Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0892/2026-S3 Sucre, 11 de junio de 2026
SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad
Expediente: 77850-2025-156-AL Departamento: Tarija
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
En revisión la Resolución 04/2025 de 3 de octubre, cursante de fs. 174 a 179 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Mario Peña Mancilla en representación sin mandato de Juan Evo Morales Ayma contra Nelson Alberto Rocabado Romero, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija; Luis Silverio Gutiérrez Cabezas y Luis Efraín Ramírez, Fiscales de Materia.
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 3 de octubre de 2025, cursante a fs. 1 y 119 a 125, el accionante, a través de su representante, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal con Código Único de Denuncia (CUD) 601102012401698, seguido en su contra, el 16 de diciembre del 2024, las autoridades fiscales demandadas, presentaron imputación formal por la presunta comisión del delito de trata y tráfico de personas; no obstante, pese a que durante la etapa investigativa se acreditó documentalmente su condición de miembro de una Nación Indígena Originaria Campesina (NIOC), específicamente de la Nación Aymara, el Ministerio Público formuló dicha imputación sin disponer previamente la designación de un perito antropológico que oriente y asista respecto a su comportamiento, usos, costumbres y cosmovisión.
Esta omisión desconoce que, cuando se trata del enjuiciamiento penal de un miembro de una NIOC, corresponde respetar la diversidad cultural y aplicar el procedimiento especial, tal como lo establece el art. 391 del Código de Procedimiento Penal (CPP), disposición que impone a las autoridades jurisdiccionales y autoridades del Ministerio Público el deber de considerar las particularidades del imputado, a efectos de garantizar que su juzgamiento sea compatible con el pluralismo jurídico y la interculturalidad reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE).
En consecuencia, la actuación de las autoridades fiscales demandadas vulneró el debido proceso en sus elementos seguridad jurídica, igualdad, tutela judicial efectiva y defensa; toda vez que, la ausencia del perito antropológico impidió que la investigación y la formulación de la imputación se desarrollen en observancia de su identidad cultural y del enfoque diferenciado exigido por el orden constitucional vigente; lo cual, trae como consecuencia la nulidad de la imputación, conforme al entendimiento establecido en la y .
Posteriormente, en audiencia de consideración de medidas cautelares celebrada el 11 de febrero de 2025, el Juez demandado pronunció Auto de rebeldía, librando mandamiento de aprehensión y orden de arraigo en su contra, sin hacer mención al perito antropólogo; lo cual, constituye persecución penal y conlleva graves consecuencias nacionales e internacionales, teniendo en cuenta además que, el 27 de octubre de 2024; es decir, dos meses antes de la forzada e ilegal imputación, fue atacado por "mercenarios" del actual Gobierno, quienes pretendieron quitarle la vida hiriéndolo con una bala, todo con el fin de proscribir su candidatura a la presidencia de Bolivia.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Denunció la lesión a sus derechos a la vida y a la libertad, así como al debido proceso en sus elementos defensa, legalidad, igualdad entre partes, acceso a la justicia, transparencia, probidad, honestidad y legalidad; citando al efecto, los arts. 22, 23, 115, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 inc. f) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH); y, 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -sobre Pueblos Indígenas y Tribales-.
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia, se disponga la anulación de la imputación formal y todo mandamiento de aprehensión o detención preventiva, arraigo, congelamiento de cuentas, así como el pago de daños civiles y daño moral.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia virtual, el 3 de octubre de 2025, según consta en acta cursante de fs. 171 a 173, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
El accionante, a través de su representante, reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.
I.2.2. Informe de la parte demandada
Nelson Alberto Rocabado Romero, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de Tarija, mediante informe escrito presentado el 3 de octubre del 2025, cursante a fs. 151 y vta., señaló lo siguiente:
- a)En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Emeterio Vargas Mamani y otros, por la presunta comisión del delito de trata de personas, el sindicado Juan Evo Morales Ayma, presentó incidente de nulidad por defectos absolutos el 27 de junio de 2025, que fue rechazado in limine mediante Auto Interlocutorio de 30 del mismo mes y año, calificándolo como malicioso y dilatorio; y,
- b)El imputado fue declarado rebelde el 17 de enero de 2025; presentando desde entonces, apersonamientos con incidentes de nulidad y excepciones, aproximadamente en un número de cuatro, todos declarados maliciosos y temerarios, llegando a separar a varios abogados de la defensa y sancionarlos pecuniariamente, en ejercicio del poder ordenador y disciplinario contenido en el art. 315 del CPP; además de ello, antes de la fecha referida, ya se presentó incidentes de similar naturaleza, los cuales fueron apelados y confirmados por el Tribunal de alzada.
Luis Silverio Gutiérrez Cabezas y Luis Efraín Ramírez, Fiscales de Materia, mediante informe escrito presentado el 3 de octubre de 2025, cursante de fs. 168 a 170 vta. y en audiencia, solicitaron que se deniegue la tutela, informando lo siguiente:
- 1)La afirmación del accionante, que el proceso penal seguido en su contra tendría la finalidad de proscribir la candidatura del mismo, carece de todo sustento jurídico y fáctico; por el contrario, la presente investigación se origina en hechos concretos que tienen relevancia penal;
- 2)La declaratoria judicial de rebeldía, no se trata de un acto discrecional ni político, sino el resultado de la inobservancia de los arts. 87 y 89 del CPP, ante la incomparecencia injustificada del imputado a las audiencias previamente señaladas;
- 3)Con relación a las repercusiones nacionales e internacionales, el Ministerio Público no puede hacerse responsable de las percepciones políticas o interpretaciones mediáticas de las partes, su función se limita a la investigación objetiva de los hechos denunciados y a la prosecución penal en el marco de la ley; en todo caso, la afirmación del impetrante de tutela confirma que el mecanismo pertinente para hacer valer sus derechos políticos es la acción de amparo constitucional; por lo cual, la activación de la acción de libertad con el argumento de la afectación de derechos políticos, resulta improcedente;
- 4)Conforme lo establece la , el prenombrado tiene la obligación de cumplir con la carga de la prueba; en tal sentido, si bien se hace referencia a la emisión de un mandamiento de aprehensión, no se acreditaron los extremos señalados; por lo que, al tratarse de un acto propio del procedimiento establecido en el art. 224 -se entiende del CPP-, éste tenía la obligación de comparecer a prestar su declaración informativa el 10 de octubre de 2024 y ante su incomparecencia, correspondía a la comisión de Fiscales, la emisión -se entiende del mandamiento de aprehensión-;
- 5)El 16 de diciembre de 2024, de forma objetiva se presentó imputación formal y en audiencia de consideración de medidas cautelares, el juez de la causa dispuso la rebeldía del imputado;
- 6)No es evidente la vulneración del derecho a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso; en razón a que, el accionante se encuentra en libertad; asimismo, no es evidente que la vida de Juan Evo Morales Ayma esté en peligro, tampoco que se encuentre ilegalmente perseguido o procesado; pues, así como las personas tienen derechos también tienen obligaciones, entre ellas, cumplir la ley, cuando la ley es violentada a través de hechos criminosos, corresponde al Ministerio Público actuar conforme al art. 225.I de la CPE y el art. 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-;
- 7)En cuanto al nombramiento del perito, el accionante se apersonó de manera voluntaria, adjuntando documentación dando cuenta que el mismo vive en Villa Tunari y que su carnet de identidad y el poder, no evidencian que sea indígena; ya que, se identifica como agricultor; dicho dato, coincide con la documentación requerida por el Ministerio de Relaciones Exteriores; puesto que, en todo el legajo documental no se señala su condición de indígena;
- 8)En las etapas preliminar y preparatoria, Juan Evo Morales Ayma, presentó un sinfín de incidentes y excepciones; empero, nunca denunció la vulneración de derechos o que este sea un proceso político;
- 9)El ahora representante, presentó un incidente de actividad procesal defectuosa el 26 de junio de 2025 con los mismos argumentos y los supuestos elementos de prueba; el cual, fue rechazado in limine por extemporaneidad y falta de prueba; ya que, días antes de presentar el referido incidente, Juan Evo Morales Ayma, cambió su condición a indígena, pretendiendo que esta acción de libertad se constituya en una instancia casacional, cuando este mecanismo de defensa no puede dirimir derechos controvertidos; y,
- 10)De acuerdo a la jurisprudencia constitucional establecida en la , la y la , antes de presentar la acción de libertad, deben agotarse los medios de defensa intraprocesales, en mérito a la subsidiariedad excepcional de ésta.
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