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TCP

0890/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de junio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 0890/2026-S3

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0890/2026-S3 Sucre, 9 de junio de 2026

SALA TERCERA Magistrada Relatora: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 75642-2025-152-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 144/2025 de 30 de mayo, cursante de fs. 263 a 268, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Efraín Orellana Ramírez y Felicidad Burgoa Mesa contra Primo Martínez Fuentes y Fanny Coaquira Rodríguez, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 27 de noviembre de 2024 y 3 de enero de 2025, cursante de fs. 64 a 72 vta. y 75 a 79 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El inmueble objeto del proceso de reivindicación, por el cual se les pretende arrebatar a los ahora accionantes, fue adquirido de su parte el 6 de julio de 2001 de Mery Fernández Vda. de Céspedes; sin embargo, la vendedora luego desapareció, por lo que no pudieron inscribir su derecho propietario en Derechos Reales (DDRR), pero a pesar de ello, estuvieron ocupando dicho inmueble de manera pacífica e ininterrumpida, constituyéndose el mismo en su único hogar.

Posteriormente, pudieron averiguar que desde la gestión 1995, figuraba como propietario de dicho inmueble Simón Nina Apaza, quien nunca tomó posesión; por lo que, los ahora peticionantes de tutela iniciaron un proceso de usucapión, pero producto de un nefasto patrocinio del abogado, en la gestión 2010 su defensa técnica tomó la decisión de desistir de su demanda, lo que fue aprovechado por Simón Nina Apaza, quien alertado de su intención de regularizar su derecho propietario, inició una demanda ordinaria civil de reivindicación en su contra, el cual fue sustanciado en el Juzgado Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz.

Dentro de dicho proceso de reivindicación, se cometieron diversas irregularidades, extremos que fueron reclamados al juez a quo, cuando en audiencia de 15 de enero de 2019, se rechazó la solicitud de suspensión de la misma; no obstante, haber presentado certificado médico, por el que se constataba el delicado estado de salud de Felicidad Burgoa Mesa, ello bajo el argumento de que dicho certificado no estaba avalado por una institución pública, dejándole en estado de indefensión y violentando el principio de igualdad; ya que, este mismo Juez suspendió anteriores audiencias por problemas de salud que este tuvo presentando certificados médicos que no estaban avalados por una institución pública, pero ello no consta de validez para la ahora accionante, lo que en su criterio vulnera la igualdad entre partes; en esa misma audiencia, se dispuso que se les notificara con el rechazo a su solicitud; sin embargo, tal determinación no les fue notificada, como para poder interponer algún recurso; por lo que, interpusieron por memorial de 24 de enero de 2019 incidente de nulidad, que esta autoridad no resolvió de manera oportuna, dejando que el juicio avance toda la etapa de producción de la prueba, vulnerando de esa manera su derecho a la impugnación.

En la precitada audiencia, de 15 de enero de 2019, se señaló audiencia de confesión provocada, declaración testifical e inspección judicial, para el 25 de enero del mismo año; sin embargo, no se les notificó con tales determinaciones, por lo que ante la falta de ejecución de dichas notificaciones, se suspendió la audiencia para el 1 de febrero de 2019 y, pese a que dicha determinación tampoco les fue notificada, se presentaron en audiencia; sin embargo, el Juez de la causa, de manera maliciosa, suspendió la audiencia de diligenciamiento de prueba, sin justificativo alguno, para que se lleve a cabo el 5 de febrero.

El mismo día se llevó a cabo la referida audiencia de confesión provocada, testifical e inspección ocular, el 5 de febrero de 2019 a las 8:30 a.m., el señalado Juez, a sabiendas que sus personas se encontraban en indefensión, sin previo señalamiento y menos notificación, señaló audiencia complementaria de juicio para el mismo día a horas 17:00, sin tomar en cuenta lo establecido en el art. 368 del Código Procesal Civil (CPC). Respecto a la audiencia complementaria, establece que esta se convocará para que se realice dentro de los quince días siguientes, y no así para que se realice en ese mismo día; sin embargo, al estar dicho Juez parcializado con el demandante, inobservó dicho artículo.

Posteriormente, se emitió la Sentencia 79/2019 de 25 de febrero, por el Juez Público Civil y Comercial Noveno de la Capital del departamento de La Paz, que declaró probada la demanda, sin considerar todas las irregularidades denunciadas de su parte en la tramitación de esta causa; tal sentencia, fue recurrida en apelación de su parte, dictándose en consecuencia el Auto de Vista 653/2020 de 14 de septiembre, por el que se confirmó la sentencia apelada.

Por memorial presentado el 5 de agosto de 2021, los accionantes presentaron recurso de casación en contra del Auto de Vista 653/2020, detallando los siguientes agravios:

  1. a)El demandante, Simón Nina Apaza, nunca demostró que haya tenido posesión del bien inmueble durante las gestiones 1995 a 2001, y que haya edificado siete cuartos, omitiendo valorar que los testigos en audiencia manifestaron no conocer al referido en la zona; extremo que, no fue considerado en las resoluciones impugnadas;
  2. b)El hecho de que el demandante tenga registrado su derecho propietario, no garantiza que se tenga el uso, goce y disfrute;
  3. c)Se denunció que las solicitudes de nulidad de notificaciones con el señalamiento de audiencia y otros, no fueron consideradas en el auto de vista recurrido, que solamente se pronunció con relación a la notificación para audiencia de inspección ocular; y,
  4. d)El Juez Público Civil y Comercial Noveno no se excusó oportunamente por las causales establecidas por ley.

Los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados-, emitieron el , que declaró infundado su recurso de casación; arguyendo que, dentro de sus recursos de apelación, no reclamaron sobre las notificaciones procesales para las audiencias de inspección ocular y de conciliación que fueron mal ejecutadas; por lo que, no podían aperturar su competencia para conocer esas denuncias; siendo tal argumento falso, arbitrario e ilegal, ya que tal reclamo consta en el recurso de apelación presentado en contra de la Sentencia 79/2019.

En cuanto a las declaraciones de los poseedores actuales de dicho inmueble -Tania y Milenka Orellana Burgoa- al ser los demandados -ahora accionantes- sus progenitores, estos persiguen el mismo interés en común; tal respuesta de las autoridades ahora demandadas, no coincide con lo expuesto por la parte accionante en su recurso de casación; por lo que, en su consideración, se vulnera el principio de congruencia.

En cuanto a las declaraciones de los testigos, Héctor Gonzales Quiroz y Carla Vela Vda. de Alvarado, quienes afirmaron desconocer al demandante por la zona; y, que este nunca tomó posesión del indicado inmueble; las autoridades demandadas consideran que estas declaraciones carecen de relevancia, ya que ello no influye en nada respecto a lo decidido por los jueces en ambas instancias; ya que, tales declaraciones resultan ser insuficientes para enervar el derecho propietario del demandante -Simón Nina Apaza-.

Tal argumento, no toma en cuenta que lo declarado por los testigos propuestos de su parte, claramente demuestra que el propietario de dicho inmueble, ha perdido la posesión sobre este, ello conforme a lo establecido por el art. 1453.I del Código Civil (CC); por lo que, existe una insuficiente y errónea motivación y fundamentación.

Finalmente advierte que, su situación ha empeorado después de recurrir a casación; ya que, al menos el Auto de Vista 563/2020 recurrido, determinó que en ejecución de sentencia se averigüe los gastos y mejoras que se efectuaron en dicho inmueble; sin embargo, tal extremo fue declarado como improcedente dentro del Auto Supremo ahora impugnado, dejando sin efecto lo determinado en cuanto a la averiguación de gastos y mejoras al inmueble, vulnerando el principio de "reformatio in peius".

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