0890/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela y disponga:

1. a)El cumplimiento íntegro de la Resolución Ministerial 396/2021 que conmina su inmediata Reincorporación a su fuente laboral más el pago de salarios devengados; y,
2. b)Se emita la calificación de costas daños y perjuicios. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 26 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 82 vta., se produjeron los siguientes actuados:

El peticionante de tutela, por intermedio de su abogado en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su acción de amparo constitucional, y ampliando el mismo manifestó que:

1. 1)El plazo de inmediatez según la SCP 213/2018-S3 del 30 de mayo, señala que en estos casos excepcionales el plazo debe computarse a partir del momento que decía plazo para efectivizarse la conminatoria; es decir, desde la notificación con la Resolución Jerárquica;
2. 2)Por otra parte aclara que la ahora accionante era funcionaria de la empresa ahora demandada desde el 4 de mayo de 2016 y posteriormente desvinculada el 31 de agosto de 2020;
3. 3)La empresa ahora demandada, no dio cumplimiento a la Resolución Ministerial 396/2021 del 23 de abril, que conmina la Reincorporación de la ahora accionante más el pago de los salarios devengados; misma que se encontraba basada conforme la jurisprudencia constitucional que ha sido recogida, sistematizada y unificada mediante la Resolución de Doctrina Constitucional 001/2021 del 16 de junio;
4. 4)En el caso en concreto el 14 de mayo de 2021, el inspector de trabajo emitió un informe señalando que la empresa ahora demandada no dio cumplimiento a la Conminatoria dispuesta por la Resolución Ministerial 396/2021, con la inmediata reincorporación más el pago de salarios devengados; y,
5. 5)Finalmente solicitó que se conceda la tutela impetrada, con base en los lineamientos y fundamentos establecidos por la Resolución de doctrina Constitucional 001/2021, realizando un cumplimiento íntegro de la mencionada Resolución.

La empresa Sociedad ZETEX Zegarra Textiles S.R.L. a través de su Represente legal, Luis Eduardo Alcides Ayala Oblitas; mediante Poder 5619/2019 de 13 de noviembre, presentó informe escrito cursante de fs. 68 a 77 vta.; y, en audiencia manifestó que:

1. i)La accionante pretende confundir, haciendo creer que una persona con síntomas de Covid-19 puede desnaturalizar la ecuación básica de relación de trabajo establecida en el art. 52 de la Ley General del Trabajo (LGT), misma que determina que el salario es proporcional al trabajo;
2. ii)El 30 de julio de 2020, recibieron un certificado médico de aislamiento por contacto con paciente positivo de Covid-19, a ese efecto de acuerdo a las Resoluciones Bi Ministeriales 001/2020 y 002/2020, emitidas por los Ministerios de Salud y Trabajo; respetaron la medida de prevención como es el aislamiento, no obstante de acuerdo a dichas disposiciones, la accionante tenía la obligación de realizarse inmediatamente un test Covid-19, por un tema de salud pública; es así que posteriormente mediante nota solicitaron a la accionante que presente su programación de prueba PCR o en su defecto un test rápido, tomado ante un laboratorio acreditado; ante lo cual ya no tuvo contacto con la empresa ahora demandada, ni presento resultados de la prueba requerida, motivo por el cual consideraron que su aislamiento no podía ser de forma indefinida;
3. iii)El ahora impetrante de tutela pretende hacer valer una Conminatoria y Resolución Ministerial, sobre reincorporación, que no contiene la fundamentación y motivación que permite ejecutarla en sede constitucional, pretendiendo que las autoridades de la jurisdicción constitucional se conviertan en policías y guardianes de simples decisiones administrativas no fundamentadas de inspectores o jefes de trabajo;
4. iv)La Resolución Ministerial se expresa de manera escueta y resumida, pronunciándose lacónicamente sobre sus puntos centrales de su defensa, los mismos que son hechos controvertidos y cobro de finiquito laboral;
5. v)La Resolución Ministerial 396/2021 de 23 de abril, emitida por el Ministerio de Trabajo, contiene una motivación lacónica e inexistente, motivo por el cual al no existir una Resolución Ministerial emergente de un debido proceso que contenga una adecuada fundamentación y motivación, es inejecutable en sede constitucional;
6. vi)La desvinculación de la ahora peticionante de tutela no ha sido debido a una decisión intempestiva, abusiva o arbitraria de la empresa, sino más al contrario ha sido originada por actos consentidos, y el no cumplimiento contractual de la accionante; obstaculizando la solicitud de bajas médicas que ha establecido la empresa, ante sus ausencias injustificadas;
7. vii)El 14 de agosto ante la inexistencia de algún documento que respalde su inasistencia, y habiéndose cumplido su periodo de aislamiento de 14 días, empezaron a computar el tiempo de abandono de trabajo, el cual es de seis días hábiles, mismo que se consolidó el 25 de agosto de 2020; a tal efecto cursaron memorándum de abandono de trabajo;
8. viii)Una vez que se ejecutó el abandono de trabajo, efectuaron el pago de beneficios sociales mediante un depósito bancario a la cuenta de la ahora accionante, dentro del plazo de 15 días, alegando al Decreto Supremo 21699; pago que además fue comunicado a la interesada vía wathsapp;
9. ix)Por otra parte refiere que ante una situación de despido supuestamente injustificado, la parte afectada de acuerdo al Decreto Supremo 28699 y la Resolución Ministerial 868/2010 del Ministerio de Trabajo, tiene la facultad de elegir dos opciones absolutamente excluyentes, es decir pueden demandar su reincorporación o efectuar el cobro de los beneficios sociales; motivo por el cual refiere que el cobro de los beneficios sociales es un acto consentido que de acuerdo al art. 53.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), se hace improcedente el amparo constitucional por reincorporación laboral; y
10. x)Finalmente respecto al pago de los sueldos devengados, se tiene que no ha presentado sus bajas médicas, y no ha existido un trabajo efectivo; motivo por el cual pagar un salario devengado rompería el art. 52 de la Ley laboral que establece que el salario es por coacción al trabajo.

La Sala Constitucional Tercera de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución de 113/2021 de 26 de agosto, cursante de fs. 83 a 86, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la empresa Sociedad ZETEX Zegarra Textiles S.R.L. Por intermedio de su gerencia general y/o su representación legal, proceda a dar estricto cumplimiento a la Resolución Ministerial 396/2021 de 23 de abril, referido a la conminatoria de reincorporación de la ahora impetrante de tutela, conforme se tiene ya ordenado en la citada conminatoria, al mismo puesto que ocupaba en el cargo de confeccionista; por otra parte respecto al pago de salarios devengados, si bien corresponde acoger esta pretensión, más conforme a la presente dimensión temporal: En atención que la vía administrativa laboral ha concluido que el acto de desvinculación laboral generada en decremento de la ahora peticionante de tutela ha sido un acto que ha afectado sus derechos y garantías fundamentales, la cancelación de los salarios devengados, deben correr únicamente desde el 31 de agosto de 2020 hasta el 25 de septiembre de 2020, en que se activó el mecanismo de revocatorio, quedando en suspenso el pago de los salarios devengados desde la indicada fecha hasta el 28 de abril de 2021, reactivándose nuevamente el pago de los salarios devengados desde el 29 de abril de 2021 hasta la fecha de la efectiva reincorporación laboral de la accionante, haciendo esa precisión temporal en el entendido de que la vía administrativa laboral en el intermedio de su tramitación, en mérito del recurso revocatorio, había dejado ya sin efecto la conminatoria de reincorporación laboral y esta circunstancia que no es atribuible al accionante, ni a la autoridad demandada, mucho menos a la sala constitucional, debe ser considerada en estos términos; misma que debe ser cumplida en el plazo de cinco días hábiles siguientes después de su legal notificación; en base a los siguientes fundamentos:

1. a)La empresa ahora demandada, con el incumplimiento de la Resolución 396/2021 ha incurrido en una omisión de carácter indebida, que afecta el derecho de trabajo y a la estabilidad laboral;
2. b)La sede constitucional no cuenta con las facultades para pronunciarse respecto a los cuestionamientos vinculados a la concurrencia de hechos controvertidos, sobre el pago de beneficios sociales, o sobre si la ruptura de la relación laboral fue o no justificada, porque esos aspectos ya fueron absorbidos por la instancia administrativa laboral;
3. c)En el marco del D.S. 28699 modificado por el D.S. 0495 se ha dado trámite a una denuncia de reincorporación laboral; es así que en base a la Resolución de Doctrina Constitucional 001/2021, se establece que la justicia constitucional, en el marco de los derechos que tutela la vía administrativa laboral, tiene la labor inexcusable de dar cumplimiento a la mencionada decisión de orden administrativo;
4. d)Finalmente en relación al pago de los salarios devengados es evidente que la referida Resolución de Doctrina 001/2021, ha referido que con base a la SCP 238/2019-S4; el pago de los salarios devengados al formar parte de la conminatoria de reincorporación laboral, no puede ser disgregada por esta jurisdicción;
5. e)La presente petición de tutela ha emergido de una situación de carácter excepcional, tomando en cuenta que inicialmente se habría emitido una conminatoria de reincorporación laboral que aceptó la tesis postulada, por la ahora impetrante de tutela; sin embargo de manera posterior ya en grado de revocatorio se ha dictado otra resolución que dejo sin efecto y revocó la conminatoria inicial ; empero, posteriormente la instancia jerárquica, que es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, ha colocado en vigor la conminatoria inicial y además ha ordenado que la empresa empleadora proceda a la reincorporación laboral y al pago de los salarios devengados; y
6. f)Finalmente en base a los actos administrativos, existe otro tipo de elementos que deben ser considerados para dimensionar el tiempo respecto al cual corresponde otorgar la tutela respecto al pago de salarios devengados.

La accionante denuncia la vulneración de su derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; toda vez que, la parte demandada no dio cumplimiento a la Resolución Ministerial 396/2021 de 23 de abril, misma que dejo vigente y con plena eficacia la Conminatoria de Reincorporación MTEPS-VMTEPS- JDTLP/JRTEA/CONMIN/011/2020, de 25 de septiembre, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo de El Alto; motivo por el cual solicitó la reincorporación inmediata a su fuente laboral. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. 1)La unificación jurisprudencial respecto a las conminatorias de reincorporación laboral: Estándar jurisprudencial más alto, en relación al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, su cumplimiento integral, y el acceso directo a la justicia constitucional; y,
2. 2)Análisis del caso concreto.

"...deben concurrir los siguientes elementos:

1. a)La voluntad inequívoca y documentada del trabajador, declarando conocer los efectos jurídicos de la rescisión del contrato de trabajo; y,
2. b)La constancia escrita del pago de los beneficios y derechos sociales del trabajador, así como las obligaciones sociales del empleador, debiendo necesariamente incluir:
3. b.1)La totalidad de salarios devengados hasta la fecha del retiro;
4. b.2)El desahucio, indemnización por antigüedad, vacaciones, aguinaldos y otros derechos pagaderos a la conclusión de la relación laboral;
5. b.3)Los aportes a la caja de salud; y,
6. b.4)Los aportes a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP)".

De igual forma la referida Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, señaló que Tribunal, en ejercicio la facultad de unificar la línea jurisprudencial prevista por el art. 28.I.15 de la LTCP, respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciada mediante acciones de amparo constitucional, efectúo:

1. i)El análisis diacrónico de las líneas jurisprudenciales sobre el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciado a través de las acciones de amparo constitucional; y,
2. ii)El análisis sobre la aplicación de estas líneas en la resolución de causas por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional.

La Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021, bajo el epígrafe "Análisis sobre la vigencia de las líneas jurisprudenciales en materia de conminatorias de reincorporación laboral por parte de las actuales Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional", efectuó la identificación de los problemas jurídicos inherentes a la resolución de casos en los que se denuncia incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, a partir de la individualización de los precedentes jurisprudenciales más relevantes respecto a la protección de los derechos de los (as) trabajadores (as) a partir de la inobservancia de las conminatorias de reincorporación laboral; entonces definió que:

1. a)Respecto a los alcances del cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral; es decir, cuando la conminatoria de reincorporación laboral establece además el pago de sueldos devengados y otros derechos sociales; las Sentencias Constitucionales, establecieron distintas formas de resolución, siendo éstas:
2. 1)Disponer el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en los mismos términos en que fue dispuesta, incluyendo el pago de sueldos devengados y otros derechos que correspondan por ley10;
3. 2)Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral y no así el pago de salarios y sueldos devengados: argumentando que, estos aspectos deben dilucidarse en la vía administrativa y judicial11; y,
4. 3)Ordenar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, además dispuso la suscripción de un contrato por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que el accionante trabajó durante varios años continuos bajo la modalidad de contratos a plazo fijo en la Zafra y Prezafra; asimismo, se dispuso el pago de los sueldos devengados, aunque este aspecto no haya sido dispuesto por la Jefatura Departamental del Trabajo12.

1. b)Con relación al análisis de la jurisdicción constitucional de la pertinencia y del contenido de la conminatoria de reincorporación; es decir, cuando la jurisdicción constitucional, previamente a disponer su cumplimiento realiza un control de la conminatoria de reincorporación e incluso de la relación laboral, los fallos emitidos por este Tribunal se resumen en lo siguiente:
2. i)Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, limitándose la jurisdicción constitucional a constatar que esta haya sido emitida a favor del trabajador o de la trabajadora dentro del marco de protección de la Ley General del Trabajo y la normativa laboral complementaria13; ii)Se denegó la tutela argumentando que la conminatoria de reincorporación laboral no se encontraba debidamente fundamentada14;iii) No obstante, que la Jefatura Departamental del Trabajo dispuso la reincorporación del trabajador, la jurisdicción constitucional denegó la tutela considerando que esta decisión no era pertinente ni razonable, por no haber tomado en cuenta que el accionante cobró sus beneficios sociales; y, en otro caso, se denegó la tutela indicando que para el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, esta debe contener fundamentos jurídicamente razonables15;
3. iv)En otro supuesto en el que, el empleador acusó el cobro de beneficios sociales por parte del trabajador se concedió la tutela, ordenando la restitución del trabajador progenitor al último cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, así como el pago de salarios devengados y demás derechos laborales: puesto que. el referido cobro del finiquito y la consiguiente inejecutabilidad de la conminatoria de reincorporación laboral, entre otras causales, deben ser dilucidadas en la jurisdicción ordinaria laboral que podrá ser activada por el empleador, para determinar con mayor libertad probatoria si el despido fue justificado o no16;
4. v)Se denegó la tutela por cuanto, a pesar de que, la relación laboral se encontraba dentro del ámbito de la Ley General del Trabajo y su Reglamento, la modalidad de trabajo fue pactada bajo el contrato a plazo fijo; por lo que, no resulta posible: "...ir más allá de lo pactado en el contrato" teniendo conocimiento las partes de la fecha de su conclusión; asimismo, la Jefatura Departamental de Trabajo "...no estableció ni realizó la conversión de la relación laboral de temporal a indefinida...": en este caso, el accionante suscribió cuatro contratos a plazo fijo y dos verbales, y la desvinculación se produjo meses después de la conclusión del último contrato17;
5. vi)Se denegó la tutela indicando que, la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo omitió considerar la existencia de derechos controvertidos, imposibilitando que su cumplimiento pueda ser dispuesto por esta jurisdicción18;
6. vii)Se dispuso la reincorporación del trabajador en los términos de la conminatoria -que además ordenaba el pago de salarios devengados y demás derechos sociales-, sin hacer referencia a la existencia de varios contratos a plazo fijo y que la desvinculación se produjo antes del cumplimiento del último contrato19; asimismo, se concedió la tutela señalando que, no está permitida la celebración de más de dos contratos a plazo fijo y menos en tareas propias y permanentes de la entidad; por lo tanto, no existe impedimento para que el empleador cumpla con la conminatoria, produciéndose la desvinculación al día siguiente de cumplido el cuarto contrato20; y, por último, se concedió la tutela concluyendo que, la suscripción de más de dos contratos a plazo fijo que tengan como objeto cumplir con tareas propias y permanentes de la entidad, infringen las normas laborales vigentes debiendo disponerse la conversión a un contrato a plazo indefinido en cuanto concurra el tercer contrato, constituyéndose en este caso el despido en uno injustificado; en el caso, la desvinculación se produjo al cumplimiento del último contrato21;
7. viii)No se ordenó la reincorporación del trabajador -denegándose la tutela- debido a que, el presupuesto o límite del cumplimiento de la conminatoria -además de que sus fundamentos jurídicos sean razonables- es la naturaleza jurídica de la relación laboral, considerando aspectos como la firma de contratos a plazo fijo o por tiempo indefinido, la prestación de servicios de consultoría o si el contrato es de naturaleza administrativa o civil22;
8. ix)Se denegó la tutela con el argumento de que, el accionante pretende la conversión de sus contratos a plazo fijo a uno de carácter indefinido, circunstancia que incumbe a la judicatura laboral; en razón a que, los hechos controvertidos o aún pendientes de resolución en la vía judicial o administrativa no pueden ser dilucidados en la vía constitucional23; y,
9. x)Se ordenó el cumplimiento de la conminatoria en los términos que fue dispuesta mismo que ordenaba la reincorporación y además la cancelación de sueldos devengados desde el despido injustificado y manteniendo su antigüedad y demás derechos que correspondían por ley; respecto a la denuncia sobre la desvinculación posterior al vencimiento del contrato a plazo fijo, haciendo hincapié en que a la justicia constitucional no le compete ingresar a analizar los elementos que hacen al fondo de la causa, pues ello implicaría un pronunciamiento previo y anticipado respecto a los hechos a ser conocidos por la autoridad laboral competente; siendo que, la presente acción tutelar está destinada únicamente a garantizar de manera provisional el cumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, en atención a los bienes jurídicos protegidos24.