta la fecha de presentación de su acción tutelar por ser funcionarias de planta (con ítem).